A 10 años de su aprobación, los estados violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es la conclusión a la que llega el Instituto Mexicano para la Competitividad (imco); según el índice de información de ejercicio del gasto público 2018, las 32 entidades federativas sólo cumplen con el 59 % de los criterios que establece la ley para ejercer los recursos públicos (véase gráfico), lo que ha generado una gran opacidad y ausencia de rendición de cuentas, lo cual se refleja en bajos niveles de credibilidad por parte de la sociedad.
Ejercer los recursos públicos siguiendo lo establecido por la ley es de gran importancia, ya que los gobiernos estatales ejercen el 40 % de los recursos públicos, es el punto de partida para gastar con calidad; el otro criterio es ejercerlo en aquello que genera mayor valor público; una buena noticia, tomando los datos de imco, el 37 % es utilizado para programas sociales, el 31 % se aplica en gasto corriente, 18 % lo transfieren a los municipios, sólo el 6 % es destinado en obra pública y el 4 % para cumplir con los compromisos de deuda.
La ineficiencia gubernamental inicia con la planeación, los gobiernos estatales no saben programar sus ingresos, cada año gastan más de lo que les aprueban los Congresos locales, se endeudan más de lo programado, trabajan con base en la intuición y la improvisación; si la planeación de los gobiernos estatales se realizara conforme a un modelo de políticas públicas, orientadas a resolver los problemas que la sociedad percibe como públicos y que se diseñen con una racional planeación de los ingresos públicos, esa ineficiencia no sucedería.
En esta situación, los Congresos también tienen parte de culpa, en la aprobación de los presupuestos de egresos no existe un análisis técnico, minucioso de la proyección de los ingresos, sus observaciones son superficiales, de carácter político, predomina la negociación a obscuras, donde sólo importan los montos de recursos y no qué problemas públicos se van a resolver en el corto y mediano plazo; la democracia local no ha generado contrapesos en la planeación y ejercicio de los recursos públicos.
Según imco los estados que menos saben planear sus ingresos públicos son: Quintana Roo, Veracruz, Nuevo León, Aguascalientes y Durango; entre los estados que menos saben programar lo que van a gastar en el año son: Chihuahua, Yucatán, Tabasco, Estado de México y Zacatecas; San Luis Potosí se ubica en el lugar número trece del índice, más cerca de los que no saben planear que de los que sí programan sus ingresos; en esta situación se demanda profesionalizar las áreas de finanzas públicas locales.
El problema de una mala planeación de los ingresos públicos locales es que los excedentes que ingresan a la hacienda pública los utilizan los gobiernos locales de manera discrecional, de manera política, sin transparencia; la evidencia empírica muestra que estos son aplicados en gasto corriente y sólo una mínima parte en obra pública, es decir que se utilizan para sueldos, compensaciones, bonos, viáticos y no en servicios como en programas gubernamentales que fortalezcan la infraestructura de desarrollo de las entidades federativas.
La situación es más grave cuando las entidades federativas gastan menos de lo programado en infraestructura, esto sucede en estados como Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Tamaulipas y Veracruz; San Luis Potosí se ubica cercano a la media nacional de los Estados que gastan más en infraestructura, aunque el promedio no es muy alto, es del 1%; esta situación refleja que los gobiernos estatales prefieren gastar en burocracia que en obra pública, lo cual es una evidencia de que la infraestructura para el desarrollo no está en su agenda de prioridades de gasto.
Lo que llama la atención es en qué utilizan los recursos públicos los gobiernos estatales, resulta que los rubros más altos son en gasolina de los automóviles oficiales, ceremonias oficiales de los actos de gobierno, traslados y viáticos de los funcionarios públicos; esto será un presupuesto simulado que oculta actos de corrupción o un derroche de recursos en la gestión de las finanzas públicas; urge poner atención en estos rubros por parte de los órganos fiscalizadores y generar contrapesos de vigilancia desde la sociedad civil.
Sin duda que la ausencia de planeación, discrecionalidad y opacidad en el ejercicio de los recursos públicos es un problema de graves consecuencias para el gobierno y la sociedad; para el gobierno porque no le permite ejercer los recursos con criterios de calidad, gastando en lo que genera un más alto valor público, que resuelva los problemas públicos y para la sociedad, al no recibir beneficios, su credibilidad hacia las acciones de gobierno será muy baja, es urgente atender esta situación.
Un ejercicio de gasto público que genere valor público requiere condiciones estructurales y operativas, en primer lugar es necesario profesionalizar las haciendas públicas estatales, con personal especializado en finanzas públicas y planeación; en segundo lugar funcionar por políticas públicas, es decir, focalizando problemas públicos, poniendo énfasis en aquellos que permitan superar las condiciones de desigualdad social en las que vive la sociedad mexicana y en tercer lugar, operando en transparencia y rendición de cuentas.
En síntesis, la ineficiencia gubernamental estatal tiene una causa, no saben planear sus ingresos y gastos, lo que genera un uso discrecional y político de los recursos públicos, en cuya situación los Congresos no han sido el contrapeso que se requiere para un ejercicio de gasto que genere valor público, esta situación demanda profesionalizar las haciendas publicas estatales, impulsar la transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo fortalecer la capacidad técnica de la sociedad civil para que se convierta en la vigilante del ejercicio de los recursos públicos.
Ejercer los recursos públicos siguiendo lo establecido por la ley es de gran importancia, ya que los gobiernos estatales ejercen el 40 % de los recursos públicos, es el punto de partida para gastar con calidad; el otro criterio es ejercerlo en aquello que genera mayor valor público; una buena noticia, tomando los datos de imco, el 37 % es utilizado para programas sociales, el 31 % se aplica en gasto corriente, 18 % lo transfieren a los municipios, sólo el 6 % es destinado en obra pública y el 4 % para cumplir con los compromisos de deuda.
La ineficiencia gubernamental inicia con la planeación, los gobiernos estatales no saben programar sus ingresos, cada año gastan más de lo que les aprueban los Congresos locales, se endeudan más de lo programado, trabajan con base en la intuición y la improvisación; si la planeación de los gobiernos estatales se realizara conforme a un modelo de políticas públicas, orientadas a resolver los problemas que la sociedad percibe como públicos y que se diseñen con una racional planeación de los ingresos públicos, esa ineficiencia no sucedería.
En esta situación, los Congresos también tienen parte de culpa, en la aprobación de los presupuestos de egresos no existe un análisis técnico, minucioso de la proyección de los ingresos, sus observaciones son superficiales, de carácter político, predomina la negociación a obscuras, donde sólo importan los montos de recursos y no qué problemas públicos se van a resolver en el corto y mediano plazo; la democracia local no ha generado contrapesos en la planeación y ejercicio de los recursos públicos.
Según imco los estados que menos saben planear sus ingresos públicos son: Quintana Roo, Veracruz, Nuevo León, Aguascalientes y Durango; entre los estados que menos saben programar lo que van a gastar en el año son: Chihuahua, Yucatán, Tabasco, Estado de México y Zacatecas; San Luis Potosí se ubica en el lugar número trece del índice, más cerca de los que no saben planear que de los que sí programan sus ingresos; en esta situación se demanda profesionalizar las áreas de finanzas públicas locales.
El problema de una mala planeación de los ingresos públicos locales es que los excedentes que ingresan a la hacienda pública los utilizan los gobiernos locales de manera discrecional, de manera política, sin transparencia; la evidencia empírica muestra que estos son aplicados en gasto corriente y sólo una mínima parte en obra pública, es decir que se utilizan para sueldos, compensaciones, bonos, viáticos y no en servicios como en programas gubernamentales que fortalezcan la infraestructura de desarrollo de las entidades federativas.
La situación es más grave cuando las entidades federativas gastan menos de lo programado en infraestructura, esto sucede en estados como Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Tamaulipas y Veracruz; San Luis Potosí se ubica cercano a la media nacional de los Estados que gastan más en infraestructura, aunque el promedio no es muy alto, es del 1%; esta situación refleja que los gobiernos estatales prefieren gastar en burocracia que en obra pública, lo cual es una evidencia de que la infraestructura para el desarrollo no está en su agenda de prioridades de gasto.
Lo que llama la atención es en qué utilizan los recursos públicos los gobiernos estatales, resulta que los rubros más altos son en gasolina de los automóviles oficiales, ceremonias oficiales de los actos de gobierno, traslados y viáticos de los funcionarios públicos; esto será un presupuesto simulado que oculta actos de corrupción o un derroche de recursos en la gestión de las finanzas públicas; urge poner atención en estos rubros por parte de los órganos fiscalizadores y generar contrapesos de vigilancia desde la sociedad civil.
Sin duda que la ausencia de planeación, discrecionalidad y opacidad en el ejercicio de los recursos públicos es un problema de graves consecuencias para el gobierno y la sociedad; para el gobierno porque no le permite ejercer los recursos con criterios de calidad, gastando en lo que genera un más alto valor público, que resuelva los problemas públicos y para la sociedad, al no recibir beneficios, su credibilidad hacia las acciones de gobierno será muy baja, es urgente atender esta situación.
Un ejercicio de gasto público que genere valor público requiere condiciones estructurales y operativas, en primer lugar es necesario profesionalizar las haciendas públicas estatales, con personal especializado en finanzas públicas y planeación; en segundo lugar funcionar por políticas públicas, es decir, focalizando problemas públicos, poniendo énfasis en aquellos que permitan superar las condiciones de desigualdad social en las que vive la sociedad mexicana y en tercer lugar, operando en transparencia y rendición de cuentas.
En síntesis, la ineficiencia gubernamental estatal tiene una causa, no saben planear sus ingresos y gastos, lo que genera un uso discrecional y político de los recursos públicos, en cuya situación los Congresos no han sido el contrapeso que se requiere para un ejercicio de gasto que genere valor público, esta situación demanda profesionalizar las haciendas publicas estatales, impulsar la transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo fortalecer la capacidad técnica de la sociedad civil para que se convierta en la vigilante del ejercicio de los recursos públicos.