Fracaso y Lucha Anticorrupción
Hace poco más de dos años propuse en este espacio la creación de un Instituto Nacional Anticorrupción, para combatir de manera real a este lacerante problema, planteando que sustituyera a las hoy tan cuestionadas instituciones como son la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y que integrara a las entidades de fiscalización superior locales.
La propuesta que puse en la mesa, planteaba a este Instituto como un organismo constitucional completamente autónomo, con un Consejo Directivo Ciudadano conformado por especialistas, y que como consecuencia las Contralorías estatales y municipales se enfocaran primordialmente al control interno y la prevención.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nació en 2016 con la ambición de coordinar contralorías, auditorías y fiscalías, junto al Comité de Participación Ciudadana, para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en México. Sin embargo, a casi una década de su creación, los resultados distan de sus metas originales. Retrasos en nombramientos, asimetrías entre entidades federativas y un enfoque más reactivo que preventivo han minado la confianza ciudadana y limitado el impacto real de sus acciones.
Los indicadores de percepción ciudadana, como los del INEGI, muestran estancamiento en la sensación de impunidad y corrupción, mientras el país sigue sin registrar avances significativos en recuperación de activos o penalización de funcionarios de alto nivel. La falta de un servicio civil profesionalizado y sin presiones políticas, junto con métricas enfocadas más en procedimientos que en resultados, refuerzan la percepción de que el SNA cumple más con trámites formales que con la transformación real del sistema.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La propuesta de transformar el SNA y a la ASF en un Instituto Nacional Anticorrupción, promete superar sus limitaciones actuales mediante:
- Mayor autonomía constitucional, al consolidar auditorías, contralorías y fiscalías en un solo organismo con personalidad jurídica protegida.
- Consejo Directivo Ciudadano integrado por especialistas independientes, reduciendo la injerencia política en nombramientos y decisiones clave.
- Enfoque preventivo basado en auditorías de riesgo y programas integrales de control interno, desplazando el eje de la mera detección a la anticipación de faltas administrativas.
- Mecanismos de evaluación periódica con indicadores de desempeño centrados en resultados tangibles: sanciones efectivas, recuperación de recursos y procesos concluidos.
- Coordinación de la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno, homologando criterios y plazos para evitar asimetrías estatales.
Al elevar al nuevo Instituto a rango constitucional, se blindaría su presupuesto y se le otorgaría autoridad plena para diseñar políticas, ordenar auditorías y proponer sanciones sin depender de caprichos legislativos o recortes discrecionales.
El Instituto contemplaría un Consejo Directivo Ciudadano donde organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertas en transparencia elaborarían diagnósticos y evaluarían el desempeño institucional en tiempo real. Este contrapeso independiente fortalecería la rendición de cuentas y garantizaría la representatividad de grupos marginados, abriendo espacios de auditoría social y consultas públicas que reflejen las preocupaciones comunitarias.
El SNA y la ASF cumplen hoy con labores formales, pero sus frutos en sanción efectiva, recuperación de activos y cambio cultural son limitados. Crear el Instituto Nacional Anticorrupción representa una oportunidad de consolidar autonomía, especialización y un sistema preventivo de largo alcance. Si se sortean los desafíos políticos y técnicos de la reforma propuesta, México podría contar con una herramienta más robusta y creíble para erradicar la corrupción de raíz.
Escríbeme en X: @G_Rosillo
