Los migrantes no son criminales
El próximo 20 de enero, Donald Trump tomará posesión como presidente de los Estados Unidos de América, quien durante su campaña prometió deportar masivamente a las personas migrantes que se encuentren de forma irregular en ese país. Ante ello, el gobierno de México ha anunciado que trabajará con su socio comercial para coordinar una política migratoria que beneficie a ambos países. No obstante, existe un punto de partida que debe destacarse: la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que México no está de acuerdo "en que se trate a los migrantes como criminales".
Las personas migrantes y refugiadas, independientemente de su condición jurídica y en virtud de la universalidad de los derechos humanos, gozan de los mismos derechos que las personas nacionales, salvo excepciones muy específicas y limitadas, previstas en determinados tratados internacionales. Como consecuencia, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar que las personas migrantes y refugiadas en su territorio, o bajo su jurisdicción o control efectivo, reciban un trato igualitario y no discriminatorio, independientemente de su condición jurídica y de la documentación que posean.
En este sentido, una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado con claridad que el Estado mexicano tiene la facultad de formular y dirigir su política migratoria interior mediante la elaboración de estrategias, programas, proyectos o acciones específicas emitidas mediante disposiciones administrativas de carácter general. Sin embargo, todas estas medidas deben garantizar en todo momento los derechos de las personas migrantes reconocidos en nuestra Constitución Política.
Justamente este reconocimiento del Estado mexicano a los derechos de las personas migrantes es una posición inamovible desde la cual nuestras instituciones deberán trabajar de manera coordinada con actores al interior de Estados Unidos. De acuerdo con lo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de México posee un análisis profundo sobre las implicaciones negativas que supondría llevar a cabo deportaciones masivas o un eventual "cierre" de la frontera.
En este escenario, el foco de atención del gobierno mexicano no será únicamente el aspecto económico, dado que las remesas representan uno de los mayores ingresos para la economía nacional, calculadas en 63 mil millones de dólares durante 2023. La protección humanitaria, el trato digno y el respeto a los derechos de las personas serán la principal preocupación. Deben impulsarse iniciativas como las planteadas por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos que han declarado a sus comunidades como "ciudades santuario". Es el caso de Los Ángeles, cuyo concejo municipal aprobó un decreto para contrarrestar políticas de deportación masiva.
Refiriéndose a las violaciones a sus derechos que sufren millones de personas a nivel global en estos momentos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha señalado de manera muy perspicaz que "los derechos humanos no están en crisis… lo que realmente está en crisis es el liderazgo político necesario para hacer realidad estos derechos". Los Estados de derecho tienen la obligación de colocar a las personas en el centro de su atención y a mantener un diálogo abierto, franco y respetuoso para impulsar respuestas coordinadas, con un enfoque humanitario, ante los desafíos comunes.
(Académico de la UNAM)
