La devastación ambiental, mediante el método de fracturación hidráulica o “fracking”, amenaza varios municipios huastecos de la entidad potosina. Las señales de alerta se han presentado por distintas voces, tanto de líderes sociales como de expertos en la materia, que han denunciado hasta intentos de sobornar voluntades políticas para obtener los permisos correspondientes.
Las autoridades, en sus variados niveles de (in)competencia, como suele suceder, se han manifestado minimizando riesgos y hasta desmintiendo que existan planes concretos para tan aviesos fines.
Sin embargo, ya se han exhibido documentos específicos de interesados económicos en ese tipo de explotación del denominado gas “shale” en una parte de la huasteca potosina que, por lo menos, deberían de ser sometidos a una revisión exhaustiva para verificar su pretendido cumplimiento legal y, sobre todo, contar con el asentimiento informado y libre de las comunidades aledañas que podrían verse afectadas en los distintos impactos que conllevan proyectos de ese tipo, señaladamente el daño ecológico.
Aunque el gobierno federal peñanietista ha señalado que no hay proyectos de fracturación hidráulica en la huasteca potosina y “sólo se tienen actividades convencionales de exploración y producción en el área del municipio de Ébano, desde hace más de 100 años” (en “La Jornada”, 7 de agosto de 2018), no ha desmentido, empero, la incursión reciente de la empresa estadounidense “Schlumberger Offshore Services NV”, dedicada a ese tipo de actividad extractiva y que, por cierto, aceleró gestiones a partir del 2 de julio del año en curso, tal vez considerando que las condiciones de su relación con el gobierno federal podrían cambiar en breve, a partir del primero de diciembre y, por eso, la prisa para obtener permisos municipales, incluso mediante la práctica del soborno (“Pulso”, 14 de agosto de 2018).
Ya “encarrerados”, los representantes de dos compañías privadas, creadas durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, firmaron junto con Pemex, contratos integrales autorizados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la exploración y producción de hidrocarburos, apenas tres días después de realizada una asamblea popular (el 31 de julio) en la comunidad de “San Pedro”, municipio de “San Antonio”, donde acudieron representantes de 12 municipios huastecos en rechazo al “fracking”.
El pasado 9 de agosto, el activismo social y la denuncia pública de los riesgos que conlleva esa eventual práctica depredadora del ambiente llegó al Congreso local y a la sede del ejecutivo potosino, comprometiéndose los representantes de dichos poderes a respaldar la lucha en contra del “fracking”.
Pero como ya se sabe que, frecuentemente, ese tipo de compromiso “institucional” se reduce a tomar nota de la problemática y no a contribuir a resolver de fondo las cosas, la preocupación social se mantiene.
Dice un refrán popular “piensa mal y acertarás”, y resulta que no se puede pensar que los acontecimientos que se han venido presentando alrededor de la posible extracción del denominado gas “shale” mediante el método del “fracking” en la huasteca potosina, no tengan algo que ver.
Por lo menos cabe la duda razonable ante las prisas de los interesados, tanto privados como del propio gobierno federal, toda vez que no se trata de “hechos aislados”, sino de toda una serie de medidas que el actual gobierno de Peña Nieto está empujando antes de irse, para favorecer grandes negocios con los recursos naturales más preciados, incluso con el vital líquido, el agua, tal y como lo muestra la aprobación apresurada de los controvertidos diez decretos de reservas de agua emitidos apenas el 5 de junio de este año y que eliminan la protección en 300 de las principales cuencas hídricas del país.
Por supuesto que todas esas medidas apresuradas del gobierno federal, para concesionar a los privados la explotación de las riquezas naturales, se han venido dando sin la consulta previa e informada a la población, sobre todo a la asentada en las comunidades directamente afectadas y no se diga en los pueblos originarios, omitiendo el cumplimiento de convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el fondo del asunto, está el entreguismo del actual gobierno peñanietista a los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales y del gobierno gringo que busca fortalecer su soberanía energética en detrimento de la nuestra, así como trasladar las protestas ciudadanas que en Estados Unidos se presentan contra la toxicidad que genera ese tipo de prácticas de extracción que devastan la naturaleza.
Así las cosas, lo que se avizora es la persistencia de movimientos de resistencia y, por lo pronto, ya se prepara un encuentro de pueblos, comunidades y organizaciones en rechazo al “fracking”, a realizarse este próximo sábado en el municipio de Axtla de Terrazas.
Las autoridades, en sus variados niveles de (in)competencia, como suele suceder, se han manifestado minimizando riesgos y hasta desmintiendo que existan planes concretos para tan aviesos fines.
Sin embargo, ya se han exhibido documentos específicos de interesados económicos en ese tipo de explotación del denominado gas “shale” en una parte de la huasteca potosina que, por lo menos, deberían de ser sometidos a una revisión exhaustiva para verificar su pretendido cumplimiento legal y, sobre todo, contar con el asentimiento informado y libre de las comunidades aledañas que podrían verse afectadas en los distintos impactos que conllevan proyectos de ese tipo, señaladamente el daño ecológico.
Aunque el gobierno federal peñanietista ha señalado que no hay proyectos de fracturación hidráulica en la huasteca potosina y “sólo se tienen actividades convencionales de exploración y producción en el área del municipio de Ébano, desde hace más de 100 años” (en “La Jornada”, 7 de agosto de 2018), no ha desmentido, empero, la incursión reciente de la empresa estadounidense “Schlumberger Offshore Services NV”, dedicada a ese tipo de actividad extractiva y que, por cierto, aceleró gestiones a partir del 2 de julio del año en curso, tal vez considerando que las condiciones de su relación con el gobierno federal podrían cambiar en breve, a partir del primero de diciembre y, por eso, la prisa para obtener permisos municipales, incluso mediante la práctica del soborno (“Pulso”, 14 de agosto de 2018).
Ya “encarrerados”, los representantes de dos compañías privadas, creadas durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, firmaron junto con Pemex, contratos integrales autorizados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la exploración y producción de hidrocarburos, apenas tres días después de realizada una asamblea popular (el 31 de julio) en la comunidad de “San Pedro”, municipio de “San Antonio”, donde acudieron representantes de 12 municipios huastecos en rechazo al “fracking”.
El pasado 9 de agosto, el activismo social y la denuncia pública de los riesgos que conlleva esa eventual práctica depredadora del ambiente llegó al Congreso local y a la sede del ejecutivo potosino, comprometiéndose los representantes de dichos poderes a respaldar la lucha en contra del “fracking”.
Pero como ya se sabe que, frecuentemente, ese tipo de compromiso “institucional” se reduce a tomar nota de la problemática y no a contribuir a resolver de fondo las cosas, la preocupación social se mantiene.
Dice un refrán popular “piensa mal y acertarás”, y resulta que no se puede pensar que los acontecimientos que se han venido presentando alrededor de la posible extracción del denominado gas “shale” mediante el método del “fracking” en la huasteca potosina, no tengan algo que ver.
Por lo menos cabe la duda razonable ante las prisas de los interesados, tanto privados como del propio gobierno federal, toda vez que no se trata de “hechos aislados”, sino de toda una serie de medidas que el actual gobierno de Peña Nieto está empujando antes de irse, para favorecer grandes negocios con los recursos naturales más preciados, incluso con el vital líquido, el agua, tal y como lo muestra la aprobación apresurada de los controvertidos diez decretos de reservas de agua emitidos apenas el 5 de junio de este año y que eliminan la protección en 300 de las principales cuencas hídricas del país.
Por supuesto que todas esas medidas apresuradas del gobierno federal, para concesionar a los privados la explotación de las riquezas naturales, se han venido dando sin la consulta previa e informada a la población, sobre todo a la asentada en las comunidades directamente afectadas y no se diga en los pueblos originarios, omitiendo el cumplimiento de convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el fondo del asunto, está el entreguismo del actual gobierno peñanietista a los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales y del gobierno gringo que busca fortalecer su soberanía energética en detrimento de la nuestra, así como trasladar las protestas ciudadanas que en Estados Unidos se presentan contra la toxicidad que genera ese tipo de prácticas de extracción que devastan la naturaleza.
Así las cosas, lo que se avizora es la persistencia de movimientos de resistencia y, por lo pronto, ya se prepara un encuentro de pueblos, comunidades y organizaciones en rechazo al “fracking”, a realizarse este próximo sábado en el municipio de Axtla de Terrazas.