Ley Casting
Hay ocurrencias que nacen torcidas. Otras nacen confundidas. Y luego está la llamada Ley Casting, esa iniciativa que parece escrita después de ver demasiados realities de televisión y muy poca Constitución.
La idea suena seria: quien quiera ser candidato a gobernador, diputado local o presidente municipal tendría que obtener una "certificación de integridad y confiabilidad". Muy bonito. Muy institucional.
Pero, cuando uno le rasca tantito, aparece el truco: esa certificación la daría el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, un órgano ligado al Ejecutivo. Traducido al español de banqueta: el gobierno tendría una llave para decidir quién puede competir contra el gobierno.
La propuesta quiere convertir el derecho a ser votado en casting político. Ya no bastaría con cumplir edad, residencia, ciudadanía, no tener impedimentos constitucionales y someterse al voto de la gente. No. Ahora habría que pasar polígrafo, examen psicológico, examen médico-toxicológico, revisión socioeconómica y quizá también prueba de pasarela, improvisación y talento.
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—Gracias por venir, aspirante. Nosotros le llamamos.
El problema no es la palabra "integridad". Todos queremos candidatos íntegros. Nadie quiere que el crimen, la corrupción o los intereses oscuros capturen la vida pública. El problema es el método: entregar a una oficina dependiente del poder político la posibilidad de filtrar candidaturas antes de que lleguen a la boleta.
Eso no fortalece la democracia. La domestica.
Porque una cosa es revisar requisitos objetivos y otra convertir al aspirante en sospechoso. Una cosa es exigir sentencias firmes cuando la Constitución lo permite y otra pedirle al ciudadano que abra su vida privada, su salud, su entorno económico y su perfil psicológico para que el Estado decida si es "confiable".
Como si la honestidad saliera en análisis de laboratorio. Como si el polígrafo fuera oráculo. Como si la democracia necesitara detector de mentiras, bata blanca y sello oficial.
Además, el polígrafo no prende un foquito rojo que diga "corrupto localizado". Usarlo como puerta de entrada a una candidatura sería como poner al cadenero del antro a interpretar la Constitución. El PVEM sabe de cadeneros.
Y luego vienen los exámenes médicos, psicológicos y socioeconómicos. Hablar de "perfil psicodiagnóstico" o "capacidad intelectual" puede discriminar a personas con discapacidad, neurodivergencias o condiciones de salud mental. Revisar el "entorno social y económico" puede terminar siendo un filtro de clase: los de arriba siempre parecen confiables; los de abajo siempre tienen que explicar de más.
La democracia no funciona así. En una democracia, quien decide es la gente. Las autoridades electorales revisan requisitos. Los tribunales resuelven conflictos. Los jueces penales dictan sentencias cuando hay delitos. Pero el Ejecutivo no debe audicionar a sus posibles adversarios.
Imagínese a una activista ambiental (por ejemplo, Luis González Lozano), a un defensor de derechos humanos, a una lideresa vecinal o a un ciudadano incómodo que ha denunciado abusos del gobierno. Decide competir. Y antes de llegar a la boleta debe pasar por un Centro que depende del mismo poder al que ha criticado. No hace falta ser paranoico. Basta saber leer un organigrama.
La iniciativa dice que no sanciona. Ajá. Pero si no tienes certificación, no te registran. Le pueden poner moño, música solemne y palabras elegantes, pero el efecto es claro: sin visto bueno administrativo, no hay candidatura.
Ese es el problema central: convierte un derecho en permiso.
Y cuando un gobierno puede decidir quién entra a la competencia, la elección deja de ser libre. El ciudadano ya no elige entre todas las opciones posibles, sino entre las opciones previamente filtradas.
¿Hay que impedir que personas vinculadas con delitos graves lleguen al poder? Por supuesto. Pero para eso existen caminos legítimos: fiscalización seria del dinero de campañas, declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, reglas de "3 de 3" y "8 de 8", antecedentes penales conforme a sentencia firme, fiscalías electorales fuertes, transparencia real y tribunales independientes.
Eso sí es Estado de derecho.
Lo otro es autoritarismo con perfume técnico.
La llamada Ley Casting de Serrano nos recuerda que las democracias no se rompen siempre con tanques. A veces se erosionan con formatos, certificados, sellos, ventanillas y discursos aparentemente razonables. "Es por integridad", dicen. "Es por seguridad", repiten. Y cuando volteamos, el poder ya instaló una caseta para revisar quién puede competir contra él.
Por eso conviene decirlo claro: la democracia no se audiciona.
No necesitamos jueces de silla giratoria. No necesitamos botón rojo de "no pasa". Necesitamos instituciones independientes, reglas claras, fiscalización eficaz y ciudadanía informada.
Porque en una democracia auténtica, el único casting válido ocurre el día de la elección. Y el único jurado debe ser la ciudadanía.
Delirium Tremens.- ¿QUÉ ES VERDE POTOSINO? Una plataforma ciudadana de acción ambiental, incidencia pública y defensa jurídica comprometida con el medio ambiente, el derecho a la ciudad y los derechos humanos. Impulsamos con fines políticos la participación ciudadana, la transparencia y el cabildeo social e institucional para promover políticas públicas responsables y decisiones compatibles con la justicia ambiental y climática. Creemos en la participación ciudadana, la transparencia y la exigencia de gobiernos responsables. Porque defender el medio ambiente también es defender la dignidad humana.
@luisglozano
