La designación

“Seremos inflexibles en la defensa de las ideas, pero respetuosos en las formas, pues en política, frecuentemente, la forma es fondo”

Jesús Reyes Heroles

Resulta indudable que la renovación de cuatro consejerías -incluida la presidencia- del Instituto Nacional Electoral tendrá algunos efectos, principalmente, sobre la tensión que existe entre el Poder Ejecutivo federal y las autoridades electorales.

En otro momento he advertido que esta tensión no debe ser confundida con antagonismo o rivalidad. No es función de las autoridades electorales, ni de las personas que ocupan un puesto directivo en ellas, el hacer política o convertirse en un contendiente más en la escena de las luchas políticas.

Una de las señales aparentes a las que hay que poner atención se refiere a el repentino relajamiento en el discurso, tanto de quienes en encabezan el gobierno federal y quienes hoy dirigen al Instituto Nacional Electoral. De lo que se desprende que el escenario de aparente tensión no es entre instituciones sino entre personas. Quiero insistir en esta última idea para visibilizar y señalar un fenómeno, en mi opinión, reprobable: imagine usted la cantidad de energía -recursos- que las instituciones emplean -gastan- en gestionar la tensión entre algunas personas.

Hoy quiero realizar un apunte sobre el diseño del procedimiento político que permitió contar -en esta ocasión- con una conformación completa e ininterrumpida del Consejo General del Instituto Nacional Electoral -un lujo que no goza el INAI, las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ni la mayoría de los Tribunales Electorales en las entidades federativas-. 

He sostenido públicamente que el contexto político que antecedió al proceso de designación de las nuevas consejerías del INE incidió, indiscutiblemente, en el resultado final. Hay que recordar que uno de los resultados políticos de la discusión sobre la iniciativa de reforma electoral, fue la polarización en las posiciones políticas de los grupos parlamentarios en disputa. Por una parte, la alianza mayoritaria que promovió la aprobación del Plan b, y por otra, la oposición que enarboló la bandera de la defensa de la democracia y sus instituciones. 

En otro momento hemos explicado que la designación de las consejerías del INE requiere de una mayoría calificada, es decir, del voto aprobatorio de 2/3 partes de las diputaciones presentes en una sesión válida. Como ninguna fuerza política por sí misma, ni tampoco ninguna alianza parlamentaria alcanzaban esa cantidad de votos, el acuerdo -o en el peor de los casos, la negociación- se convirtió en un requisito deseable pero no indispensable.

La designación a través de la insaculación tiene su fundamento en la Constitución, por lo que goza de legalidad plena. Hay quienes han cuestionado la legitimidad en la designación de las personas que han sido investidas con esta responsabilidad. Al respecto hay que recordar que las personas insaculadas participaron en un proceso de evaluación de distintas etapas que fue dejando atrás a personas con perfiles y trayectorias destacables. En lo personal celebro que las cuatro personas que resultaron designadas a través del mecanismo de la tómbola cuenten con experiencia electoral documentada que resulta necesaria para el desempeño competente de la función. 

[Recuerdo esa frase que dice que el primer acto de corrupción lo comete la persona que acepta desempeñar un puesto público para el que no está calificado].

Pero le decía yo que la insaculación es el último recurso que sólo puede emplearse ante la ausencia de acuerdos políticos. Hoy sabemos que algunas fuerzas políticas sí intentaron acordar -o negociar- la designación de las consejerías, pero el resultado final es ampliamente conocido por todos. La insaculación no resta legitimidad alguna a las personas designadas, pero sí demuestra el fracaso de la política. Fracaso del que ninguna de las consejerías tiene la culpa.

Hay una buena noticia en todo esto. La renovación escalonada de la presidencia y de quienes integran al consejo general del INE, tiene como virtud la garantía de la continuidad, ya que se asegura que siempre haya una parte del órgano con experiencia y conocimiento previo de las decisiones tomadas anteriormente. Esto permite una mayor continuidad en el trabajo y evita posibles pérdidas de información o conocimiento. Si me preguntan, creo que habrá algunos cambios en la forma. Y eso será el fondo.

Twitter. @marcoivanvargas