“El fraude. es un golpe
de estado para imponer
a un gobierno usurpador”.
Cuauhtémoc Cárdenas, 1988
La Comisión de Quejas del INE rechazó este 23 de junio aplicar medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el coordinador de comunicación social de la Presidencia, Jesús Ramirez Cuevas, por la presentación de un supuesto documento de un Bloque Opositor Amplio (BOA). Pidió, sin embargo, que los servidores públicos “ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales”.
Este pronunciamiento encendió a John M. Ackerman, académico y comentarista de la televisión gubernamental, esposo de la secretaria de la función pública Irma Eréndira Sandoval y miembro del comité técnico encargado de seleccionar a los candidatos a nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral: “El cinismo y la parcialidad del @INEMexico no tiene[n] límites -escribió en Twitter--. Ayer amenazó con censurar la #Mañanera de @lopezobrador_ si vuelve a hablar de política. Una inaceptable extralimitación de sus funciones que comprueba que efectivamente sí pertenece al BOA”.
¿Por qué habría de ser cínico y parcial que el INE pida a los funcionarios ajustarse a la Constitución? Quizá porque la función de Ackerman no es promover una elección democrática, sino asegurarse de que el partido del gobierno tenga control del INE y gane todas las elecciones.
Para la 4T, el INE es un lujo innecesario. El presidente López Obrador ya declaró: “Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir a sus autoridades”. El INE no es solo “el aparato de organización de elecciones más caro del mundo”, dijo, sino una institución que avaló fraudes en el pasado.
¿Es caro el INE? En términos estrictos, sí. Para el 2020 el Consejo General pidió un presupuesto de 12,493.3 millones de pesos, aunque la Cámara de Diputados le recortó 1,075.5 millones. A esto hay que añadir los 5,239 millones que entrega a los partidos políticos.
El presupuesto, sin embargo, es consecuencia de la ley. La mayor parte de las disposiciones costosas surgieron de exigencias de la izquierda. La fórmula para repartir dinero a los partidos la fija la Constitución. Después de esto, el mayor rubro de gasto, 3,685.6 millones, es la credencial para votar y actualización del padrón de electores. El segundo renglón, 2,755.3 millones, corresponde a las 32 juntas electorales locales y 300 distritales. En tercer lugar, están los 1,262.5 millones para tecnologías y seguridad de la información. Solo en cuarto lugar, con 830.1 millones, viene la organización de elecciones. Este es el monto que habría que comparar con otros servicios electorales en el mundo, y no resulta en realidad tan alto.
Para el presidente López Obrador, sin embargo, el costo es lo de menos. Su objetivo es debilitar a una institución que garantiza la equidad de los comicios. Él sabe que la mayoría de las elecciones que han organizado el INE y el IFE en las últimas décadas han resultado en triunfos de la oposición. Esto lo favoreció a él cuando era opositor, pero hoy es una amenaza para un proyecto transexenal.
El presidente no puede ser ni guardián ni garante de las elecciones, como no lo fue en 1988 el entonces secretario de gobernación Manuel Bartlett, ya que sería juez y parte. Si se quiere un INE más barato, hay que cambiar las leyes. Pero cuidado, porque el IFE y el INE nos han permitido tener una verdadera democracia, con alternancia de partidos en el poder. Ni el presidente ni sus acólitos deben debilitarla para regresarnos al régimen de partido único.
Contracción
El FMI bajó ayer su pronóstico de contracción económica para México en este 2020 de -6.6 a -10.5 por ciento, pero el gobierno sigue destruyendo inversión, como lo ha hecho con la termoeléctrica de 1,200 millones de dólares que Iberdrola iba a construir en Tuxpan.
Twitter: @SergioSarmiento