“El miedo y la sola desconfianza
del inocente, indican la quiebra
de la justicia penal”
Ferrajoli
Derivado de las festividades de año nuevo, la ciudad de SLP tuvo un incremento significativo en emisiones de contaminantes de dióxido de azufre, dióxido de carbono y en partículas de tamaño inferior a las 10 y 2.5 micras, es decir, 4 veces la polución promedio, esto fue ocasionado por las casi 28 toneladas de fuegos artificiales que circularon por “tradición” (Pulso 2.01.2020).
La anterior situación, incluso fue motivo de diferencias entre las administraciones de SLP y la conurbada de Soledad, toda vez, que la segunda reiteró su prohibición a seguir permitiendo la quema de fuegos artificiales en su demarcación, a lo que la primera calificó de absurdo por tratarse de “tradiciones”, en el mismo sentido el jefe del cuerpo de bomberos señaló “no todas las tradiciones son benéficas”.
El interés de esta columna no es analizar el dilema derivado entre “las tradiciones pirotécnicas” frente al derecho humano a un ambiente sano, sino el de retomar otro tema que presenta tensiones similares, como lo es, la polución ocasionada en la producción del ladrillo de forma tradicional en el valle de SLP, generalmente, por familias de la periferia de escasos recursos. Un tema ya desarrollado en mis colaboraciones para esta misma casa editora en fechas 22 y 29 de noviembre de 2019.
Decíamos entonces que la SEGAM (Secretaría de Ecología en SLP), había señalado su intención de iniciar acciones criminales en contra de estos productores, ya que se niegan a usar combustible ecológico, y la reubicación de las ladrilleras adolece del interés de las alcaldías.
Al igual que los artesanos pirotécnicos, el ladrillo ha sido cocido por sus productores durante décadas, incluso mucho antes que en México operaran normas técnico-ambientales, según los datos del Coneval y el Inegi, se trata de familias que entran dentro de la clasificación de pobreza extrema en su mayoría, sobre todo en las comunidades semi-urbanas de la periferia.
Como verá, no estamos hablando de consorcios mineros nacionales o extranjeros, sino de familias en situación de vulnerabilidad, sin duda, algo que empata con el pensamiento del sociólogo Durkheim, cuando señalaba, sería ingenuo disaciociar el delito (en este caso ambiental) de la pobreza, cuando está jugando la estructura social, y recordemos que México es uno de los países más desiguales en la distribución de la riqueza en el mundo, lo que es lo mismo, tod@s somos responsables en alguna medida.
La propuesta de criminalizar a las familias de ladrilleros es desproporcional, en cuanto peca de ceguera al ignorar que se está en presencia de los llamados “delitos de mercado”, ósea, están presentes -aparte de los productores- los consumidores, véase empresas constructoras e inmobiliarias (recordemos que SLP hasta hace poco vivió un “boom” en la construcción de vivienda residencial), incluso el consumidor final que podía acceder a altos créditos bancarios.
Como verá “la hebra siempre se rompe por lo más delgado”, en tanto por la falta de innovación y visión de las autoridades ambientales, si en verdad fueran “policy markers” estarían diseñando una tributación especial a constructores, inmobiliarias o consumidores finales, que pudiera dotar de la tecnología ecológica necesaria para no emitir los peligrosos contaminantes, en lugar de criminalizar la pobreza.
No cabe duda, que lo peor que le puede pasar a una sociedad democrática son las “regresiones autoritarias”, es de suyo inaceptable un Derecho Penal Máximo propiciado por autoridades administrativas sin contrapesos, aparejado de un Estado Social Mínimo, donde no emplea el mínimo de recursos para lograr un bienestar general.
Mira que en lugar de diseñar políticas públicas ambientales (que obvio cuestan al erario), la única ocurrencia de la Secretaría de Ecología en SLP sea meter pobres a la cárcel, que poca creatividad insisto.
El próximo viernes las y los espero con la conclusión de esta temática.
carloshernandezyabogados@hotmail.com