LAS CANALLADAS TRICOLORES

La convocatoria para elegir nueva dirigencia estatal del PRI es una canallada. Y por ello, lo será también en automático el resto del proceso que con gran cinismo ha sido montado para beneficiar a Sara Rocha en específico. 

Para empezar, sin que sea lo más importante pero que sirve bien para ejemplificar el nivel de desfachatez alcanzado, baste el hecho de que la convocatoria concebida para beneficiar a Sara Rocha está firmada por Sara Rocha. Es decir, ella la concibió, la redactó y la tuvo por buena. No es algo contrario a los estatutos, pero en tanto que podía haberse evitado, con la firma de un delegado general del CEN, por ejemplo, constituye buena muestra, ya lo decíamos, del grado de agandalle aplicado.

De acuerdo a la normatividad estatutaria, el plazo mínimo que debe transcurrir entre la publicación de la convocatoria y el registro de candidaturas es de 72 horas. El documento se fijó en estrados el lunes a las 14 horas con 59 minutos, y la recepción de solicitudes de inscripción se abre hoy jueves a las 15:00 horas. Es decir, ni una hora más. Vamos, ni un minuto más. Peor aún, se hizo lo contrario: los formatos que hay que rellenar para solicitar la inscripción, estuvieron disponibles hasta el martes, con lo que el plazo real se redujo a 48 horas.

Aunque gran parte de su contenido era previsible por responder a la legalidad interna, siempre hay particularidades que, en este caso, la única que las conocía era quien la formuló y expidió. Sí, claro, Sara Rocha.

Una de esas "particularidades" es que el proceso en su conjunto será conducido por la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI), que ejerció su facultad de atracción para dejar fuera a la Comisión Estatal de lo mismo, con el argumento de que su período de ejercicio ya concluyó y por lo tanto carece de facultades para actuar. La petición de que interviniera la Comisión Nacional fue de Sara Rocha. Además, en su afán de asegurarse el canallesco control de todo el procedimiento, la tarea la cumplirá un "organismo auxiliar" de la CNPI, cuyos integrantes fueron propuestos por Sara Rocha, para vigilar y controlar el trámite en el que se elegirá presidenta a Sara Rocha. De no creerse.

Pero como dice el dicho, no hay dicha completa: sucede que al Consejo Político Estatal que será el que elija la nueva dirigencia el próximo sábado, también ya se le venció su plazo legal de ejercicio, de tal suerte que en estricto sentido y con la misma lógica, no puede hacer la elección.

LA PORQUERIZA

Entre los requisitos para registrarse en la competencia, hay tres digamos de cajón, pero cuyo cumplimiento antes siempre había que acreditar aquí, localmente. Esta vez, según la convocatoria firmada por Sara Rocha para elegir a Sara Rocha, deben acreditarse en la Ciudad de México, ante distintas instancias del Comité Ejecutivo Nacional.

Se trata del pago de cuotas partidistas, la obtención de una carta de militancia y aprobar un examen de conocimiento de los documentos básicos del partido. Durante el martes, un priista astuto, nomás para ver cómo estaban las cosas, llamó a la Secretaría de Finanzas del CEN para preguntar si podía pagar sus cuotas mediante transferencia electrónica y a qué número de cuenta. La respondieron que no tenían ni la menor idea de lo que les estaba hablando, pero que preguntarían y en un rato le devolvían la llamada. Hasta ayer a media mañana no había obtenido ninguna respuesta.

Para mayor perversidad, por no decir otra cosa, los documentos que acrediten el cumplimiento de los tres requisitos anteriores, dispone la convocatoria, deben estar firmados por los titulares a nivel nacional de las instancias respectivas. Es decir, el pago de cuotas debe darlo por cumplido única y exclusivamente el secretario de Finanzas del CEN; la carta de militancia debe firmarla el Coordinador Nacional de la Coordinación Nacional (así dice la convocatoria) de Afiliación y Registro Partidario del CEN, y la constancia de haber aprobado el examen de conocimientos la debe rubricar el presidente nacional del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles. Con cualquiera de los tres que esté ausente un par de días, ya no se pudo.

En distinto pero similar terreno, a los aspirantes se les exige que para poder registrarse deben contar con diferentes tipos de apoyos. Por ejemplo, deben respaldarlos tres de los siete sectores y organizaciones priistas, pero no sus dirigentes locales sino única y exclusivamente sus líderes nacionales que, igual, no es tan fácil encontrarlos y sacarles la firma, sobre todo si tienen instrucciones en contrario.

Otro apoyo válido para obtener el registro es el 20 por ciento de los integrantes del Consejo Político Estatal, que hasta hace una semana estaba integrado por 420 personas, pero el martes apareció una lista actualizada con 30 menos, "rasurados" con criterios que solo Sara Rocha y cómplices tienen claros. Aquí también, el lapso para obtener las 80 firmas se redujo a 48 horas.

Con todo, hay cabos sueltos que pueden ser una buena base para impugnar el documento y vía judicial echar por tierra la mascarada, aunque el saldo final podría ser el mismo que ahora busca Alito Moreno. Si eventualmente el Tribunal Estatal Electoral o el federal anulara el amañado proceso en marcha, al quedar acéfalo el Comité Directivo Estatal el Nacional tiene facultades para designar a dedo una dirigencia provisional. Nadie duda que la designada sería Sara Rocha.

¿Por qué? Porque en su esquema de apoderamiento -y seguramente también de mercadeo- de las mejores candidaturas en juego el año entrante, Alito necesita el control territorial que representan las dirigencias estatales en todo el país. El "botín" está compuesto por las primeras candidaturas plurinominales al Senado, a la Cámara de Diputados y a los congresos locales, así como algunas de las gubernaturas y no pocas alcaldías cotizadas donde el tricolor mantiene intenciones de voto competitivas.

DIFÍCIL DE ENTENDER

El Partido Revolucionario Institucional nunca ha sido un modelo de respeto a su propia legalidad interna, pero a lo largo de los años aprovechó la experiencia acumulada para cada vez hacerlo de manera menos grotesca. Además, dadas sus precarias condiciones actuales en cuanto a intención de voto, muchos supondríamos que, en el caso potosino, el propósito sería salir del sopor prevaleciente con Elías Pesina y entrar en una dinámica de trabajo más intenso. Unos cuantos puntos porcentuales más en las urnas del año próximo se traducirían en una presencia mayor y más influyente por lo menos en el Congreso de la Unión.

Con lo que estamos presenciando aquí en San Luis, queda claro que se trata de ampliar los márgenes de maniobra de la dirigencia nacional que encabeza Alito Moreno para, vía un grosero agandalle, quedarse el año próximo con el mayor número posible de cargos de elección popular, y medrar, crudamente medrar, con las migajas partidistas los próximos años.

Al tomar las decisiones relativas a San Luis Potosí que están en curso, Alito, Sara Rocha y corifeos lo que menos tuvieron en cuenta fueron los intereses legítimos de la militancia, cualquiera que sea su tamaño, y optaron simple y sencillamente por los suyos propios.

Sara Rocha es actualmente dirigente interina; al ser electa el sábado próximo se convertirá en sustituta para completar el ejercicio de Pesina y Yolanda Cepeda hasta febrero del año próximo, pero como en esas fechas se estará ya en pleno proceso electoral podrá quedarse en el cargo hasta julio o agosto del 2024. Se tendrá que abrir luego un nuevo proceso para elegir dirigencia por cuatro años, y nada impide a Sara postularse y ser electa.

Por ahora, ante la falta de certeza en cuanto a alcanzar el voto favorable de la mitad más uno de los 390 consejeros, la estrategia es tan simple como cavernícola: que solo una planilla -la de Sara Rocha, obviamente- cumpla con los requisitos y quede registrada. En ese caso, ya no hay votación y por default se entroniza a la única subsistente.

Según los expertos, desde la convocatoria misma podría impugnarse y echarse abajo ya, pero no parece haber nadie interesado en hacerlo. El desánimo es muy extendido. Es más fácil prever nuevas y numerosas deserciones hacia otros partidos. 

COMPRIMIDOS

Durante la última gira del presidente López Obrador a tierras potosinas, lo más relevante en términos de compromisos fue el de concluir para dentro de un año la modernización de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, y la posibilidad de restablecer el presupuesto para ampliar y arreglar el aeropuerto de Tamuín. En este último caso el mayor problema a vencer se llama Gastón Santos, quien probablemente sea el huasteco más difícil a la hora de negociar.

Por cierto, durante esa misma visita presidencial ocurrió en Xilitla algo muy curioso. La víspera, el alcalde xilitlense fue llamado por el gobernador Gallardo Cardona, quien lo instruyó para que organizara una cena el viernes con otros presidentes municipales y algunos personajes de la región, a la que asistiría AMLO. Para esa misma noche, Gabino Morales convocó a los alcaldes a otra cena en lugar distinto. El titular del Ejecutivo Federal no salió de su hotel y cenó únicamente acompañado del Subsecretario de Egresos de Hacienda. Así, a la misma hora, RGC y compañía cenaron en la Posada James; Gabino y acompañantes en el restaurante Cafetos, y el Presidente y su acompañante en el Paraíso Encantado. 

Ahora que diversos intereses han entrado en juego para reconvertir la delegación de Pozos en municipio, los involucrados deberían, con toda honestidad, formularse unas pocas preguntas: ¿Qué favorece más a la gobernabilidad de un estado, un mayor o un menor número de municipios? ¿Los recursos globales de la entidad se distribuyen mejor en Oaxaca con 570 municipios o en Baja California Sur con 5? ¿En cuánto se va a incrementar el costo de la administración pública en Pozos al constituirse un ayuntamiento en toda regla?

¿Cómo le va a hacer ahora Gallardo para estar friegue y friegue a Galindo con el tema del agua si en la mañanera de ayer el Presidente y el Director General de Conagua avalaron lo que está haciendo en esa materia? Saaabe, decimos por acá. 

Hasta el próximo jueves.