Actualmente hay una corriente importante de pensamiento que se dirige a considerar como necesaria la evaluación legislativa, es decir, el medir, de alguna forma, el trabajo de los legisladores. No es, ciertamente, tarea fácil.
Sin embargo, los modelos que se han seguido en nuestro país, en realidad han contribuido a convertir el trabajo de Diputados y Senadores en algo banal.
La principal razón de tal afirmación radica en la inclusión de variables de activismo de Diputados y Senadores, que se dimensionan como un elemento esencial para otorgar una calificación. Esto conlleva que los legisladores saturan sus respectivos congresos con cientos de iniciativas de nuevas leyes o de reformas a las existentes, sin pertinencia, sentido, necesidad o congruencia.
No sirve que haya iniciativas de ley si no conducen a nada o si, en la realidad, darán resultad tergiversados e incluso, contrarios a la intención expuesta en la exposición de motivos. Ejemplos hay muchos.
Una reforma para, expresamente, señalar que los delitos tipificados con motivo de actos de corrupción deban perseguirse de oficio, resulta inútil, dado que, desde que este tipo de delitos, antes llamados “delitos cometidos por servidores públicos” o alguna otra designación similar, se encuentran en el Código Penal, han sido perseguibles sin necesidad de querella, dado que el bien jurídico protegido no se encuentra en el patrimonio jurídico de algún particular. De hecho, es ampliamente sabido y confirmado por la jurisprudencia, que solo se expresa la perseguibilidad por querella de manera expresa, por lo que, cuando no hay indicación específica, se entiende que se persiguen de oficio. Una reforma sin contenido.
Iniciativas producto de dividir, en paquetes de tres o cuatro leyes, la reforma de sus disposiciones que mencionan “salarios mínimos” para cambiar a “Unidades de Medida y Actualización”. Eso significa un buen número de propuestas para alimentar la estadística, que podían haberse conjuntado en una sola.
Y podríamos seguir; sin embrago, para no aburrir con ejemplos, diremos también que las evaluaciones han motivado, ante la necesidad de mejorías cuantitativas, la contratación de asesores que corran la tinta sobre las diferentes proposiciones a realizar ante los plenos legislativos, lo que conlleva mayores gastos de dinero público gastado en nada útil.
Sin embargo, una cuestión distinta a la valoración de las actividades de los Diputados, es que la gran cantidad de iniciativas y sus eventuales aprobaciones, no pasaría la forma más elemental de calificación respecto de su eficacia y eficiencia.
Existe lo que se conoce como el Cuestionario Azul, el cual consiste en un instrumento elaborado en Alemania, que pone atención primordial en la revisar necesidad o no de una reforma legal o en alguna nueva ley, si hay otras alternativas a la acción legislativa o si puede resolverse la situación sin necesidad de tocar el marco normativo. En lugar de preocuparnos la calificación cuantitativa relacionada con lo que hacen los Diputados y Senadores, la atención debería dirigirse a la evaluación de las normas y, tal vez, la necesaria reconstrucción, con orden y metodología, del marco jurídico en su conjunto.
Escribió Luis Carlos Ugalde (http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/septimo-reporte-legislativo), al revisar el trabajo del Congreso de la Unión: “…se detectan varias deficiencias que han cambiado poco en los últimos años. Primero, un creciente activismo legislativo que lleva a muchos legisladores a presentar iniciativas sin ton ni son con el objetivo de tomarse la foto en la tribuna y presumir su “productividad…”.
Mientras más iniciativas exijamos a los legisladores, para ser evaluados, mayor responsabilidad tendremos en la banalización de su actividad. La ley debe ser un instrumento acabado de regulación social y no un cambiante abanico de ocurrencias.
Sin embargo, los modelos que se han seguido en nuestro país, en realidad han contribuido a convertir el trabajo de Diputados y Senadores en algo banal.
La principal razón de tal afirmación radica en la inclusión de variables de activismo de Diputados y Senadores, que se dimensionan como un elemento esencial para otorgar una calificación. Esto conlleva que los legisladores saturan sus respectivos congresos con cientos de iniciativas de nuevas leyes o de reformas a las existentes, sin pertinencia, sentido, necesidad o congruencia.
No sirve que haya iniciativas de ley si no conducen a nada o si, en la realidad, darán resultad tergiversados e incluso, contrarios a la intención expuesta en la exposición de motivos. Ejemplos hay muchos.
Una reforma para, expresamente, señalar que los delitos tipificados con motivo de actos de corrupción deban perseguirse de oficio, resulta inútil, dado que, desde que este tipo de delitos, antes llamados “delitos cometidos por servidores públicos” o alguna otra designación similar, se encuentran en el Código Penal, han sido perseguibles sin necesidad de querella, dado que el bien jurídico protegido no se encuentra en el patrimonio jurídico de algún particular. De hecho, es ampliamente sabido y confirmado por la jurisprudencia, que solo se expresa la perseguibilidad por querella de manera expresa, por lo que, cuando no hay indicación específica, se entiende que se persiguen de oficio. Una reforma sin contenido.
Iniciativas producto de dividir, en paquetes de tres o cuatro leyes, la reforma de sus disposiciones que mencionan “salarios mínimos” para cambiar a “Unidades de Medida y Actualización”. Eso significa un buen número de propuestas para alimentar la estadística, que podían haberse conjuntado en una sola.
Y podríamos seguir; sin embrago, para no aburrir con ejemplos, diremos también que las evaluaciones han motivado, ante la necesidad de mejorías cuantitativas, la contratación de asesores que corran la tinta sobre las diferentes proposiciones a realizar ante los plenos legislativos, lo que conlleva mayores gastos de dinero público gastado en nada útil.
Sin embargo, una cuestión distinta a la valoración de las actividades de los Diputados, es que la gran cantidad de iniciativas y sus eventuales aprobaciones, no pasaría la forma más elemental de calificación respecto de su eficacia y eficiencia.
Existe lo que se conoce como el Cuestionario Azul, el cual consiste en un instrumento elaborado en Alemania, que pone atención primordial en la revisar necesidad o no de una reforma legal o en alguna nueva ley, si hay otras alternativas a la acción legislativa o si puede resolverse la situación sin necesidad de tocar el marco normativo. En lugar de preocuparnos la calificación cuantitativa relacionada con lo que hacen los Diputados y Senadores, la atención debería dirigirse a la evaluación de las normas y, tal vez, la necesaria reconstrucción, con orden y metodología, del marco jurídico en su conjunto.
Escribió Luis Carlos Ugalde (http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/septimo-reporte-legislativo), al revisar el trabajo del Congreso de la Unión: “…se detectan varias deficiencias que han cambiado poco en los últimos años. Primero, un creciente activismo legislativo que lleva a muchos legisladores a presentar iniciativas sin ton ni son con el objetivo de tomarse la foto en la tribuna y presumir su “productividad…”.
Mientras más iniciativas exijamos a los legisladores, para ser evaluados, mayor responsabilidad tendremos en la banalización de su actividad. La ley debe ser un instrumento acabado de regulación social y no un cambiante abanico de ocurrencias.