La pandemia Covid-19 tiene y tendrá profundos efectos en la salud de las personas, actividades económicas, relaciones sociales y proceso de interacción entre el gobierno y sociedad, que se expresa en malestar y desconfianza social; en el mediano plazo se manifestará en una crisis de la democracia como forma de gobierno; para hacer frente a esta situación la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) público el informa especial, el desafío social en tiempos de Covid-19.
El problema público planteado por la Cepal es la alta desigualdad y vulnerabilidad social en la que se encuentra México y América Latina, situación social que será más grave ante las medidas adoptadas: cuarentena y distanciamiento físico: su efecto inmediato ha sido la perdida de ingresos, ya que las personas en precariedad laboral han sido expuestas a despidos y reducciones salariales; la población en situación de pobreza después de la emergencia sanitaria llegara a 83.4 millones de personas en todos los países de la región.
La población que vive en inseguridad económica no cuenta con ingresos suficientes, ni ahorros para enfrentar una crisis, por lo que serán quienes sufran de manera más grave las consecuencias económicas y sociales de la emergencia sanitaria, por lo que el deterioro de su situación social será de dimensiones muy altas; quienes además por su precaria situación de salud son más vulnerables de infección por Civid-19, en consecuencia la pobreza se incrementará en toda América Latina y con ello la desigualdad.
Ante la caída de los ingresos de los trabajadores, se han adoptado políticas públicas para mitigar sus efectos en la población en situación de pobreza; se ha realizado transferencias monetarias a las familias con menos ingresos; se han proporcionado ayudas en especie: alimentos, medicamentos, productos de aseo; suspensión de pagos en servicios como: agua, electricidad, gas; protección de los ingresos con medidas como: seguros de desempleo y prohibición de despidos laborarles.
Según la Cepal, entre el 13 de marzo y 24 de abril de 2020, 29 países de América Latina, entre los que se encuentra México, adoptaron 123 tipos diferentes de políticas públicas de protección social, pero las cuales ha sido ineficientes para enfrentar la magnitud de problema, ya que no han logrado generar los ingresos que las familias requieren para atender sus necesidades básicas de alimentación, por lo que se provocará una crisis alimentaria, descontento social y desconfianza en los gobiernos de la región.
Estas medidas de política publica adoptadas por los países de América Latina han traído graves problemas de implantación, por una parte esta la insuficiente de recursos, derivada de los deficientes mecanismos de recaudación y sobre todo de la evasión en el pago de impuesto por parte de las grandes empresas y predominio de la economía informal; un segundo problema, la mayor parte de la población no tiene acceso a servicios de banco para retirar los recursos que les son depositados, y tampoco existe personal en las administraciones públicas para que se los hagan llegar de manera personal.
Otro problema es que las administraciones públicas no cuentan con padrones actualizados de beneficiarios, ni los mecanismos que permitan incorporar a nuevas personas de manera equitativa, rápida y transparente; ante esta situación, en diversos países de América Latina han quedado en evidenciadas las practicas con criterios políticos bajo los cuales han sido implementados los programas sociales de combate a la pobreza, por lo que estos no han obtenido los resultados esperados.
Ante esta situación, el gran desafío de México y América Latina es fortalecer el Estado de Bienestar, debilitado por los procesos de privatización de la actividad productiva, desregulación económica y las políticas de descentralición; ante las grandes brechas sociales, la Cepal plantea implementar políticas públicas universales, que beneficien a la población más vulnerable, con un enfoque de derechos, con la finalidad de no excluir a nadie en una situación critica como la generada por la actual emergencia sanitaria.
En síntesis: los efectos económicos y sociales generados por la pandémica Covid-19, demanda intervenciones gubernamentales que atiendan la desigualdad y vulnerabilidad social, que tengan como objetivo la protección social, que garantice un nivel de ingreso básico que logre la cohesión de una sociedad que ha visto disminuido sus ingresos que le permitan atender sus necesidades básicas de alimentación, salud y educación; el reto es fortalecer al Estado Social. Próxima colaboración: 27 de mayo de 2020.
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