“Fobapobre”
Así se conoció, popularmente, al mecanismo diseñado por el gobierno de Ernesto Zedillo -luego de la severa crisis financiera detonada por el “error de diciembre” de 1994- para rescatar a los banqueros de la quiebra, socializando sus pérdidas. Con una sangría de recursos públicos que abarcaría tantos años que, hasta se bromeaba cruelmente, convertirían a México en una especie de “Macondo” (por aquello de condenarnos a sufrir “Cien años de soledad”), se convirtió la deuda privada bancaria en una deuda pública que, a 20 años de conformado el sucedáneo del “Fobaproa” (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), esto es, el “Ipab” (Instituto de Protección al Ahorro Bancario), se ha documentado cómo seguimos atados a ese pesado lastre que nos costará, solamente por concepto de pago de recargos y costos de administración para el próximo ejercicio 2022, una cantidad equiparable al presupuesto de algunas secretarías como la “Semarnat” (en “La Jornada”, 20 de septiembre de 2021).
El “Fobaproa” fue una decisión de política económica, antecedida por una reprivatización irregular de la banca en el gobierno salinista, para fondear a los bancos en riesgo de quiebra, mediante acciones diversas como la intervención gerencial, la compra de cartera onerosa y la emisión de pagarés de capitalización que ya en 1998 alcanzaban la suma de 552 mil millones de pesos. A julio de 2021, se ha pagado por concepto de intereses y comisiones casi ¡1 billón 500 mil millones de pesos! (Ibid). Además de la reprivatización bancaria y la desregulación de servicios financieros, el Estado mexicano abdicó de sus responsabilidades constitucionales para salvaguardar la función del crédito para el fomento productivo y el desarrollo, junto con la liberalización de las tasas de interés y la supresión de los depósitos obligatorios de la banca comercial en el Banco Central para garantizar la colocación segura de sus activos, además de responder a los clientes en casos de insolvencia.
Todo este desbarajuste propició la emergencia de movimientos sociales de deudores que salieron en defensa del patrimonio de distintos sectores productivos, sobre todo de productores del campo (como el caso emblemático de “El Barzón”, cuya radiografía realizamos en “Historia de un movimiento social”, edición de Foro San Luis, 2008) que, de pronto, veían agudizar una suerte de “condenados de la tierra” (Frantz Fanon, dixit). Pero el grado de corrupción alcanzado por la burocracia gobernante neoliberal llevó a los más turbios negocios para favorecer a unos cuantos magnates y corporaciones, además de poner a los banqueros en condiciones de hacer negocios con los bancos ya “saneados” (pero incapaces de competir en el mercado internacional, terminando absorbidos por la banca extranjera) y en complicidad con personajes cercanos al poder político, como en el caso de la presidencia foxista, donde se realizaron compras de la cartera de vivienda consignada en el “Fobaproa-Ipab”, muy por debajo de su valor real. Una anécdota narrada por AMLO ilustra bien lo antes señalado: “según la voz popular, uno de los beneficiados con el rescate bancario expresó eufórico: yo que siempre he soñado con robar un banco y, ahora, me dan uno para que lo maneje” (en “Fobaproa: expediente abierto”, Ed. Grijalbo, México, 1999, p. 48).
Referirse popularmente al “Fobaproa” como “Fobapobre” fue atinado. Ese mecanismo no sirvió más que para enriquecer a unos pocos a costa del sufrimiento y empobrecimiento de muchos, porque toda esa transferencia de valor, en todo estos años, bien podría haber servido para paliar esa insultante pobreza que se alcanzó con los gobiernos neoliberales; además de que, en efecto, ese tipo de decisiones de política económica siempre ocultan la esencia del capital que se valoriza, esto es, el saqueo impune de la riqueza producida por el trabajo vivo y que acaba por terminar fuera del país en los denominados “paraísos fiscales”.
