Claudia paga

Dice bien el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, al referirse a la Dirección de Pensiones: el asunto de la deuda no es cosa nueva ni exclusiva de su administración. No miente cuando afirma que hubo malos manejos y fraudes con el patrimonio de los burócratas estatales; es imposible ya no digamos contradecirlo sino ponerlo siquiera en duda. La responsabilidad directa de esas malversaciones recae sobre los titulares de la Dirección de Pensiones, sus juntas directivas, los secretarios de Finanzas y, desde luego, el gobernador del estado. 

Lo que el gobernador omite, oculta y evita a como dé lugar que se haga público, es  el señalar que la deuda mantenida con la dirección referida, su administración se ha encargado de incrementarla y que de una manera descarada la saquea e incrementa el boquete. Miente dolosamente cuando afirma que la culpa entera es de la herencia maldita sin aceptar la responsabilidad de su presencia maldita.

Del cuento del fraude del siglo ya nada hay qué decir, resultó tan fantasioso como sus políticas de gobierno y sólo lo retoma cuando lo recuerda; la mejor prueba de sus falsedades es que ni se ha resarcido el daño y los responsables siguen tan campantes como él. 

No es necesario tener mucha imaginación ni difícil suponer, entonces, que llevando como cartas de presentación esos mismos cuentos que diario cuenta a los potosinos,  solicitara el apoyo de la presidenta de la República, según prometió hacerlo desde la víspera de la visita presidencial. Con todo y eso existe la duda si en realidad lo haría, porque recordemos que luego se avienta unas historias que ni él acaba creyendo. El catálogo es extenso. 

Aunque en el supuesto que hubiera ocurrido y planteara el problema, pensará que la presidenta es tonta y no conoce la realidad del estado ni el cómo se han dado las cosas desde que Gallardo es gobernador. Porque si alguien la mantiene bien informada la única verdad no será la del gobernador. 

Lo que sí es seguro es que le planteó algunas propuestas, esperemos que bien estructuradas y no sus típicas ocurrencias del día, pero lo que no le contó fue la manera en que mientras finge observar una total austeridad  republicana dilapida el dinero público en satisfacer sus caprichos, ni tampoco la puso al día en cómo (utilizando como parapeto esa falsa austeridad) su gobierno, sus secretarios, sus directores y su oficial mayor violan derechos laborales y pisotean trabajadores.

Podemos pensar en cualquier dependencia estatal, secretaría o dirección general, en las que de la noche a la mañana a uno o varios burócratas se les suspende el sueldo quincenal sin mayor explicación. Así, sin mediar notificación o comunicación alguna se dan por concluidos derechos laborales sin importar la antigüedad, la experiencia o las necesidades (del burócrata y de la dependencia). No habrá quincenas subsecuentes ni finiquitos  y con toda seguridad en pocos días alguien más ocupara silla escritorio y oficina.

En los últimos días he conocido diversos testimonios de trabajadores (espero dar a conocer algunos en breve) que enfrentan esta situación no sólo de incertidumbre, sino también de terror y acoso, al margen del daño patrimonial. Nadie creerá, por supuesto, que a ello obliga la austeridad cuando es notorio que son sustituidos en sus puestos, seguro por la naciente burocracia verde y cuando se sabe cómo despilfarra el dinero este gobierno. 

Suponiendo cierta la lógica estatal y pensando que el motivo sea esa tan invocada austeridad y no el relleno con adeptos gallardistas, no debe pasarse por alto que la mayor parte de estos despidos injustificados acabarán en los tribunales donde seguramente se dará la razón a los trabajadores, entonces ¿de dónde  saldrán los recursos?; además, si en 2027 fracasa el proyecto verde la deuda con toda seguridad acabará subsanándola la próxima administración o ya de plano su amiga la presidenta.