“El derecho penal es fiel reflejo
de la sociedad en que se vive”
Ferrajoli
Los recientes eventos en Chile, bajo el gobierno del Presidente Piñera, me resultan altamente preocupantes como Latinoamericano, hasta el último conteo (la violencia estatal continua) es de más de mil detenidos, 11 muertos por calcinación, 2 muertos de bala (se sospecha de las armas de los Carabineros –policía militarizada-), 8 heridos graves por bala, 11 heridos de trauma ocular, 4 atropellado, y así, es el saldo de una respuesta estatal encolerizada por protestas sociales contra las alzas de servicios y la falta de oportunidades escolares (justicia social).
Desde la caída del régimen del dictador militar de derecha Augusto Pinochet, habíamos visto a Chile articularse bien en la democracia, incluso la actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, fue ex presidenta de la nación andina (nombramiento que se encontró congruente), es por eso, la alarma de lo sucedido (ciertamente Perú, Ecuador y Bolivia pasan por alteraciones similares, aunque por diferentes causas).
El simple hecho de recordar el régimen dictatorial pinochetista es más que triste, empero, en el siglo XX gran parte de Latinoamérica vivió bajo tiranías (la mayoría militares), hoy en día, nos causan preocupación Nicaragua y Venezuela, además, de gobiernos democráticos como el de Brasil. Desde luego, mi intención en estas breves líneas, no es hablar de geopolítica, más bien, resaltar lo peligroso que resulta el Derecho cuando se vuelve un discurso de intolerancia.
La paradoja Hobbesiana implica la tensión generada cuando hablamos de derechos humanos frente al derecho emanado del Estado, a través, de su Poder Legislativo, pues, como sabemos los primeros los posee el ser humano mucho antes de ser reconocidos por la ley, incluso suelen oponerse al Estado mismo, como un freno a su actuar.
Así que, este dilema entre un derecho natural inherente a las personas, y otro derecho de creación estatal, ha sido preocupación de juristas progresistas en las últimas décadas (aunque en México el debate es realmente muy joven), extendiéndose a varias materias jurídicas, la que a este columnista interesa es el Derecho Penal, es así, que nace una corriente teórica fascinante conocida como el garantismo penal (conste que no digo filosófica, dado que si algo choca a este enfoque son conjeturas axiomáticas o de valores, pues pregona la evidencia empírica científica).
Decía, que el gran triunfo de esta mirada fue alejar las conjeturas morales del Derecho Penal, por eso su preocupación cuando advertimos “estados de excepción” como el de Chile (sobre todo por su pasado reciente pinochetista), así, cuando se crean “leyes de seguridad” que tienen inmersas la “razón de Estado”, que rememoran al viejo concepto del despotismo ilustrado acerca del delito “laesae majestatus”.
El régimen de excepción constitucional o “estado de emergencia” tiende a pervertir la legalidad, conlleva a una judicialización diferenciada, da cabida a un “derecho penal de emergencia” donde reina la “administración policiaca”, y es proclive a investigaciones sumarias, en el cual los medios quedan subordinados al fin (idea completamente contraria a un garantismo penal democrático, en el cual, el medio debe ser idóneo, necesario y proporcional al fin).
Así, en esta confusión estatista y gubernamental, al último los jueces suplen a los policías, el delito se confunde con la idea del pecado, y se termina encomiando la confesión aún a base de tortura, en suma, se transita del derecho penal del delito hacia el derecho penal del reo, al derecho penal del enemigo.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@hotmail.com