Etiquetado de riesgo

Desde hace tiempo, la idea de etiquetar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organization, FTO) ha dado vueltas en los pasillos del gobierno norteamericano. Sin embargo, ahora, con el regreso inminente de Donald Trump a la Casa Blanca, esta medida ha dejado de ser una amenaza retórica para convertirse en una posibilidad tangible. Pero ¿qué implicaría realmente esta designación? 

La designación de los cárteles como FTO sería, ante todo, una declaración política que pondría a México y a Estados Unidos en una ruta de tensión diplomática constante. La presidenta Sheinbaum ha expresado su rechazo a esta posibilidad, dando a entender que sería una puerta abierta para intervenciones unilaterales estadounidenses en territorio nacional. Esto es muy probable, pues el marco legal de las FTO podría permitir operaciones directas dentro de México de las fuerzas armadas estadounidenses bajo el argumento de combatir al terrorismo.

Para nuestro país no está fácil: o acepta una mayor intromisión de los Estados Unidos en su territorio o arriesgarse a sanciones económicas y a un congelamiento de la cooperación en seguridad. 

La designación también tendría efectos económicos colaterales, especialmente en industrias legítimas que, en muchas regiones de México, están forzadas a operar bajo el manto del crimen organizado, gracias a la permisión que López dio durante sus seis años de gobierno. Pensemos por ejemplo en el aguacate.

Si las autoridades estadounidenses determinan que los cárteles están cobrando “derecho de piso” a productores o exportadores de aguacate, las empresas estadounidenses que importan este fruto podrían enfrentar sanciones. Estados Unidos podría prohibir las importaciones provenientes de regiones controladas por los grupos criminales. 

¿Qué pasaría con un pequeño productor que paga «derecho de piso» porque su vida depende de ello? ¿Se le consideraría un financiador del terrorismo? ¿Y una empresa de transporte que, bajo amenaza de muerte, accede a trabajar con operadores controlados por el crimen organizado?

El problema es que el narcotráfico y la extorsión están profundamente arraigados en la economía de regiones enteras en México. Romper estos lazos no es cuestión de sanciones ni de etiquetas terroristas, sino de políticas públicas de largo plazo, fortalecimiento del Estado de derecho y cooperación real entre ambas naciones. Cisas que, por cierto, el gobierno transformista de López nunca tuvo enfrente.

Desde el punto de vista estadounidense, la designación de FTO daría a las agencias federales de más herramientas legales para perseguir a los cárteles. Facilitaría el congelamiento de activos, endurecería las penas para quienes colaboren con estas organizaciones y permitiría actuar contra empresas o individuos que financien directa o indirectamente a los grupos criminales.

Aquí está el gran problema: la línea entre los cárteles y la economía legal es extremadamente difusa en muchos sectores de México, dada la pésima estrategia seguida en los últimos seis años por el gobierno federal.

Otro peligro que puede desprenderse de esta medida es la militarización del problema del narcotráfico. Si Estados Unidos comienza a tratar a los cárteles como grupos terroristas, el discurso y las acciones podrían cambiar a un enfoque bélico, tal como sucedió en Colombia en su momento. Si bien la intervención estadounidense en ese país debilitó parcialmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también dejó violencia, desplazamientos masivos y un conflicto prolongado que aún hoy afecta a ese país. 

Designar a los cárteles mexicanos como FTO atacaría los síntomas más visibles del problema, como el tráfico de drogas, la violencia y el control territorial, pero ignoraría las raíces estructurales que les dan origen: corrupción, desigualdad, debilidad institucional y una demanda incesante de drogas en Estados Unidos.

No se trata de un tema menor.

@jchessal