Las cosas como son. Colofón
“Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad”. Séneca
La reforma judicial marcará un antes y un después en nuestro país. La elección popular de jueces, magistrados y ministros es una aspiración democrática, pero también un experimento arriesgado. Inspirado en mi anterior colaboración “Las cosas como son”, me resulta inevitable cuestionar si el voto popular puede garantizar tanto la excelencia técnica -conocimiento del derecho-, la independencia y la imparcialidad de la judicatura.
La elección del Poder Judicial es cuestionable por la baja participación ciudadana -alrededor de 10% del padrón electoral al eliminar voto nulo y en blanco- y el uso de listas de apoyo -acordeones-, que favorecieron ciertos candidatos. Aunque el INE validó el proceso, la coincidencia del 85% entre los ganadores y los promovidos en estos materiales genera duda razonable sobre la legitimidad del resultado -el voto debe ser universal, libre, personal, directo y secreto- y el riesgo de una justicia influenciada por intereses políticos.
El sociólogo Alfredo Figueroa advierte que eliminar rigurosos filtros técnicos para favorecer la participación ciudadana, abre la puerta a la politización de la justicia, permitiendo que intereses partidistas sustituyan criterios de idoneidad. A su vez, el exministro José Ramón Cossío subraya que la reforma judicial debe ir acompañada de mecanismos sólidos de evaluación y control interno; de lo contrario, la elección popular podría derivar en un proceso que comprometa tanto la independencia como la calidad profesional de la judicatura.
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También diversas investigaciones evidencian que el Poder Judicial arrastra desde sus orígenes deficiencias estructurales notorias, como la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la débil transparencia en sus procesos internos y la politización de decisiones históricas. En la obra de Héctor Fix-Fierro, “El poder del Poder Judicial y la modernización jurídica en el México contemporáneo”, se documenta cómo este legado adverso ha contribuido a una crisis persistente de confianza y resalta la urgente necesidad de una reforma profunda del sistema de procuración de justicia en su conjunto.
Además, el sistema de procuración de justicia también tiene graves problemas de nepotismo. Esta realidad mantiene la desconfianza persistente entre la ciudadanía, debilitando la credibilidad de las instituciones encargadas de administrar justicia.
Desde la política y la administración pública, este cambio implica modernizar la gestión en la procuración de justicia, pero también exige implementar procesos de evaluación integral. La experiencia internacional demuestra que sin criterios técnicos rigurosos, un sistema basado únicamente en el voto popular trasladará los riesgos de la manipulación política a una institución que es indispensable para preservar el Estado de Derecho.
Nos enfrentamos a un desafío inédito: repetir el ejercicio de la participación ciudadana en la elección de jueces, y con ya consumado, diseñar un sistema híbrido que combine la transparencia del debate público y el voto directo con rigurosas evaluaciones especializadas a quienes impartirán justicia, además de una transformación profunda de todo el sistema.
Es imperativo evitar que la reforma se convierta en una mera instrumentalización política, y aprovechar la oportunidad para fortalecer la justicia integrando controles internos que protejan su autonomía y competencia.
Dados los antecedentes históricos de nuestro sistema de procuración de justicia, hoy tiene más debilidades que fortalezas, y enfrenta más amenazas que oportunidades.
La credibilidad de nuestras instituciones dependerá de la capacidad para integrar ideales democráticos con la exigencia del profesionalismo técnico, permitiendo forjar un sistema judicial que inspire confianza, garantice imparcialidad y resista las presiones políticas.
Bajo la sombra de la politización, la falta de controles técnicos y deficiencias históricas estructurales es inevitable concluir que, sin la implementación de rigurosos mecanismos de evaluación, la elección popular de magistrados solo reproducirá los problemas consagrados en el tiempo.
Al haber promovido la participación ciudadana sin exigir criterios técnicos que aseguren la idoneidad, estamos ante el grave riesgo de mantener los vicios de un sistema donde el interés político prevalezca sobre la justicia.
Ante tal situación, ¿hasta cuándo permitiremos que se perpetúe un modelo que falla en proteger nuestros derechos y en inspirar confianza? La lógica y el sentido común debería hacer mella para demandar reformas estructurales profundas en la procuración de la justicia, desafiando el estancamiento del presente y abriendo paso hacia un Estado de Derecho justo.
El toque local
En el plano doméstico, la polémica se ha intensificado ante el inminente concierto de Marilyn Manson en San Luis Potosí, generando una fuerte reacción de sectores religiosos que piden su cancelación, mientras el Ejecutivo defiende el evento en nombre de la libertad de expresión en un Estado laico.
Resulta paradójico que quien ostenta esta alta investidura, proclame ese carácter laico, se autodenomine “padrino”, y se refiera a los potosinos como sus “ahijados”.
Todos sabemos que el término “padrino” implica una figura de guía y protección basada en la fe; y que en otros ámbitos denota control y gestión de favores, lo que impone una relación de dependencia.
Este doble significado invalida su argumento, ya que, al adoptar lenguaje propio de la religión y/o de relaciones de poder y dependencia, se contradice al abogar por un verdadero Estado laico, desprovisto de tutela paternalista y de cualquier atisbo de injerencia partidista o sectaria.
Las posturas extremas, ya sea la crítica moralista o la defensa incondicional del espectáculo, se ven ambas cuestionadas por esa misma incongruencia en su discurso. Esta mezcla de conceptos debilita su argumento y pone en tela de juicio la verdadera separación entre poder, fe y política en la gestión del Estado… laico.
jmanuelrm@msn.com
