Ley Bonilla

La semana pasada, escuchaba una entrevista que brindaba la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, al grupo informativo "Milenio", a propósito de la llamada "Ley Bonilla", aclaraba algunas expresiones suyas, que previamente habían circulado en redes sociales, básicamente, en que era previsible que el bodrio legislativo prevaleciera, primeramente por el principio de "deferencia al legislador", que genera presunción de legalidad a las leyes del Congreso.

En seguida nos comentaba del porqué de su deducción, (no debemos olvidar, que la Ministro en retiro es una experta del derecho e inclusive su paso por el más alto tribunal del país, se caracterizó por ser innovador y de un empuje progresista), básicamente, porque se trataba de un muy complejo tema de "legitimación", es decir, quien podía solicitar a la Suprema Corte declara inconstitucional a la Ley Bonilla, y esto, necesariamente se constriñe a la "naturaleza del acto", decía la Secretaria de Gobernación, si era éste de naturaleza electoral la acción la podía intentar un partido político (aclarando que el debate se centraría en ver si se promulgó durante el periodo electoral, o éste ya había terminado). 

Además agregaba, que si violentaba un derecho humano, pues, la facultad era de la CNDH, pero igual podía no estar trastocado ningún derecho fundamental; otro posible accionante pudo ser una tercera parte del Congreso Local, pero esto es casi imposible, dado que fue aprobado por unanimidad; o bien, el Fiscal General de la Nación, pero este también se encuentra limitada sus actuación a normas de carácter penal.

Como podemos ver, la Ministro en retiro estaba siendo realista, aunque es evidente que resulta frustrante esa realidad, porque dado a una cuestión de técnica procesal la democracia sufriría un artero atentado, y, seguirían las mismas preguntas sin respuesta ¿puede un Congreso local ir más allá de lo que el elector en las urnas decidió? ¿Un Congreso local tiene atribuciones de modificar aspectos esenciales de la vida democrática sin preguntarle al elector? ¿Puede un órgano democrático, como lo es el Congreso local, desmantelar la democracia? 

Así que, como podemos apreciar, hay algo en el diseño del artículo 105 Fracción II de la Constitución General del País, con este claro ejemplo, queda acreditado su desfase social, y me parece, es precisamente el problema de la legitimación para ejercitar la acción de inconstitucionalidad, por posible contradicción de una ley con la Carta Magna, su diseño actual restrictivo y reservado a instituciones de interés público terminó por entorpecer la protección al valor de la democracia constitucional. 

¿Pero en todos los países latinoamericanos ocurre lo mismo? La respuesta es no, en Colombia, Perú, y Costa Rica, entre otras, la acción de inconstitucionalidad dirigida contra leyes puede ser promovida por cualquier ciudadano, en abstracto (sin ningún daño o lesión particular necesaria de acreditación), los efectos de la sentencia invariablemente son abrogatorios, como podemos ver, estas naciones han abandonado el viejo enfoque de "legitimación restringida", para acceder a este mecanismo de protección constitucional no se requiere de un agravio concreto y directo,  o de litigio alguno,  en suma, estos países han evolucionado al concepto de interés "simple".

Tal vez, como teme la Ministro en retiro la Ley Bonilla "prevalecerá", en tanto, la Suprema Corte determine que ninguno de los impugnantes tenía la legitimación para detonar la acción de inconstitucionalidad (como ya sucedió con el Secretario Ejecutivo del INE), aunque, con ello se tolere el avasallamiento a la democracia; empero, lo que preveo es que surgirá una nueva pregunta, ¿Por qué los Mexicanos, sea quien fuere, no podemos salir en defensa de nuestra Constitución, aún,  sin agravio concreto, sólo con sospechar que una ley del Congreso Local violenta a la máxima disposición normativa de la Nación, tal cual sucede en otros países de Latinoamérica.      

Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.

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