Justicia ambiental bajo amenaza
(1era parte)
“Una sociedad que no puede garantizar aire limpio, agua potable
y suelo fértil, no está fallando
en el medio ambiente;
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está fallando en todo.”
— David Suzuki
En México, el equilibrio entre democracia y justicia camina sobre una cuerda floja. La reforma judicial, aprobada con estruendo y aplaudida como un avance democratizador por algunos sectores, como lo hemos dicho aquí, revela en realidad un profundo retroceso que amenaza con debilitar no solo la imparcialidad del Poder Judicial, sino también el acceso efectivo a la justicia ambiental y climática en nuestro país. Y es que cuando se trastocan las bases institucionales sobre las cuales descansan los derechos fundamentales, no se trata de una reestructuración administrativa, sino de una herida abierta al Estado de Derecho.
Desde el 15 de septiembre de 2024, fecha en que fue publicado el Decreto de reforma constitucional del Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación, una inquietud legítima ha recorrido los sectores que defienden los derechos humanos, y particularmente, quienes desde la sociedad civil trabajamos por la justicia ambiental. La preocupación no es menor: ¿cómo confiar en un sistema judicial debilitado para hacer frente a los intereses que devastan ecosistemas y comunidades?
México cuenta con un marco legal ambiental robusto, fruto de luchas históricas, convenios internacionales y jurisprudencia progresista. La Constitución, leyes secundarias y tratados como el Acuerdo de Escazú o la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocen que el derecho a un medio ambiente sano no es una aspiración simbólica, sino una obligación jurídica concreta. Pero un buen marco normativo es letra muerta si no se acompaña de instituciones capaces, independientes y con la preparación técnica necesaria para hacerlo valer.
El acceso a la justicia ambiental es, por naturaleza, complejo. Los daños al medio ambiente no se presentan con la claridad de un contrato incumplido o un agravio directo. Son acumulativos, lentos, muchas veces invisibles y casi siempre desiguales. ¿Cómo demostrar en juicio que la calidad del aire enfermó a una comunidad entera? ¿Cómo probar que una política pública negligente causó el colapso de un ecosistema? Estos desafíos no solo requieren leyes, sino jueces y juezas formados en estas materias, sensibles a las asimetrías de poder entre grandes corporaciones y comunidades afectadas, y comprometidos con una justicia transformadora.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha reconocido expresamente: los modelos clásicos de justicia no bastan para proteger el derecho al medio ambiente. Se requieren enfoques procesales innovadores, interpretaciones garantistas y una perspectiva interseccional que entienda que la lucha ambiental es también una lucha por los derechos humanos.
En este contexto, la reforma judicial del 2024 no solo resulta insuficiente: es un torpedo bajo la línea de flotación del sistema. La eliminación del requisito de carrera judicial y la apertura a la elección directa y popular de jueces, magistrados y ministros, rompe con los estándares mínimos internacionales de independencia y profesionalismo judicial. Como si bastara un ensayo de tres cuartillas y cinco cartas de recomendación para impartir justicia en un país donde el litigio ambiental requiere peritajes, conocimiento técnico y profundidad jurídica.
¿A quién beneficia un Poder Judicial sin filtros técnicos? ¿Quién gana con la politización de los nombramientos judiciales? ¿Cómo espera el Estado mexicano cumplir sus obligaciones ambientales si los juzgadores carecen del perfil necesario para interpretar y aplicar con seriedad estos derechos?
La reforma borra de un plumazo décadas de construcción institucional. Antes, para llegar a una magistratura se exigía experiencia, conocimiento del despacho judicial, exámenes orales, cursos de formación, simulaciones de audiencias y estrictos concursos de oposición. Ahora, basta con acreditar unos años de ejercicio profesional, sin siquiera necesidad de haber pisado un tribunal.
El resultado es un debilitamiento estructural del Poder Judicial. Y en materia ambiental, esto tiene consecuencias graves. No se trata solo de que los jueces carezcan de herramientas técnicas; se trata de que las comunidades que luchan contra megaproyectos, que denuncian deforestaciones ilegales o que exigen medidas ante la crisis climática, se quedarán sin jueces preparados y sin tribunales confiables.
Delírium trémens.- Cuidar el arbolado urbano es cuidar la vida: limpia el aire, reduce el calor, previene inundaciones y mejora nuestra salud. Talarlos sin razón es atentar contra el futuro de la ciudad.
@luisglozano
