En defensa del Poder Judicial Federal
El sagrado derecho a no estar de acuerdo, le da vida a los regímenes democráticos, esa premisa es piedra angular en la construcción de lo que en teoría política se conoce como Estado Democrático y Constitucional de Derecho.
Pero no se trata de disentir sólo en espacios de tertulia o en mesas de café donde siempre se arregla el mundo, se trata de una andanza de ida y vuelta entre ideas que pueden resultar contradictorias, pero donde, si no se logra acuerdo ingresará a la disputa un árbitro que concederá la razón a alguna de las partes.
Ese es el papel medular de los poderes judiciales que existen en todo el orbe, si es en el ámbito del derecho privado, dirimirán controversias entre ciudadanos, pero si la disputa concierne al derecho público, uno de los entes controvertientes muy seguramente será el Estado.
Entonces el Juez, el Magistrado y/o el Ministro se convierte en la pieza clave para emitir un fallo que resuelva y conceda la razón, o bien al Estado o en su caso a la persona física o moral que litige en su contra.
Pero, ¿qué sucede cuando al árbitro se le descalifica? cuando alguna de las partes, por ejemplo el Estado le retira la confianza, ¿qué es lo siguiente que ocurre?, ¿qué consecuencia tiene el tildar de podrido al poder encargado de administrar justicia?
En el ejercicio del poder público atendiendo la división tripartita del poder, la encomienda jurisdiccional es fundamental, la más importante sin lugar a dudas es la salvaguarda del Principio de Supremacía Constitucional, el Juicio de Amparo es per se un derecho al que todo mexicano tiene acceso, este mecanismo de control constitucional no reside en la decisión sólo de un Juez, sino que conforma un sistema complejo que por un lado permite el acceso a la justicia constitucional y por el otro evita el arbitrario abuso del poder; ergo es gravísimo descalificar a priori a la totalidad del Poder Judicial pues sus operadores Jueces, Magistrados y Ministros tienen como eje rector los Principios Constitucionales y si uno eventualmente fallara subsiste intacto todo un andamiaje de frenos y contrapesos dentro de la propia judicatura que evitará precisamente que ese poder se manche con la tinta de la duda en las decisiones más trascendentales.
De modo que si algo le dota de certeza al Estado Constitucional y Democrático de Derecho, es el Poder Judicial, el que por supuesto no significa que esté excento de críticas, donde en efecto cabe la posibilidad de que existan algunos funcionarios judiciales que pudieran manchar con sus acciones personalísimas el deber de juzgar con independencia e imparcialidad, sin embargo serán los menos, muy los menos y no los más, el diseño constitucional de la función judicial si bien no es perfecto si contiene instrumentos que le permiten ser sujeto de revisión constante, los criterios jurisprudenciales que se han originado de 2011 a la fecha surgen a partir de la armonización con principios y criterios en materia de derechos humanos, donde además cabe la posibilidad de que un asunto incluso pueda ser llevado a instancias jurisdiccionales supranacionales.
Luego entonces, el Poder Judicial en México en lo general goza de cabal salud, las decisiones valientes y acertadas de Jueces, Magistrados y Ministros en tiempos complejos han dotado de certeza a miles de mexicanas y mexicanos que todos los días como justiciables ocurrimos al amparo y protección de la justicia federal. Finalmente decir, no será lastimando al Poder Judicial Federal como avancen los proyectos de nación, por el contrario es de lo más liberal garantizar la independencia judicial, pues en la medida que protejamos a ese poder, más garantía tendremos de que nuestros actos se apegen a la Constitución, a menos claro, que no sea esa la idea. Usted que opina.
Hasta el próximo lunes.
