COMO SI FUÉRAMOS RICOS

La remunicipalización de Villa de Pozos y la conformación de su Concejo son dos castillos de naipes, de esos que se desploman al primer soplido. El problema es que no se ve en el horizonte a nadie con ganas de soplarles.

    Los plazos para cualquier impugnación no se han agotado, pero la triste verdad es que salvo el esfuerzo valeroso y sostenido de la organización Cambio de Ruta y su director Luis González Lozano (quien promovió un juicio de amparo que está en proceso, pero dentro del cual el juez negó la suspensión provisional) nadie muestra interés en combatir estas impúdicas demostraciones de ilegalidad, arbitrariedad, prepotencia, codicia y abyección.

Antes de continuar, debo reiterar que las críticas que hacemos a este turbio proceso no son para que nunca jamás se devuelva a Pozos la categoría de municipio que ya antes tuvo, sino para que, primero, las cosas se hagan bien, conforme a derecho, racionalmente, y para que, segundo, se gane tiempo a fin de sustraerlo a las ambiciones monetarias que hoy lo rigen.

Por como están las cosas hasta este momento, el mayor proyecto de enriquecimiento inmobiliario que jamás estas tierras hayan visto sigue adelante, montado sobre el viejo anhelo, cargado de romanticismo y poca claridad de juicio, de una porción de poceños para volver a tener su propio municipio y Ayuntamiento, sin que el conseguirlo les signifique beneficios concretos, materiales, tangibles de ninguna especie. Ora, si la reivindicación histórica de remunicipalización ha de hacerse, que se haga con apego a la legalidad y no a prisas y trompicones porque lo verdaderamente urgente es comenzar a ganar miles de millones de pesos con la urbanización, fraccionamiento y venta de grandes extensiones territoriales.

Por lo que hace a las marranadas legislativas presentes en la integración del Concejo municipal, baste una argumentación: el artículo 117 de nuestra Constitución Política del Estado, dispone con claridad meridiana que “Para ser miembro del Ayuntamiento, Concejo o Delegado Municipal, se requiere: II, ser originario del municipio y con un año por lo menos de residencia efectiva en el mismo, inmediata anterior al día de la elección o designación, en su caso; o ser vecino del mismo con residencia efectiva de tres años inmediata anterior a la elección o designación”.

No sé con exactitud cuántos de los 15 integrantes del nuevo Concejo municipal de Pozos cumplen con estos requisitos, porque en lugar de ser una información ampliamente difundida por los lacayunos diputados para mostrar que cuidaron la legalidad de sus actos, es documentación oculta, lo cual de suyo es una confesión de culpa. A reserva de conseguir los datos correctos, por ahora le puedo decir que no pasan de la mitad los nuevos concejales que cumplan los requisitos constitucionales.

Perdón la obviedad, pero lo que sigue es un mensaje para los diputados y diputadas siervos y siervas del gallardismo (prácticamente todos): El mandato constitucional de referencia no es optativo; no es de que si quieres lo cumples o no, es para todos los involucrados, no para unos sí y para otros no. En la medida en que por agachados, acobardados, comprados o simples facilitos (agréguele el femenino en todos los casos) los legisladores incumplen disposiciones legales, se convierten en delincuentes. Quizá no de código penal, pero sí del ámbito administrativo, donde las penas no serán de cárcel, pero sí de inhabilitaciones, multas y amonestaciones.

Mientras tanto, un par de datos que abonan sobre la irracionalidad de la municipalización de Pozos: los 15 nuevos concejales, por sueldos y prestaciones, van a costar varios millones de pesos al año. No sabemos todavía cuánto van a cobrar, pero si imitan a los regidores capitalinos, percibirán algo así como 50 mil pesos mensuales cada uno, que con prestaciones (cobran mínimo 14 meses al año por aguinaldo y vacaciones), bonos y demás estímulos laborales, deben salir en unos 12 millones de pesos anuales. 

Luego, el Ayuntamiento de la capital cuenta con 6 mil empleados entre de confianza, de base, por honorarios y demás. La extinguida delegación de Pozos cuenta con una plantilla de personal de 150 elementos. El nuevo municipio representa aproximadamente el 15 por ciento del de San Luis capital, por lo que se estima que en el corto plazo requerirá varios centenares de empleados y trabajadores, cuyo costo será también millonario. 

Que nadie se vaya en la finta pensando que bastará con pedirle a la administración de Enrique Galindo que les pase el personal necesario con todo y el costo de la nómina. Simplemente para hacer operativas las direcciones (suponiendo que al nuevo Concejo no le dé por crear secretarías) se tienen que crear estructuras de mando (direcciones generales, de área, jefaturas de departamento), que el Ayuntamiento capitalino no les puede traspasar porque le son indispensables para que siga funcionando lo que le quede. En áreas básicas, tampoco se puede simplemente mandar al nuevo municipio a un cierto número de inspectores, supervisores, oficinistas, etcétera, porque para eso tiene los 150 elementos actuales, pero que por supuesto ya no le serán suficientes con la nueva carga de responsabilidades.

Como si nos sobrara el dinero.

MÁS DE OBRAS

Rescato del tintero otro tema relacionado con la obra pública estatal. Traigo a cuento el volumen correspondiente a la Junta Estatal de Caminos, ejecutado o por lo menos iniciado entre marzo de 2022 (fecha de su primera licitación en la administración gallardista) y julio de este 2024.

Este apartado trae dos noticias, una buena y una mala. La primera es que casi exactamente a la inversa de lo que sucede con las obras a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, la Junta Estatal de Caminos ha entregado a constructores potosinos las dos terceras partes de sus contratos y solamente un tercio a los foráneos. La mala noticia es que el total de la inversión realizada por la JEC equivale al 4.3 por ciento de lo gastado por la Seduvop. Es, decir, migajas.

En lo que está documentado de la administración gallardista (porque, recuérdese, hay obras importantes cuyos costos y contratistas se mantienen ocultos), la Seduvop ha licitado y adjudicado obras por un total de 6 mil 031 millones 218 mil 581pesos, mientras que la JEC ha hecho lo propio únicamente por 263 millones 004 mil 411 pesos. Repito: el 4.3 por ciento. Cacahuates, para no repetir lo de migajas.

De esos 263 millones, el 36.8 por ciento, equivalente a 96 millones 894 mil pesos, se ha adjudicado a seis empresas foráneas, que son dos de Chiapas, una de Tabasco, dos de la Ciudad de México y otra de Guanajuato.

Los restantes 166 millones 110 mil pesos (el 63.2%) fueron contratados con 13 empresas potosinas, entre las cuales, naturalmente, aparecen algunas de las favoritas del sexenio, como Triturados, Asfaltos y Construcciones El Palmar y Caminos y Pavimentos de Matehuala, ambas domiciliadas en la Ciudad de las Camelias.

Todavía queda algo de material sobre esta temática presidida por el apotegma hankista de que “Entre más obra, más sobra”, que dejamos para la próxima semana o la que sigue. 

Por ahora, debo abordar un tema tan delicado como grotesco. Ya lo he dicho antes: los principales funcionarios de esta administración mienten como respiran, sin excepciones. Mienten no tanto por padecer de mitomanía grave sino porque hacen tantas cosas mal, particularmente en lo que a obras, adquisiciones y finanzas se refiere, que si dijeran la verdad tendría que ser con su renuncia por delante y vía zoom desde algún país sin tratado de extradición con México.

Y añado lo de grotesco, porque luego de algunas joyas como las del secretario de Finanzas que de repente dice que ciertas cantidades son pasivos pero no adeudos, ahora viene doña Transparencia, titular de la Seduvop, a decir la insuperable falsedad de que las obras a su cargo no tienen sobreprecios y que esta columna se ha equivocado por hacer cálculos sobre tramos de 20 metros mientras que su dependencia los hace sobre 40 metros. Además de ser un galimatías horroroso, es una completa falsedad. En lo que a la vía alterna se refiere, en todo momento nuestros cálculos fueron con el kilómetro como unidad de medición y comparación.

La campeona mundial de la opacidad (El Libro de Records Guinness ya anda tras ella), haría bien en medirse todos los días la longitud de su nariz, no vaya a ser el diablo.

COMPRIMIDOS

Dos caras de la misma moneda: Gerardo Sánchez Zumaya, el infatigable y próspero crítico del gallardismo, se consiguió asesoría política. Lo digo porque en sus últimas apariciones en las redes ya dejó de lado las invectivas y ha optado por los datos duros -cifras, gastos, derroches, comparaciones y, sobre todo, el clientelismo tan de moda-. Se nota, insisto, que algún profesional de estas cosas le está puliendo tono, mensaje e imagen. La otra cara es que según se ve, ha logrado poner nervioso a Gallardo Cardona, como lo muestra el hecho de que éste haya mostrado su vena más autoritaria y arbitraria al encarcelar a un exalcalde huasteco porque su esposa le andaba siguiendo el juego a Sánchez Zumaya. Es muy pronto para empezar a perder los estribos. Cosas peores vendrán.

La reunión, hace una semana, de la dirigencia estatal morenista, acompañada de enviados del CEN y del equipo de Claudia Sheinbaum, con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, fue efectivamente cordial y respetuosa. En esencia fue para solicitarle una reunión con sus alcaldes y diputados electos, que se supone se efectuaría ayer. Pero la motivación profunda de aquel primer encuentro fue plantear elegantemente que deje de agredirse al morenismo. Había un tema flotando en el ambiente: la cooptación días antes del alcalde guinda de Ciudad Fernández por parte del PVEM, donde no se mueve un pelo si no lo ordena RGC.

El secretario de Finanzas, el director de Pensiones y la mamá de las muchachas podrán declarar todas las mentiras e insensateces que gusten, pero lo cierto es que el adeudo del Ejecutivo estatal a Pensiones sigue creciendo. Con base en el último informe actualizado al 30 de julio, entregado a todos los integrantes de la junta directiva, el adeudo global es de 4 mil 900 millones 178 mil 939 pesos. Gallardo recibió de Juan Manuel Carreras ese renglón en 1 mil 196 millones 727 mil pesos, lo que quiere decir que el actual mandatario lo ha cuadruplicado. Nadie se sorprenda si el robusto titular de la Sefín sale mañana a decir que todo eso no es ni adeudo, ni pasivo, sino una simple tracaleada.

No apoyar a los bomberos es una canallada. Ahí tiene otra veta muy rica Sánchez Zumaya.

Hasta el próximo jueves.