Homicidios, armas y un secretario de Defensa impune

Este miércoles, en el Colegio de México, se presentó el documento Aporte del Seminario sobre Violencia y Paz a la discusión sobre las armas de fuego en México. Un tema que, lejos de ser un simple problema de seguridad, es el corazón de las tensiones entre México y Estados Unidos por el tráfico de drogas, armas y la violencia que estos generan.

La investigación, elaborada por Dulce Alicia Torres Hernández, revisa los homicidios dolosos de 1990 a 2024. El hallazgo es demoledor: desde 1998, las armas de fuego se han convertido en el factor determinante de los asesinatos en el país. Más del 50% de las muertes violentas han sido perpetradas con armas de fuego.

Hasta 1997, los homicidios por disparo representaban apenas el 0.1% del total. Pero en 1998, la cifra se disparó al 54.07% y desde entonces no ha cedido. 

Cinco sexenios de indiferencia

Cinco gobiernos —Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador— han transitado sin alterar la inercia de una crisis armamentista evidente. En 2008, el porcentaje de homicidios con arma de fuego escaló del 54.86% al 64.92%. Durante el sexenio de Calderón, se mantuvo. En el de Peña Nieto, persistió. Con López Obrador, la tendencia no ha cambiado. Ninguna diferencia.

El documento también desnuda otro dato brutal: cada año, entre 200 mil y 873 mil armas cruzan ilegalmente desde la frontera norte. Para dimensionar la barbarie: en México hay 13 millones 374 mil 819 armas ilegales en poder de civiles. ¿Cómo explicarlo?

¿Quién deja pasar las armas?

La Secretaría de la Defensa Nacional es la única entidad responsable del control de armas en el país. Sin embargo, la proliferación de arsenales en manos criminales indica que la Sedena, en el mejor de los casos, ha sido incompetente. Y en el peor, cómplice.

La complicidad se hace más evidente cuando se analizan las armas utilizadas por el crimen organizado. En múltiples decomisos se han encontrado fusiles FX-05 Xiuhcóatl, un modelo desarrollado exclusivamente para el Ejército Mexicano. 

El general exonerado

Desde 2020, Terry Cole, el recién nombrado jefe de la DEA, advirtió que "los cárteles de la droga mexicanos trabajan de la mano con funcionarios corruptos del gobierno mexicano en los altos niveles". En 2019, la detención en EU del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, parecía confirmar esa advertencia.

Sin embargo, el gobierno de López Obrador intervino para repatriarlo y exonerarlo. 

El negocio del miedo

El gobierno mexicano mantiene un discurso de combate al crimen, pero se niega a admitir que el problema de la violencia armada no es solo un asunto de cárteles sanguinarios. Es un modelo de negocio donde militares, políticos y criminales se benefician por igual.

Cada vez que un grupo criminal recibe armamento de uso exclusivo del Ejército, alguien dentro del gobierno lo permitió. Cada vez que una bodega llena de rifles estadounidenses aparece en una casa de seguridad, alguien en la frontera se hizo de la vista gorda.

Si el tráfico de drogas hacia Estados Unidos es un problema de seguridad nacional para ellos, ¿por qué el tráfico de armas hacia México no es tratado como un asunto de urgencia en nuestro país?

La respuesta es simple y aterradora: porque alguien está ganando con ello.