PERSONALIDADES

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Escribo horas antes de que Morena anuncie el nombre de su candidata o candidato a la presidencia de la República, sin ninguna garantía de que sea puntual. En tales condiciones, para no violentar los tiempos de edición ni dejar para dentro de una semana los comentarios al respecto, los hago asumiendo que salvo cataclismos impensables su elegida será Claudia Sheinbaum. Esto implica que las contendientes finales serán dos mujeres, Claudia por Morena y aliados, y Xóchitl Gálvez por el Frente opositor. Eventualmente podría existir un tercer participante, postulado por el MC, con carácter más bien testimonial.

Así las cosas, lo primero que resalta es que la abanderada morenista tiene desde ahora una ventaja importante en cuanto a intención de voto (15 puntos promediando encuestas serias). Una pregunta aparece de inmediato: ¿Es irremontable semejante diferencia? Experiencias nacionales dicen que no. Y en lo que valgan, lo mismo apuntan casos locales.

Retomo aquí datos aportados por Raymundo Riva Palacio, el reconocido columnista de El Financiero. En su colaboración del lunes pasado recordó que, en noviembre de 1999, al inicio del proceso electoral del 2000, las encuestas de los periódicos Reforma y El Universal daban al candidato priista Francisco Labastida Ochoa ventajas de 20 y 14 puntos porcentuales respectivamente. La encuestadora GEA/Isa y Milenio presentaban márgenes más moderados (entre 4 y 4.5 puntos) pero igualmente favorables a Labastida. Finalmente, las urnas dieron el triunfo a Vicente Fox con 6.4 puntos de diferencia (42.5% contra 36.1%).

Seis años más tarde, al comenzar el proceso electoral en octubre del 2005, el candidato perredista Andrés Manuel López Obrador aventajaba a su rival panista Felipe Calderón por 19 puntos porcentuales en promedio. Ocho meses más tarde, Calderón se levantó con el triunfo por la mínima diferencia histórica de medio punto.

Por supuesto que las cifras de preferencia electoral por candidatos fueron evolucionando a lo largo de los meses, pero las que hemos citado son apropiadas porque se refieren al momento equivalente al que estamos ahora: en vísperas de que comience formalmente el proceso electoral y a meses de que inicien las campañas propiamente dichas.

Entendiendo las diferencias, no me parece ocioso traer a cuenta una experiencia más directa para los potosinos: a comienzos del 2009, a poco de arrancar las campañas, el candidato panista a la alcaldía de la capital, Alejandro Zapata Perogordo, aventajaba en promedio por 21 puntos al contendiente priista Fernando Toranzo Fernández. Lenta pero inexorablemente la distancia se fue cerrando y en las votaciones de julio éste último ganó por algo más de 3 puntos.

¿Sirven de algo estos comparativos? Estoy convencido de que sí. Lo más obvio, porque son la constatación de que a meses de la cita en las urnas las ventajas y desventajas en cuanto a intención de voto, por muy amplias que sean, no son inamovibles; se mueven en un sentido u otro. También, porque implícitamente demuestran que las campañas cuentan, sirven, ayudan, perjudican, se vuelven decisorias. 

Con todo, me parece que durante el proceso electoral que comienza, estará en juego un factor siempre presente pero esta vez con un peso mayor, sin duda con un peso determinante: la personalidad de las candidatas.

Efectivamente, en una contienda donde las diferencias ideológicas son escasamente perceptibles, sobre todo ahora que la oposición se ha corrido a la izquierda para no provocar recelos entre los beneficiarios de programas sociales, y cuando los planes de gobierno despiertan poco entusiasmo porque rara vez se cumplen, la personalidad de cada una, ese conjunto de características propias que permite inspirar o no confianza, provocar simpatía o antipatía; adhesión o rechazo, será clave. Ese manojo de inasibles que a veces conducen al ciudadano a cruzar la boleta por alguien que le parece diferente, que le cayó bien o que le inspira confianza. Todo esto, con total independencia de la racionalidad, visión, viabilidad o seriedad de sus propuestas.

Las personalidades, el desempeño individual de ellas y ellos, siempre forman parte del juego, pero no siempre con la misma densidad. Esta vez, tengo la impresión, serán determinantes. Si así ocurre, será interesante e ilustrativo observar al final del día qué fue lo que más motivó a la gente.

Hay, desde luego, otro poderoso factor que ronda el escenario, se llama Andrés Manuel López Obrador, pero esa es otra historia.

Mientras tanto, Dante Delgado Rannauro se va quedando cada vez más solo en la cima de Movimiento Ciudadano.

PATRAÑAS OFICIALES

Alguien en Palacio de Gobierno piensa que los jueces federales sufren alguna forma de retraso mental. O quizá piensen que también son asustadizos y los traen en la bolsa. Al menos así lo dejan ver los más recientes acontecimientos jurídicos relacionados con las obras en San Miguelito. Me explico.

El martes pasado a las 9:00 horas se citó a una audiencia en el juzgado sexto de distrito, para resolver si la suspensión provisional concedida para que no continuaran las obras de repavimentación en el emblemático barrio se cancelaba o se otorgaba de manera definitiva. Esta última opción, la que interesa a los vecinos y la que realmente los protege de las arbitrariedades gallardistas, implicaría que para poder reanudar los trabajos el gobierno del estado debería obtener primero los permisos necesarios, que son tanto federales, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como del Ayuntamiento de la capital.

Dicha audiencia fue diferida para el próximo jueves 21 del presente mes, entre otras razones porque la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, la dependencia estatal más directamente involucrada en el asunto, hizo llegar al juzgado un escrito fechado el lunes 4, en el que sostiene que ya cuenta con los permisos necesarios, y para comprobarlo adjunta un oficio de la misma fecha, suscrito por el encargado del despacho de la delegación estatal del INAH, Hugo Cotonieto Santeliz.

Es una trampa de lo más burda, infantil, indigna de una dependencia oficial. El documento del INAH lo que dice -diez días después de iniciadas las obras por las puras pistolas del gobierno gallardista- es que autoriza “la primera etapa de intervención” en las calles León García, 5 de Mayo, Independencia y Xicoténcatl, estableciendo claramente que se trata de “trabajos preliminares” que deben ajustarse, entre otras, a las siguientes normas: “Retiro de adoquines de piedra preexistentes en arroyos de las calles a intervenir, debiéndose retirar de manera manual, debiendo así mismo de almacenarse in situ para su relabrado y posterior reintegración en tales arroyos”. Ya los potosinos sabemos que el desquiciado de El Chiquilín fue a las obras a regalar los adoquines retirados y escuchamos a la titular de la Seduvop confesar que habían regalado varios viajes de ese material a unos particulares para que adoquinaran sus casas. 

Dispone también el INAH, con base en sus claras atribuciones legales en la materia, el “Retiro de pavimentos de piedra, baldosas o adoquines, en banquetas en la totalidad de las calles a intervenir, debiéndose llevar a cabo tal intervención de manera manual, con el fin de evitar vibraciones que afecten a los inmuebles adyacentes, y con recuperación de (ese) material en su totalidad”. Aquí también, ya todo mundo fue testigo de cómo los antiguos e históricos adoquines fueron levantados con maquinaria pesada, cuyas vibraciones se dejan sentir a decenas de metros.

Más adelante, en el apartado “segunda etapa de intervención”, la autoridad competente en la materia establece claramente que “Se deberán conservar los pavimentos de adoquín (cien por ciento), en arroyos de los tramos de las calles a intervenir (5 de Mayo, Vallejo, León García, Xicoténcatl e Independencia)”. Es decir, nada de sustituirlos con pavimentos de concreto estampado; esos que imitan al adoquín.

En resumidas cuentas, lo que la autoridad estatal está diciendo al juzgado federal es que le levante la suspensión porque ya tiene los permisos necesarios, lo cual es mentira. Tiene un permiso parcial y muy condicionado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero del Ayuntamiento y de otras instancias estatales no tiene nada. Y en cuanto al documento del INAH, le autoriza hacer cosas que ya hizo pero mal, como el retiro con maquinaria de los adoquines y su desaparición parcial mediante regalos ilegales.

Independientemente de lo que en dos semanas más resuelva la juez federal que conoce del caso, este pleito ya lo perdió el gobierno del Gallardo Cardona a manos del INAH, que le dice ni quites así los adoquines, no los puedes andar regalando y relábralos porque los tienes que volver a poner.

COMPRIMIDOS

Cada día que pasa don Uñas Largas se vuelve más metiche, mitómano y lambiscón. El lunes se puso a informar sobre los avances en la modernización de la carretera Valles-Tamazunchale y entre otras barbaridades dijo que esas obras son “resultado de las gestiones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona ante el presidente Andrés Manuel López Obrador”. Barbero. Por principio de cuentas, los trabajos correspondientes arrancaron en 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y han continuado por decisión de Amlo desde 2019. Los ejecuta el gobierno federal sin aportación ninguna del estado, y el todólogo palaciego ni es delegado de la SCT, ni director de la Junta Estatal de Caminos, ni vállense, ni ingeniero civil, ni constructor, ni materialista, ni nada más que protagónico enfermizo.

El verdadero problema de Alberto Rojo Zavaleta, a propósito de su contratación por parte de Sara Rocha para hacerse cargo del trabajo sucio, es que como diría ya saben quién, “está moralmente derrotado”. Y las cochinadas que viene haciendo no contribuyen en nada a mejorar su imagen.

Teníamos pendiente una confirmación: si efectivamente Gallardo Cardona rinde su segundo informe de trabajo en Ciudad Valles, no será la primera vez que un evento de esa naturaleza suceda fuera de la capital, como él ha sostenido equivocadamente. El domingo 25 de septiembre de 1994, Horacio Sánchez Unzueta rindió el tercer informe sexenal, segundo de su mandato, allá mismo, concretamente en el flamante Centro Cultural de las Huastecas. La representación presidencial la trajo el entonces Procurador General de la República, Humberto Benítez Treviño, y la sesión solemne del Congreso la presidió el diputado Raymundo García Olivares. Servidos.

Hasta el próximo jueves.