El Nuevo Combate a la Corrupción

En el México contemporáneo se han hecho variados esfuerzos para combatir el flagelo de la corrupción, se han creado organizaciones y se han establecido diseños institucionales para que los diversos actores involucrados en esta tarea se coordinen para realizarla de manera más efectiva.

En esos andares han aparecido fenómenos que han recalado de manera negativa en el imaginario colectivo, y como consecuencia de ello la lucha anticorrupción ha sido vista como algo no del todo fructífero, como son la errónea tarea que socialmente se ha asignado a las Contralorías, la inoperancia y cooptación de las entidades superiores de fiscalización, y más recientemente la burocratización del impulso ciudadano, entre otros.

Desde la llamada Renovación Moral de la Sociedad, y la consecuente creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), hoy Secretaría de la Función Pública, quedó la percepción de que esta institución sería la encargada de perseguir delincuentes de la burocracia y meterlos a la cárcel. Y con mucha razón, pero no toda.

La Secretaría de la Función Pública, y las Contralorías en los Estados y Municipios, si bien es cierto que en sus estructuras tienen responsables que investigan hechos de corrupción, y desahogan los procesos jurídicos para determinar sanciones administrativas, o bien integrar expedientes para turnarlos a las autoridades en materia penal, la realidad es que éste debe ser el último eslabón de la cadena.

¿Por qué afirmo lo anterior? Si las Contralorías tuvieran como principal quehacer el encarcelar delincuentes de la burocracia, se daría por hecho de que no hay nada por realizar para prevenir las irregularidades, dejando que los dineros y recursos se pierdan sin ningún enfado, y como se dice coloquialmente, sería andar “tapando el pozo cuando el niño ya está ahogado”.

La principal tarea de las Contralorías debe ser el establecimiento de controles internos, es decir, el estudio detallado de todos los procesos críticos de las organizaciones públicas, para detectar áreas de mejora y situaciones de riesgo, y en consecuencia instrumentar acciones precisas y contundentes que eviten la distracción de recursos o hechos corruptos, como licitaciones amañadas, mordidas, desvíos, sobornos, tráficos de influencias, etc.

Por otro lado, las entidades superiores de fiscalización, llamadas Auditorías Superiores, siguen estando sujetas a la cooptación de grupos políticos al mantener cierta dependencia de las Comisiones de Vigilancia de los Congresos Federal o Estatales, al tiempo de que internamente los dirigentes de estas organizaciones hacen y deshacen en lo operativo, sin una clara rendición de cuentas.

En relación a la burocratización de la ciudadanía, basta con hacerle una pregunta estimado lector, ¿sabía que Usted preside los esfuerzos anticorrupción en el país?, pues sí, hubo una convocatoria nacional para que cualquier ciudadano se integrara el Comité de Participación Ciudadana, y a su vez presidiera el Sistema Nacional Anticorrupción, que es un organismo que trata de coordinar a todas las instituciones involucradas en el tema, y que es la representación de todos los ciudadanos mexicanos en el combate a la corrupción. Y eso pasa de manera similar en cada entidad federativa.

Esta tarea ciudadana, si no imposible, la realidad es que resulta sumamente complicada, puesto que se inserta al ciudadano a un esquema burocrático,  donde por cierto en la gran mayoría de los casos es bien pagado, a que entienda toda la lógica y lenguaje gubernamental, impulse políticas, pero no tenga los “dientes” para hacerlas cumplir. Bonita cosa.

En mi opinión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) debieran desaparecer como hoy los conocemos, quizá en unos dos o tres años, cuando la coyuntura permita repensar las cosas de mejor manera y desplegar una iniciativa sólida y de consenso, y que las Contralorías se enfoquen primordialmente al control interno, a la prevención.

La propuesta que pongo en la mesa, y que retoma diversas ideas y pareceres, es que se cree un Instituto Nacional Anticorrupción, que absorba a la ASF y a las auditorías locales, como un organismo constitucional completamente autónomo, y que tenga un Consejo Directivo Ciudadano conformado por especialistas en el tema, para que decididamente actúe con toda la fuerza de la ley, de manera imparcial y rindiendo cuentas a los mexicanos de frente a la nación. 

Eso sería el inicio de un nuevo combate a 

la corrupción.

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