Desde hace muchos años se ironiza, popularmente, con las siglas del “Imss”, haciendo alusión a la “enferma situación” de una institución que, por eso mismo, no puede atender mejor a su creciente población derechohabiente, por lo que “importa madre su salud” identifica más nítidamente la percepción social que se tiene, con esa nomenclatura, sobre la seguridad social mexicana. Y no es consuelo, o lo es de tontos, advertir que con el “Issste” sucede lo propio, toda vez que, para muchos, esas siglas significan: “inútil solicitar servicios, solamente tramitamos entierros”. El asunto es que, en el imaginario social, queda claro que se trata de instituciones que padecen graves problemas de atención a la población que demanda servicios de salud con “calidad y calidez”, como luego pretende la propaganda gubernamental. También hay que decirlo: no todo está mal y por supuesto que, como en todas partes, hay personal muy respetable que ofrece lo mejor de sí para cumplir a la sociedad. Pero lo que interesa destacar es el problema estructural que arrastra el sistema de salud en general, y que ahora mismo está en el ojo del huracán.
Tan delicado es el asunto que ya se ha presentado la renuncia de Germán Martínez al “Imss”, alegando que no es “florero” y describiendo una situación precaria que, empero, pretende reducir a la falta de recursos económicos que habría retenido, so pretexto de la “austeridad”, el titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa. Ciertamente, se reconoció el entuerto y luego se ha procedido a liberar 1,200 millones de pesos (de un total de 2,464 millones) para centro médicos especializados, no sin antes dejar en claro que se trata de un reordenamiento financiero para acotar, entre otros, los intereses de farmacéuticas poderosas que, ligadas a la influencia de algunos políticos del régimen anterior, hacían su “ronchita” con total desparpajo y “agandalle”. Aunque, también, hay que observar que en el curso de esa “limpia” han pagado justos por pecadores, como en el caso de la merma en los pagos para los médicos pasantes. Por lo demás, sabido es que estas instituciones han sido afectadas por la rapiña de políticos venales que solamente ven para su santo, pero no se puede hacer tabla rasa de ese pasado vergonzoso, como pretende el Dr. José Narro, ex-secretario de salud con Peña Nieto (y aspirante a revivir a otro enfermo grave: el PRI), al ofrecer “La verdad en la crisis de atención a la salud” (en “La Jornada”, 27 de mayo de 2019).
Sí se trata, pues, de un problema estructural asociado con las prácticas de corrupción de gobiernos que hicieron de la privatización de las instituciones del Estado mexicano, aún de las más nobles, su divisa elemental. Aún por omisión de responsabilidades, es dable consignar que ese tipo de prácticas en agravio de la prestación pública de un servicio básico estatal, como el de la salud en general y con sentido de solidaridad social, se han mantenido en cotos de poder también local, como ha sido ya develado para el caso de la entidad potosina con el asunto del Seguro Popular en el Hospital Central, situación que podría traducirse en la pérdida de un ingreso financiero importante, como lo ha documentado el periodista Juan José Rodríguez (“¿En manos de quien estamos?”, Pulso, 23 de mayo de 2019).
Y como los problemas de este tipo no van solos. También nos acabamos de enterar de la salida de la “Semarnat” de Josefa González Blanco, funcionaria que tuvo por lo menos la decencia de reconocer que “regó el tepache” al pedir a un alto ejecutivo de una aerolínea que detuviera la salida de un vuelo comercial, actualizándose un abuso de poder que no se puede admitir por el gobierno federal, en aras de seguir pregonando, con el ejemplo, que no puede haber ese tipo de privilegios como antaño (como el caso de un tal David Korenfeld, quien fuera titular de la “Conagua” con Peña Nieto y pillado en el uso de helicópteros del gobierno federal para atender asuntos privados). En el caso de la entidad potosina, en estos días sigue el escándalo por el derrotero que pudiera seguir el asunto de la protección a la “Sierra de San Miguelito”, planteada como de urgente necesidad al presidente AMLO, después de tanto desdén y omisión de las autoridades competentes, que ya antes hemos comentado en este espacio, pero que siguen haciéndole al “enmascarado”. Asuntos pues, de pútrida corrupción que no puede permitirse más que afecten áreas tan delicadas y sensibles como la salud y la vida armoniosa con la naturaleza.