Indignación: La brújula moral ciudadana (1/2)

“La indignación es la forma más elevada de amor político.”

- Stéphane Hessel

La vida cotidiana nos presenta a menudo dilemas morales que ponen a prueba nuestra capacidad de discernimiento. Judith Shklar, en su obra “Vicios ordinarios”, nos recuerda aquel pasaje de la novela de Nadine Gordimer donde Rosa, una mujer blanca sudafricana, se encuentra ante un dilema desgarrador: intervenir o no cuando presencia a un hombre negro golpeando brutalmente a un burro. ¿Qué debe pesar más en su conciencia: la crueldad hacia el animal o la opresión histórica que ha sufrido aquel hombre? Rosa, paralizada por este conflicto moral, comprende en ese instante que ya no puede permanecer en su país.

Este episodio literario ilustra una verdad incómoda: pese a nuestra experiencia histórica, seguimos sin saber cómo pensar acerca de la condición de víctima. ¿Son también víctimas los atormentadores, que tal vez sufrieron antes alguna injusticia o privación?; ¿sólo son víctimas aquellos a quienes atormentan?; ¿somos todos víctimas de nuestras circunstancias?”.

La conclusión de Shklar es contundente: no son las víctimas sino los victimarios quienes cargan con la culpa. Criminalizar a las víctimas por sus propios sufrimientos es solo una manera fácil de distanciarnos de ellas. Pero idealizar a las víctimas es igualmente peligroso, pues «una de nuestras realidades políticas es que las víctimas de la tortura política y la injusticia a menudo no son mejores que sus verdugos. Sencillamente están aguardando a cambiar de lugar con estos últimos”.

México ha presenciado en años recientes cómo la indignación social se ha manifestado ante tragedias insoportables: los campos de exterminio descubiertos en Jalisco y Tamaulipas, las desapariciones masivas, los feminicidios imparables, las masacres de migrantes. La sociedad mexicana, o al menos segmentos de ella previamente indiferentes, parece despertar de su letargo cuando el horror resulta demasiado crudo para ser ignorado.

Esta indignación tiene un valor innegable. Es un pulso vital que indica que no estamos completamente anestesiados. Que aún somos capaces de conmovernos, de sentir empatía, de reconocer la injusticia y alzar la voz. La indignación puede ser el motor para la reforma y el cambio social profundo. Es el primer paso para reconocer que algo está fundamentalmente roto en nuestro contrato social y que debemos actuar.

Sin embargo, debemos ser cautelosos con esta energía moral. Como todo impulso poderoso, puede desviarse de su curso y convertirse en otro vicio ordinario si no la canalizamos adecuadamente.

Debemos indignarnos, y no solo por las tragedias más mediáticas. Debemos indignarnos por el cáncer social que corroe nuestro tejido comunitario: por los 30 millones de mexicanos sin acceso a servicios básicos de salud mientras políticos viajan a hospitales de lujo nacionales o en el extranjero; por los niños con cáncer que mueren esperando medicamentos mientras se derrochan millones en obras faraónicas; por los más de 100,000 desaparecidos cuyos nombres se diluyen en estadísticas frías; por la contaminación descontrolada de nuestros ríos y lagos mientras funcionarios permiten vertidos industriales a cambio de sobornos; por la tala ilegal que deforesta anualmente miles de hectáreas ante la mirada cómplice de autoridades; por las comunidades indígenas despojadas de sus territorios para proyectos extractivos; por los periodistas asesinados mientras investigaban vínculos entre políticos y crimen organizado; por los feminicidios diarios que son reducidos a notas de página; por el 60% de mexicanos en la economía informal sin acceso a seguridad social; por los jóvenes que abandonan la educación porque deben trabajar para sobrevivir. Todos estos temas merecen nuestra indignación sostenida, no solo nuestra momentánea consternación.

Delírium Trémens.- El pasado 13 de marzo se publicaron las reformas a la Ley de Amparo. La reforma es tan amplia que es prácticamente otra ley. No olvidemos que con las reformas a la CPEUM del 15 de septiembre (reforma judicial), 31 de octubre (supremacía constitucional) y 31 de diciembre (prisión preventiva oficiosa), todas de 2024, el régimen limitó al máximo el control de convencionalidad, que está a un paso de su anulación. Asimismo, limitó al máximo el control constitucional sobre las leyes, además de otros efectos gravemente regresivos en materia de independencia judicial y en general sobre el casi muerto modelo garantista de control constitucional que había iniciado en México, con las reformas constitucionales de 6 de junio (amparo) y 10 de junio (derechos humanos) de 2011 y con las resoluciones históricas de la Corte con el Varios 912/2010 y las contradicciones de tesis 293/2011 y 21/2011. El juicio de amparo ha muerto; las violaciones a los derechos humanos ya no tendrán reparación. Gracias Morena, PVEM y PT por la regresión. 

@luisglozano