Cófrades de la codicia
Todos sabemos, aunque no nos conste, o al menos lo imaginamos con todo y que carezcamos de pruebas, el fabuloso negocio que representa la Procesión del silencio para Tradiciones Potosinas (TP), agrupación que ha sido la organizadora del evento por 68 años, incluido el pasado, último en el que participaron. Los recursos que maneja la agrupación y que suponen un jugoso botín deben ser de tal magnitud que los puso en la mira de gobierno del estado, instancia que el año pasado través de la Secretaría de Cultura (Secult), dio un primer paso al decidir controlar la renta de sillas que se instalan a lo largo de la ruta procesional y que representaba, desde hace algunos años, la principal fuente de ingresos de la referida organización.
Curiosamente, el mismo hermetismo que desde hace años ha mantenido TP en materia de transparencia en el manejo de sus ingresos, es la misma que, acompañado de un extraño silencio, ha mantenido la Secult respecto al destino de lo recaudado la semana santa pasada por el concepto de la renta de sillas; más todavía, los recursos no ingresaron a la cuenta de gobierno del estado.
Antes de continuar debo aclarar que no soy amartelado de la Procesión del Silencio, por el contrario, considero que en torno a este soporífero evento se han vertido mentiras formidables y que con una vez que se vea ya todo quedó visto; pero al margen de mi animadversión, hay que reconocer que tiene sus muy particulares méritos, comenzando por la acertada organización.
La que será la sexagésima octava procesión fue presentada el siete de marzo por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, y la secretaria de Cultura, Elizabeth Torres, sin la participación de TP, quienes momentos antes de que se realizara el evento hicieron público un comunicado mediante el cual se deslindaba este año de la organización. La notoria ausencia de la asociación ocurrió porque no sólo no fueron requeridos para participar en la presentación, sino que la comunicación con la Secult era inexistente. Fue éste el corolario de una serie de agravios infligidos por la dependencia e iniciados desde la semana santa pasada, a los que se sumaron desde repetidos plantones por parte de la propia secretaria, hasta connatos de violencia física en los que Marco Tulio Rivera Jiménez Bravo (tomemos aire para leerlo de corrido), secretario particular de la secretaria, agredió al enlace institucional de TP. Tampoco se debe pasar por alto que para fomentar la desarticulación de la organización, algunas cofradías fueron “generosamente apoyadas” por personeros gubernamentales.
Después del anuncio de TP, la secretaria de Cultura, visiblemente nerviosa e incapacitada (por su ignorancia sobre el tema) dejaba en claro que el acervo procesional no es de Tradiciones Potosinas, ni de gobierno del estado, ni del Ayuntamiento, sino de todos los potosinos. Lógica elemental: la tradicional procesión es patrimonio de los potosinos porque se debe a TP y a nadie más, colaboradoras han sido instituciones religiosas y gubernamentales, pero el mérito entero es de la agrupación, por esfuerzo, dedicación y perseverancia. Típico del gallardismo apropiarse de las mesas ya servidas.
Las cuatro o cinco mil sillas que TP rentaba durante la procesión, tenían un costo que fluctúa entre los 50 y 250 pesos; es decir, si tomamos como referencia $200.00 pesos como cifra intermedia, esto nos arroja un ingreso de $600,000.00 pesos de los que habría que descontar el pago de las propias sillas, tarimas, sonido, flores, cera (cirios), restauración, mantenimiento de algunas las imágenes, andas, y cruces procesionales que son propiedad de Tradiciones Potosinas, así como de eventualidades; el resto de lo obtenido se destina al mantenimiento del inmueble sede de TP, que desde el sexenio de Marcelo de los Santos tienen en comodato, y para los sueldos de tres trabajadores. De las exorbitantes sumas que maneja TP pongamos como ejemplo las finanzas de 2019, cuando la Procesión generó $586,278.00 que sumados a otros ingresos (entre los que destacan los $180,000.00 pesos anuales que a manera de apoyo entregaba la Secult desde 2007 y hasta el año pasado) arrojan $358,678.00 pesos; es decir, $944,956.00 pesos de ingresos, contra un egreso de $1’001,319.16 pesos. ¿En dónde está el formidable negocio que suponíamos y las malversaciones que denunciaban las cofradías de Soledad y Tlaxcala?, ¿por qué no se denunció públicamente desde hace años?, ¿por qué las acusaciones surgen de dos agrupaciones con origen en zonas de influencia gallardista?
Lo que viene es previsible: la égida de Gallardo y sus ignorantes testaferros culturales (todos cófrades de la ambición), marcará el inicio de la decadencia de un esplendoroso evento cultural que supusieron un formidable negocio. No hay tal, quedó demostrado, pero el gobernador ya piensa en declararla gratuita (cuando nunca ha tenido costo) e invitar, como en desfile de pueblo, a toda agrupación que pueda formar una cofradía, incluidas todas las escuelas públicas y privadas que así lo deseen (imagine usted la Cofradía de la escuela rural federal Benito Juárez o la Cofradía de la Gran Logia Masónica), ya que urge convertir a la procesión en la más importante, grande y larga del mundo. A ver si no se le convierte en calvario o se le acaba deformando como su enorme chupirul navideño.
Gracias por la lectura. Esperemos que, por el bien de San Luis, pronto renuncie la secretaria de Cultura.
