La responsabilidad política
Imagine un país en el que las leyes se encuentran escritas, pero que carece de autoridades para hacerlas efectivas. Esa situación hipotética se asemeja mucho a el estado actual de las cosas en algunas instituciones democráticas de nuestro país, que hacen efectivos los derechos políticos de la población.
Probablemente usted ya ha escuchado la situación actual en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -INAI-, cuyo órgano máximo de dirección debería estar integrado por 7 personas comisionadas que son designadas por el Senado de la República. Desde el mes de abril del 2022 el Pleno del INAI estuvo sesionando con 5 personas comisionadas, ya que había concluido el periodo en funciones de 2 comisionados; pero pasado 31 de marzo concluyó el periodo de otra persona comisionada por lo que actualmente el pleno está integrado por cuatro personas. El problema viene en que el Senado ha sido omiso en designar a estos 3 puestos que hacen falta en el organismo. De acuerdo con la ley, el Pleno puede sesionar si cuenta con la presencia de 5 personas comisionadas, por lo que no existe el quórum legal para poder celebrar estas sesiones. A la fecha, se estima que el INAI tiene un rezago de unos 6 mil recursos provenientes de personas que se encuentran a la espera de que alguien pueda hacer efectivo el ejercicio de sus derechos constitucionales.
Hace un par de días los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazaron la apertura de un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para poder realizar estos nombramientos. Algunos hablan de que el INAI sería la siguiente institución en ser reformada y, a su juicio, esta es la razón por la que el senado no debe realizar estas designaciones. Respetuosamente le digo, me parece una impostura que una eventual reforma sea razón suficiente para dejar sin funcionar a esta institución fundamental del estado mexicano. No hay que olvidar que una reforma al INAI podría requerir de una mayoría calificada capaz de modificar la Constitución. Desde hace ya varios meses hemos visto que no existen condiciones políticas de consenso entre las fuerzas presentes en las cámaras que puedan hacer esto posible. Ahí tiene el ejemplo de la reforma electoral.
Otro caso es el de los tribunales electorales en las entidades federativas, así como en 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde hace ya un par de años, el senado ha sido igualmente omiso en realizar la designación de las magistraturas vacantes en la gran mayoría de los tribunales electorales en los estados. Son unos 35 los nombramientos pendientes a la fecha. Por mencionar algunos ejemplos, el Tribunal Electoral de Tabasco solo tiene a una magistrada -de tres necesarias-, 26 de los tribunales en los estados se encuentra incompletos y sesionan sin la totalidad de las magistraturas o con la participación de personas de forma provisional. Este rezago no es de los últimos meses, insisto, ya son un par de años.
No dejo de pensar en la responsabilidad política de estas omisiones que no recibe sanción alguna. Me queda bastante claro que las actuales condiciones de diálogo y conciliación política entre las fuerzas en el Senado se encuentran deterioradas. La aritmética política obliga a las fuerzas a establecer acuerdo con otras bancadas sin embargo esto no ha ocurrido. Quizás por desinterés, quizás por ineficacia. Quisiera pensar que estas omisiones no son actos deliberados en contra del pueblo de México y de sus derechos políticos.
No hay sanciones ante estas omisiones. Hemos sabido ya de sentencias judiciales que han ordenado al senado a realizar estas designaciones, sin embargo, algo anda mal en nuestro diseño constitucional, que no ha dotado de eficacia a estas sentencias para que puedan ser cumplidas. Ahora que se aproxima la temporada en la que distintos personajes buscan acceder a candidaturas, la temporada de las campañas proselitistas, la temporada en que la campaña por la presidencia de la República absorberá la atención pública sobre otros aspectos de la vida nacional, no hay que perder de vista que algunos de estos actores políticos pueden ser responsables, por acción u omisión, de que las instituciones del estado mexicano que garanticen derechos políticos, encuentren incompletas.
Algo anda mal en nuestro país. No se asume responsabilidad política.
@marcoivanvargas
