Guerra en Iguala
Un Estado es una comunidad
humana que (exitosamente) reivindica el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en
un determinado territorio”.
Max Weber
Hay que tener cuidado porque lo que hoy estamos viendo en Chiapas, con el pleito entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación por el control del territorio, es lo que atestiguamos en septiembre de 2014 cuando una disputa similar entre Guerreros Unidos y Los Rojos llevó al secuestro y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa en Guerrero. Cuando el Estado pierde el monopolio del uso legítimo de la fuerza en un territorio se impone la ley del más fuerte.
Los 108 normalistas de primer grado, encabezados por un alumno de grado superior, Bernardo Flores Alcaraz, El Cochiloco, no fueron a Iguala de paseo en la tarde el 26 de septiembre de 2014. Este les dijo que iban a secuestrar autobuses para la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México, lo cual no tenía sentido porque faltaba una semana y porque Iguala está demasiado lejos de Tixtla para ir a tomar esos vehículos. Los normalistas habían estado descansando esa tarde de viernes cuando, entre 5 y 5:30, el Cochiloco les dijo que había un cambio de instrucciones y que tenían que salir para Iguala. Quien dio la instrucción original fue un narcotraficante de Morelos conocido como El Carrete, Santiago Mazarí Miranda. Un líder estudiantil recibió la orden y se la comunicó al Cochiloco.
Ese viaje, que se convirtió en tragedia, tenía mucho más fondo que ir a robar autobuses. En el grupo de los estudiantes había algunos identificados con el grupo de Los Rojos. En Iguala un grupo rival, Guerreros Unidos, recibió información de que se acercaban esos autobuses con presuntos miembros de Los Rojos. Pidieron apoyo a las policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula para detenerlos. Los 43 desaparecidos iban en los autobuses 1531 y 1568 de la línea Costa de Oro que originalmente habían llevado los estudiantes desde Ayotzinapa. Los normalistas fueron entregados a miembros de Guerreros Unidos, que los mataron y quemaron. El mejor y más detallado relato de lo ocurrido está en la recomendación 15 VG/2018 de la CNDH.
Vidulfo Rosales, el abogado que representa a un grupo de padres de las víctimas de esa matanza, se quejaba este 25 de septiembre después de una reunión en Palacio Nacional que “la narrativa” del gobierno se acerca cada vez más a la de la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam. Se entiende su decepción. Él y otros líderes del Movimiento Ayotzinapa han sostenido siempre que el crimen fue cometido por el Estado y por el Ejército. Las investigaciones, sin embargo, vuelven todas de una manera u otra al cauce original. La matanza fue perpetrada por sicarios de Guerreros Unidos, que el gobierno ahora ha permitido increíblemente que queden en libertad. Ahora son testigos colaboradores y deciden el rumbo a seguir.
Las investigaciones han demostrado que las organizaciones criminales habían infiltrado al gobierno municipal de Iguala y a los cuerpos policiales de Iguala, Huitzuco y Cocula. La influencia se extendía a la policía estatal y federal y también a ciertos mandos militares. El meollo del asunto, sin embargo, es que los dos grupos criminales que se disputaban el control de esa zona de Guerrero habían impuesto su propia ley y habían desplazado a las instituciones del Estado mexicano.
Este debilitamiento del Estado en ciertas regiones del país no es nuevo. Es producto directo de la llamada guerra contra las drogas. Si realmente queremos evitar nuevas situaciones de violencia como la de la noche de Iguala es importante que el Estado recupere el monopolio de la violencia y de la aplicación de la ley.
Fox
“Judía y extranjera a la vez”. Con estas palabras descalificó el expresidente Vicente Fox a la no candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum. Es inaceptable. Sheinbaum es tan mexicana como Fox. Los insultos racistas o xenófobos no tienen cabida en una democracia. Fox tiene que aprender a respetar.
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