Campaña judicial

La reforma judicial promovida por López ha sido presentada como un paso hacia una justicia más equitativa y accesible para todos. No obstante, ha sido en el proceso de selección que los jueces y magistrados, y, particularmente, en el contexto de las campañas judiciales, que este supuesto “cambio transformador” ha evidenciado su yo verdadero: una repetición de las viejas prácticas políticas que han plagado al sistema judicial mexicano por años, solo que ahora más descaradas y cínicas. 

Más que una verdadera reforma y abertura de las estructuras de poder, el transformismo parece ser un garlito electoral para consolidar el apoyo numeroso de ciertos sectores y, lo que es peor, una venganza contra los que se opusieron a los caprichos de López.

Las elecciones populares de jueces, magistrados y ministros en México han sido presentadas como un paso fundamental en la democratización de la judicatura nacional. No obstante, el análisis de las campañas en curso y la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) han surgido varios problemas serios con legitimidad y autenticidad de este proceso. 

Con el escenario oficialmente abierto el 30 de marzo, más de tres mil cuatrocientos candidatos inundaron las redes sociales con sus propuestas y contenidos en un intento de captar la atención, desde imitaciones de celebridades, parodias, y referencias a diferentes películas o canciones. Aunque la creatividad es bienvenida, está el asunto de si toma los cargos judiciales en serio. La justicia no debería ser la broma de un meme o el tema de un TikTok; los candidatos a esos cargos tienen que ser evaluadas por su preparación, por su ética, por su compromiso con el Estado de derecho, y no por la popularidad del contenido que suben.

El INE estableció una serie de lineamientos estrictos para la propaganda con respecto a la elección del poder judicial. Para comenzar, las campañas están prohibidas para que los candidatos puedan contratar espacio en medios de difusión tradicional y la realización de publicidad pagada; la autoridad electoral ha dicho que estas campañas solo pueden hacerse a través de eventos presenciales y actividades de medios involuntarios. Además, se implementaron límites de gastos que varían según el cargo, para evitar desigualdades económicas entre los candidatos. Sin embargo, a pesar de que se busca fomentar una competencia equilibrada, algunos críticos argumentan esta disminución como lastre a la participación de candidatos con menos experiencias y conexiones para alcanzar para llegar a una audiencia más amplia que no está utilizando activamente nuestras habilidades online o que carece de contenido online atractivo. 

Estas elecciones, que buscan involucrar a la población en el proceso de conformación del Poder Judicial, pintan para ser un fracaso monumental, no solo por lo intrincado del proceso sino por los propios resultados, que generarán una curva de aprendizaje de largo alcance en perjuicio de los justiciables. Las características de las campañas, las regulaciones impuestas y la calidad de los candidatos sugieren que este proceso está más orientado a satisfacer intereses políticos y mediáticos que a fortalecer la justicia en México.

Es fundamental reflexionar sobre si este modelo de elección es el más adecuado para garantizar una judicatura independiente, competente y comprometida con la legalidad. La justicia no debe ser un espectáculo ni un campo de batalla electoral; debe ser un pilar de la democracia que trasciende las modas y las estrategias políticas del momento.

Hay muchas manos metiéndose en el proceso: candidatos vinculados al crimen organizado, a partidos políticos y, por supuesto, al gobierno, que busca controlar la justicia como una forma más del proceso de devastación del Estado mexicano.

Realmente a los transformistas no les importa la calidad de un Poder al que han querido aniquilar,  por venganza, en una reforma que ofrendaron a su gurú previo a concluir su encargo.

@jchessal