Malos manejos y nepotismo, en Secretaría del Bienestar

Mediante una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, consejeros de las comunidades indígenas Tének, Náhuatl y Xi´Ui (Pames), que forman parte del Consejo Nacional Indígena en San Luis Potosí, denunciaron malos manejos en los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y exigieron la destitución de Mario Godoy Ramos como delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)

Ante esta situación solicitaron a la mandataria federal que se respete la personalidad como sujetos de derechos públicos, así como la inscripción del catálogo de pueblos y comunidades, la cual deberá ser un requisito en los lineamientos, así como el que las cuentas bancarias sean a nombre de las comunidades y abiertas en el Banco del Bienestar.

Respecto al reciente nombramiento del delegado del INPI, Mario Godoy Ramos, hermano de la consejera jurídica Ernestina Godoy Ramos, explicaron que esta imposición se encuentra impregnada de nepotismo e influencias, que pone en riesgo no sólo la visibilidad social de FAIS en la entidad potosina, sino también el trabajo que se ha realizado en favor de los pueblos y comunidades indígenas.

Añadieron que existen políticos, servidores públicos, así como empresarios que insisten en colocarse por encima de los derechos de los pueblos originarios, pues acusaron que estos personajes se encuentran politizando y mercantilizando los recursos autorizados del Gobierno Federal. "Tenemos desconfianza en el proceder de algunos funcionarios que sabemos, no son personas comprometidas con la honestidad y que ocupan distintos cargos en el estado. Algunos de ellos, desde Bienestar, nos han impuesto a empresas y prestadores de servicio en contra de nuestra voluntad en acciones del año pasado".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante esta situación, solicitaron modificar los lineamientos del FAIS con un enfoque intercultural y de derechos, considerando la identidad indígena, así como una mayor participación del INPI en la regulación y fiscalización del programa, e investigar malas prácticas institucionales.