La reforma administrativa del gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona
Por las declaraciones que ha hecho a la prensa el gobernador electo del Estado, José Ricardo Gallardo Cardona, nos damos cuenta qué, una vez instalado en el poder, realizará reformas a la administración pública estatal. Y sí que hace falta esta reforma, ya que como esta funcionado en la actualidad, esta, la A.P., se ha convertido en un aparato burocrático obeso, ocioso, obsoleto, y costoso... Esto impedirá, al hoy ejecutivo electo, cumplir con su misión de Gobernar, y al pueblo, lo seguirán privando de los servicios y obras indispensables para su desarrollo pues un 80% aproximadamente, del presupuesto de egresos, se destina a servicios personales.
Dos han sido los gobernadores que han emprendido sendas reformas de mejora a la A.P., Carlos Jongitud Barrios (1979/1985) y Horacio Sánchez Unzueta (1993/1977). A Don Carlos, le debemos la primera Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de S.L.P. A diez días de haber iniciado su mandato, promovió ante el Congreso del estado esta Ley, que transformo todo el espectro administrativo y lo empato con la federación, ya que el presidente López Portillo y el Congreso de la Unión desde 1976, derogaron la anquilosada Ley de Secretarías y Departamentos de Estado que databa de 1917, y legislaron la primera Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El gobernador Jongitud, aparte de innovar la A.P. fue un gran constructor de obra pública y no contrajo deuda pública. En su tiempo, ejercimos una crítica constante por su forma arbitraría y prepotente de ejercer el poder, y por presumibles actos de corrupción. Pero al tiempo, y comparándolo con los gobernadores de los últimos veintiún años, Jongitud pasa a ser un San Francisco de Asís. Fue un Hombre de Estado.
Por su parte al gobernador Sánchez Unzueta, le toco sortear, --como en los tiempos actuales, le tocará sortear al recién electo Gallardo Cardona---, tiempos difíciles. De 1985 a 1997, (dos períodos constitucionales) gobernaron al estado potosino seis gobernadores, incluyendo a él, que, aunque fue electo constitucionalmente, solo gobernó cuatro años y cuatro meses. San Luis Potosí vivió en esos años difíciles procesos de pugnas políticas, conflictos poselectorales, con los consecuentes efectos de deterioro político, agudización de la crisis económica a nivel nacional, e internacional y debilitamiento de las instituciones de gobierno. Un panorama, --guardando las proporciones del caso--, muy similar al que se enfrentará el gobernador electo, con una crisis económica y con la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID 19. Aparte de una A.P, históricamente quebrada en sus finanzas y endeudada.
No obstante, lo anterior, la prioridad de Sánchez Unzueta fue restituir la institucionalidad en el espacio político de la entidad, fortalecer y reorganizar al aparato administrativo del gobierno y restablecer los mecanismos de interlocución con el pueblo. En lo referente a la A.P., esta tenía grandes deficiencias principalmente en tres aspectos: a) marco jurídico, b) estructura funcional y c) sistemas de control y gestión.
En lo que respecta al marco jurídico y a la estructura funcional; se tenían grandes rezagos, el 42 % de los ordenamientos jurídicos databan de 1970. Con esas leyes obsoletas, imposible establecer la reciprocidad, que debería existir, entre el marco jurídico estatal y el existente a nivel federal, para poder concretar, los convenios de colaboración federación /estado. Ante esta situación el gobernador, se dio a la tarea de iniciar ante el congreso nuevas leyes y reformas a las ya existentes. Logrando también, necesarios cambios en la Constitución Local, que no se había modificado desde 1943. En estas reformas constitucionales, entre otras, se dio origen a las Instituciones del Referéndum y el Plebiscito, con el objeto de que contribuyeran a la ampliación del poder del Pueblo. Se estableció también la segunda vuelta electoral en las elecciones municipales. En lo referente a la estructura funcional, se legislo toda una reforma administrativa con nuevas leyes, entre otras: la nueva Ley Orgánica de la AP del Estado, la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, la Ley Deuda Publica y la Ley de Entrega Recepción.
En la nueva Ley O. de la A.P. se redujo notoriamente el exceso de dependencias y entidades de la AP., solo como ejemplo: la ley anterior, contemplaba trece secretarías de estado, quedando reducidas, en la nueva ley, a seis y la Oficialía Mayor, se suprimieron todas las subsecretarías y lógico, al reducir el número de secretarias, disminuyeron en un 60% los puestos de confianza. Al personal de base no se le tocó. Su gran obra fue Legislativa, en pocas palabras, blindó jurídicamente al Estado, para evitar en lo futuro, actos de corrupción y complicidades entre los sectores público y empresarial y lo más importante, tener una AP, eficiente, eficaz y económica. Todo este esfuerzo legislativo, logrado por el ejecutivo y la quincuagésima cuarta legislatura, fue en gran parte, gradualmente desmantelado por los gobernadores y legislaturas posteriores, confabulándose entre sí, pues les impedía, tener “manga ancha” para lograr sus intereses cupulares.
El hoy gobernador electo, Gallardo Cardona, suponemos, con base en las declaraciones que ha hecho a la prensa, que debe tener un diagnóstico del funcionamiento actual de la AP. No ha anunciado reformas legislativas, pero si, importantes estrategias que llevará acabo en los primeros cien días de su gobierno y que atañen principalmente, a los recursos públicos: humanos y financieros, como son: Una Reingeniería Laboral y Administrativa y una Nueva Cultura Laboral.
Su objetivo principal es la revisión al personal de confianza: directores generales, de área y los secretarios particulares y demás ayudantes que conforman el staff de los funcionarios. Al personal de base no lo tocará. Estas estrategias le permitirán, --según ha declarado--, dar un mejor servicio a la ciudadanía y ahorrar recursos financieros; considera, que actualmente está abultada la plantilla del personal, pues el 60% del presupuesto se va en la nómina de los servidores públicos. Con estos planteamientos, agrega, podrá atender sus prioridades en los renglones de salud, seguridad y desarrollo social. (Pulso de SL. 9/VII/21).
Han declarado él y su futuro secretario general de gobierno, que los ahorros en nómina se destinarán a obras de relevancia y programas sociales para las familias de los cincuenta y ocho municipios. Además, en esos cien días, se renovará a la policía estatal, se le capacitará y se le dotará de equipo para recuperar la seguridad. También ha anunciado una revisión minuciosa de las finanzas públicas y que no será tapadera de nadie, se denunciará hasta el último desfalco. (Pulso de SL. 21/VIII/21)
Para lograr su reforma a la AP., el gobernador electo, tendrá que fijarse metas; inmediatas, mediatas y a largo plazo. En lo inmediato, la Reingeniería Laboral y Administrativa, no tendrá mayor problema, está dentro de sus facultades y atribuciones, nombrar y remover libremente a los servidores públicos de confianza. Con la mejora a la AP., igual, el ejecutivo puede iniciar ante el Congreso, toda la legislación que crea pertinente. Con la pretendida –nueva cultura laboral--, que atañe al personal, tanto de confianza como de base, aquí sí tendrá su primer encuentro complicado con los sindicatos, la burocracia siempre se ha resistido a los cambios y los líderes sindicales, defienden a ultranza a sus agremiados, esto sería lo mediato. Y, a largo plazo, deberá fijar su atención en los sistemas de control y fiscalización.
Para el mejor logro de estas estrategias, nos permitimos sugerir al gobernador electo. En lo inmediato, que inicie ante el congreso, la esperada y necesaria Ley del Servicio Civil de Carrera, en los tres poderes y --con las adecuaciones del caso--, para los Órganos Autónomos Constitucionales. Evitando así la pesada carga en sueldos y prestaciones y que entren al servicio público, el personal estrictamente necesarias y que tengan el perfil requerido,
Al mediano y largo plazo; también nos permitimos sugerir: Una revisión exhaustiva a los órganos de control y fiscalización y que de verdad tenga la VOLUNTAD, de acabar con la impunidad y la corrupción. La contraloría general del Estado no ha funcionado, ¡¡qué porque su acción es preventiva y no punitiva!!... ¿?. Pues ninguna de las dos cosas, y no porque no se pueda, --es que no se quiere—El sistema Estatal Anticorrupción, tampoco esta funcionado, ni funcionará. Y la Fiscalía “independiente”, tiene sus archiveros llenos de expedientes, para todo solo se “abre una carpeta de investigación”, y se “llegará hasta las últimas consecuencias”. Y se archiva, y no porque no se pueda, ni se quiera. No hay VOLUNTAD para combatir la impunidad y la corrupción. Saludamos al gobernador electo y le deseamos éxito en su gestión.
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