El orden trastocado

Todos los burócratas estatales sin distingo del sindicato al que se encuentren afiliados (SUTSGE, SITTGE, SADTGE, SERTGE, SOLTGE, OTSIGESLP; ya hay seis, se vale escoger) arrastran una serie de vicios notorios y bien sabidos que en muchas ocasiones complican que la ciudadanía se solidarice con ellos cuando realizan alguna protesta que tiene como finalidad  la defensa de algún derecho laboral o de cualquier exigencias sindical. Es lugar común el pensar que detrás de esas protestas más que proteger algún derecho se disfrazan extorsiones con las que se busca obtener o conservar cualquier cantidad de prebendas y canonjías que se niegan a perder sin importar el daño que a través de aquellas causen a terceros que nada tienen qué ver con sus exigencias.

Aunque, también hay que decirlo, las diversas administraciones estatales se han distinguido, particularmente desde el sexenio de Marcelo de los Santos, por lesionar los derechos de trabajadores en situación vulnerable y, aunque la práctica es común, de un tiempo para acá supimos que esta administración estatal se ha distinguido por pisotear los derechos laborales, recurriendo, sin reparar en la ausencia  de escrúpulos, a cualquier tipo de métodos que les permitan realizar los recortes necesarios de personal. La finalidad no es adelgazar la nómina para con ello nivelar el gasto público, sino incardinar una mayor cantidad de incondicionales dentro de la estructura burocrática y por otro lado, a partir de diversos recortes y pillerías, hacerse de la mayor cantidad de recursos.

Describir tanto las prácticas gubernamentales como las acciones sindicales de resistencia sería ocioso; prensa escrita, noticieros radiofónicos, portales electrónicos de noticias y redes sociales dan puntual cuenta de ellas. Así, no resultaba raro y antes bien parecía parte de la cotidianeidad de una plaza pueblerina, el plantón que por meses y hasta esta madrugada mantuvo el Sindicato independiente de trabajadoras y trabajadores de gobierno del estado (SITTGE) en la plaza de Armas, en el cruce de las calles Cinco de mayo y Madero.       

Gracias a un recurso promovido por las secretarías de Seguridad y de Cultura, un juez obsequió (en toda la acepción del término) una medida cautelar que permitió el desalojo de los manifestantes; todo –según la instancia gubernamental– con apego a la ley y en estricta observancia a los derechos humanos de los inconformes, buscando (recordemos el tiempo indefinido del gerundio) proteger a la Procesión del Silencio ya que el plantón impediría el tránsito procesional.   

Decir que “se protege la Procesión del Silencio y el derecho humano al libre tránsito y el acceso a la cultura de quienes cada año asisten a este importante evento, considerada como una de las más importantes del mundo” representa un absurdo en esta administración que no respetan los derechos que ahora invoca, ni le importa la cultura. ¿No fue hace un año cuando por capricho del gobernador y su secretaria de Cultura estuvo a punto de suspenderse el evento? En cuanto a que sea un de las más importantes del mundo está en veremos, ya que aquel enorme desfile en que prometió el gobernador convertir  la procesión a la que lo mismo incorporaría cofradías que sindicatos, escuelas y hasta logias masónicas, finalmente no se realizó.

Con todo y que el desalojo se haya realizado con apego a la ley es conveniente preguntar (“a quien corresponda”, dijera Jorge Garralda): ¿bajo qué parámetros se trastoca el orden público? porque entonces debemos mencionar las antiestéticas vallas que resguardan palacio de Gobierno y no sólo trastocan, sino también impiden el libre tránsito; ¿cuál es el indicador de respeto a los derechos humanos? en un entorno en que para el secretario de Seguridad (militar acabado en policía) éstos no existen, más cuando su jefe el gobernador y su secretario general se han caracterizado también por su nulo respeto, sobre todo cuando éstos se interponen a sus tropelías; y ¿por qué el retiro se hace de madrugada?,  ¿será el temor a que la incapacidad policiaca le genere un problema de dimensiones mayores en pleno día, que se vuelva nota nacional (así como la de los migrantes secuestrados hace un año justo) y que con esto disminuya la aceptación que dice tener? 

Por cierto, ¿no son este tipo de medidas cautelares, prácticas de la maldita herencia, las mismas que hacen rabiar al gobernador cuando frenan su atrabiliario actuar?, ¿trastocó su orden?  

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Señores diputados: no sean infames, pónganse a trabajar, desquiten su salario; al menos por una sola vez en esta legislatura muestren compromiso social y humanidad, otorguen ya el indulto a Sanjuana Maldonado.