[gview file="https://pulsoslp.com.mx/wp-content/uploads/2018/10/B07-3.pdf"]
Todo es cosa de no recular
La determinación del alcalde Xavier Nava Palacios y su equipo de esclarecer, denunciar y exigir castigo para los latrocinios gallardistas cruzó ya su punto de no retorno, lo cual pone en una situación incómoda al gobernador Juan Manuel Carreras, tan afecto él a mantenerse siempre distante de cualquier conflicto, problema, confrontación o cosa que se le parezca.
Los hechos, incontrovertibles, nos indican dos cosas: en sus tres años de gobernador, Carreras no ha perseguido un solo caso importante de corrupción, ni siquiera de aquellos que afectaron directamente a su administración, mientras que en menos de un mes Nava ha acreditado públicamente que no piensa propiciar ninguna forma de impunidad para su antecesor en el Ayuntamiento, lo cual supone que al final del día la papa caliente llegue al escritorio del Gobernador.
El escenario está montado: de un lado el Jefe del Ejecutivo en su condición de gran dador de impunidades, y del otro el joven Alcalde que no quiere ganarse apenas comenzando los calificativos de tapadera, solapador o, peor aun, cómplice del que muy probablemente sea el mayor saqueo sufrido por las finanzas municipales en toda su historia.
En tanto Nava Palacios no recule, sus indagaciones, hallazgos, comprobaciones y denuncias aterrizarán finalmente en el escritorio del mandatario potosino, sea que lo hagan a través de la Fiscalía General, de la anticorrupción o incluso de la Auditoría Superior del Estado. Es decir, llegará un momento en que será voluntad única y exclusiva de Juan Manuel Carreras que las cosas avancen o se arrumben en algún polvoso cajón de escritorio.
Si se desconoce el contexto, parece difícil que un Gobernador le cierre las puertas de la justicia al presidente municipal más importante de su entidad, pero en la realidad potosina eso es perfectamente factible. Ya lo hemos vivido: hace tres años la sangre hervía en la presidencia del DIF estatal al constatar cómo la doctora Ramos, su hermano y su principal operador se habían apoderado de decenas de millones de pesos a base de aplicar sobreprecios a los desayunos infantiles, y no pasó nada.
Igualmente, desde el inicio de su mandato JMC fue enterado por constructores en lo particular y por sus organismos gremiales en lo institucional, de que el delegado de la SCT federal estaba hinchándose los bolsillos con los elevados “moches” (hasta el 22 por ciento y por adelantado) que exigía a los contratistas, lo cual se traducía en baja calidad de las obras. Y no pasó nada.
Afloraron los escándalos de la Ecuación Corrupta, la Cena Fantasma, la Nómina Secreta y demás ladronerías en el Congreso del Estado y en la Auditoría Superior del Estado, y no pasó nada. Como tampoco pasó con el fraude en el Patronato de la Feria Nacional Potosina ni con la sobre facturación de 100 mil pesos mensuales en la fonda Los Molcajetes.
Y no ha sido por falta de denuncias. El Frente Ciudadano Anticorrupción, Ciudadanos Observando y otras organizaciones de la sociedad civil han puesto sobre las mesas del Ministerio Público no menos de una docena de querellas que cumplen todas las formalidades para su atención. Ese es el sello de la casa: otorgar impunidad para no despeinarse.
Por eso será muy interesante ver qu é actitud toma Xavier Nava y su equipo si una vez que presenten las denuncias formales del cochinero que encontraron en el Ayuntamiento, se topan con qué Juan Manuel Carreras les aplica la misma técnica: a la congeladora.
La posibilidad de que tal cosa ocurra no les parece tan remota a los colaboradores de Nava, por lo que ya han comenzado a analizar una ruta legal alterna para conseguir que se haga justicia (lo cual implicaría recuperar bienes y capitales que suman muchos pero muchos millones de pesos, actualmente en manos del gallardísmo). Éstas serían las instancias Federales.
Los abogados que están apoyando al Ayuntamiento navista tienen claro que deberán esforzarse en encontrar elementos que permitan acreditar que también se desviaron dineros federales, de los cuales se reciben cada año decenas de millones de pesos vía diversos fondos y programas.
En cuanto puedan demostrar que también hubo pillaje con recursos enviados por la Federación, quedará expedito el camino para ir a presentar las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación e incluso ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Más aún, si el manejo de los fondos federales hubiera sido correcto para no meterse en broncas con la Federación, entre los abogados municipales existe la certeza de que en última instancia se puede recurrir al SAT, en demanda de que se confronten los ingresos de los señores Gallardo con sus declaraciones fiscales y sus patrimonios actuales, a su nombre o de testaferros.
No creo que tardemos mucho en tener claridad sobre este asunto, que puede tomar varios caminos: Carreras convence a Nava de que ya le pare y deje de hacer olas; Xavier confía en que Carreras no se haga el desentendido y recurra a las instancias locales a presentar las denuncias correspondientes, esperando en que no las manden al congelador, o de plano se cierren las rutas locales y se lleve todo a la Federación.
Es difícil hacer pronósticos en este tipo de temas, pero lo que sí parece fácil entender es que para JMC sería un golpe político terrible que un alcalde potosino recurriera a instancias federales en busca de la justicia que le niega su gobernador.
Puedo decir también que gente vinculada al proyecto político de Xavier Nava que tiene buenos contactos con el circulo cercano de Andrés Manuel López Obrador, ha ido preparando el terreno por si aquí les cierran las puertas. Hace un par de meses XNP y varios de sus asesores estuvieron con el Auditor Superior de la Federación, a quien ya dejaron “sensibilizado” por lo que se ofrezca.
VELANDO ARMAS
A la luz de lo que está ocurriendo a nivel nacional con el Partido Revolucionario Institucional, ha resultado acertada la decisión local de no apresurar el cambio de la dirigencia estatal y esperar a ver cómo se acomodan las cosas en las alturas.
Definitivamente, mientras permanezca en la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto, ningún cambio importante en la dirigencia nacional del PRI se hará sin su consentimiento, y todo indica que ya no le interesa disponer nuevas modificaciones. Correlativamente, el CEN tampoco muestra ningún interés en que haya cambios en los estados. Los últimos movimientos -la ratificación de Claudia Ruiz Massieu hace un mes y la designación de Arturo Zamora Jiménez como Secretario General la semana pasada- tuvieron como propósito central que al quedarse sin Primer Priista del País, el próximo 1 de diciembre, el tricolor no enfrentará la urgencia estatutaria de convocar a su Consejo Político Nacional para cubrir vacíos.
En este momento, lo que se percibe con mayor claridad es que son varios los grupos de priistas que están velando armas, en espera de que EPN diga adiós. A reserva de que surjan otros o se reconfiguren los hoy visibles, en el horizonte se asoman por lo menos cuatro: el que encabeza Manlio Fabio Beltrones; el que se agrupa en torno a Miguel Ángel Osorio Chong, el que promueve el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz y el que previsiblemente acaudillará la propia Claudia Ruiz Massieu, a quien formalmente le quedan diez meses de mandato. Por supuesto que hay quienes estiman que su tío Carlos Salinas de Gortari la está cuerpeando, pero no está muy claro.
En esas condiciones, habría resultado muy aventurado sustituir a Martín Juárez Córdova, con quien quiera que fuese, pues existe el riesgo de que a partir de diciembre se desate la rebatinga entre los diversos grupos que quieren quedarse con lo que queda del PRI.
En la vieja cultura política priista los gobernadores emanados de sus filas siempre han sido la voz decisiva a la hora de elegir dirigencias estatales, excepto raras veces cuando había conflictos serios de los mandatarios con los mandos políticos nacionales. Al día de hoy, no hay nada que garantice que esa tradición se mantenga.
Con ese telón de fondo, por supuesto que lo más sensato es esperar a que termine el sexenio, ver cómo se resuelve la disputa por las ruinas tricolores, saber qué papel real van a jugar esta vez los gobernadores priistas (serán 12, contra los 20 que había cuando tomó posesión Peña Nieto) y, en el mejor de los casos, qué perfil de líder local es el más conveniente ante las nuevas circunstancias.
Adicionalmente, no habrá nuevas elecciones hasta julio del 2021, de manera que no corre ninguna prisa el relevo de Juárez Córdova, cuyo ejercicio de cuatro años concluye en enero del 2020.
COMPRIMIDOS
Bien decía nuestro prócer Ponciano Arriaga: Hay una estrella funesta que se cierne sobre San Luis Potosí. Cosa de ver la deriva que lleva nuestra todavía flamante Legislatura, donde ya lo único que falta es que surja una Ecuación Corrupta. Esperemos que no sea por la pura falta de tiempo. Porque nepotismo, ya hay; ingresos por encima de lo ofrecido en campaña, también; propuestas disparatadas en tribuna, igual; ausentismo pagado, nomás pregúntenle a El Mijis. Y ni qué decir de pleitos al interior de las fracciones y decisiones sin apegarse a la normatividad aplicable.
A propósito de esto último, les cuento que ayer por la tarde venció el plazo para el registro de aspirantes a formar parte del Consejo de Transparencia del Congreso del Estado. La convocatoria respectiva la emitió la Junta de Coordinación Política el pasado día 12, incumpliendo el mandato legal de que debió ser autorizada por el Pleno. Además, su reglamentación interna dispone que ese Consejo debió estar constituido “dentro del primer mes de ejercicio de cada Legislatura”, plazo que se agotó el pasado día 15. El CTC se integra con cargos no remunerados, por lo que quizá n adie se interese en impugnar las designaciones que se harán próximamente. ¿Y los asesores? ¿Y los diputados con experiencia?
En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Morena presentó una iniciativa de reformas legales para combatir con firmeza a las empresas fantasma que expiden facturas apócrifas o fraudulentas, utilizadas lo mismo en el sector público que en el privado para encubrir desvíos o defraudaciones fiscales. Hay quienes nos aseguran que en cuanto se supo la noticia, en un importante despacho contable ubicado en la calle de Galeana hubo estremecimientos, escalofríos y taquicardias. Por lo pronto, tendrán que hacer un ajuste a la baja de las utilidades presupuestadas para el año próximo.
Es absolutamente cierto que una golondrina no hace verano, pero el episodio del jueves anterior, en el que un joven intercepta al gobernador en la calle para respetuosa pero enérgicamente reclamarle que “San Luis está bañado en sangre”, no debería ser menospreciado en el entorno del mandatario. Conviene verlo como síntoma. Y no ignorar que puede ser inspirador para otros.
Hasta el próximo jueves.