LOS SOSPECHOSOS DE SIEMPRE

El ataque a sus páginas electrónicas de difusión sufrido por Pulso y otros medios de comunicación y una organización ciudadana es más grave de lo que parece en una primera aproximación. La magnitud real del impacto no se aprecia de inmediato quizá porque la materia del atentado es intangible, tanto como lo son transmisiones en el ciberespacio.

Creo, sin embargo, que hay una manera válida de dimensionar con justeza el daño causado, sobre todo por lo que a Pulso se refiere. Si lo sucedido ahora hubiera ocurrido en la etapa predigital, el equivalente sería que grupos de encapuchados, probablemente armados, habrían recorrido los principales cruceros de la ciudad para despojar de sus ejemplares a los voceadores. El escándalo habría sido mayúsculo y de alcance nacional, como en su momento lo fueron -algunos lo recordarán-, decomisos de ejemplares de publicaciones cuyo contenido incomodaba a altos funcionarios. Pero estamos hablando de los años 70s.

Sin encapuchados recorriendo calles en la oscuridad de antes del amanecer, sin numerosos ejemplares de periódicos quemados o tirados a las aguas negras, con menos espectacularidad, pues, la gravedad del suceso es la misma. El objetivo también: evitar que un determinado conjunto de medios de comunicación u organismos de la sociedad civil ejerzan en plenitud y con garantías el derecho a la libre expresión de las ideas. Y esto no es poca cosa. Ni antes ni ahora.

Los estragos alcanzaron esta vez, además de Pulso, a medios importantes en sus respectivos nichos, como Astrolabio Diario Digital, Omar Niño Noticias, Emsavalles y El Mañana de Ciudad Valles, así como a las páginas de Ciudadanos Observando.

Paréceme oportuno intentar una breve reflexión sobre la naturaleza, sentido general y alcances del derecho a la libertad de expresión. Lo hago porque siempre en este tipo de trances al final se queda la impresión de que lo que realmente defendemos los periodistas es “nuestro” derecho a decir libremente lo que queremos. 

No es así. Quien revise hoy el ejemplar de Pulso, se dará cuenta fácilmente de que quizá no llegue al uno por ciento de su contenido lo que se pudiera identificar como opinión de los dueños, directivos o editores del periódico. Algo así aparecerá en la columna De Todos, y muy ocasionalmente en algún editorial de aniversario fundacional o ante acontecimientos extraordinarios. Hay un poco más de opinión, pero es la de comentaristas, columnistas, articulistas, analistas y académicos de disciplinas profesionales, orientación ideológica, cosmovisión e intereses de una variedad enorme. Ellos escriben, expresan, lo que quieren, no lo que les indica el periódico.

Desde esta perspectiva, es fácil constatar que quienes se benefician de los alcances de los medios de comunicación para difundir sus ideas en cualquier sentido (sin más limitación que no transgredir la ley) son una variedad infinita de personas y personajes: vecinos inconformes con obras públicas y aplaudidores del gobierno en turno, funcionarios transparentes u opacos hasta la oscuridad más impenetrable; servidores públicos sinceros y otros mitómanos; activistas de toda clase de causas, líderes de opinión (que cada vez tenemos menos) que tratan de influir positivamente en la sociedad; investigadores que comparten hallazgos y preocupaciones, víctimas de tantas cosas, etcétera, etcétera.

Antes de que alguien me quiera corregir la planta, puntualizo que la libre expresión de las ideas no depende de los medios de comunicación, pero desde luego que no es lo mismo manifestar una inconformidad o denunciar una injusticia en una plaza donde te escuchan algunas decenas de personas, a que tus dichos sean recogidos por los medios y lleguen, literalmente, a cientos de miles de ciudadanos.

Dicho de otra forma, los ataques a los medios no sólo afectan a éstos, a sus trabajadores, sus jefes o sus dueños, sino que los estragos alcanzan a miles de personas que se sirven de ellos para hacerse oír, para protestar, para aplaudir, para proponer, para rechazar, para elogiar o para criticar. 

Escribo sin tener alguna idea sobre quién o quiénes pudieran ser los responsables de haber evaporado páginas electrónicas de difusión masiva de los medios arriba mencionados. Hay, por supuesto, los sospechosos habituales, cuya pista emerge de inmediato por el hecho de que todos los afectados, así como la agrupación Ciudadanos Observando, son críticos de las autoridades potosinas de los diversos niveles. Casualmente ninguno de sus medios lamesuelas se vio afectado.

Pulso tomó la decisión de denunciar formalmente los hechos en la Fiscalía General del Estado y en la delegación de la Fiscalía General de la República. Hizo bien. Haberla dejado solo en la instancia local entrañaba el riesgo de pedir a los investigadores que se investigaran a sí mismos. Habrá que esperar un tiempo razonable.

Mientras tanto, confiemos en que cada día sean más y más los ciudadanos que asumen que el derecho a la libertad de expresión es un patrimonio de todos y que en esa materia a los medios de comunicación lo único que les corresponde es ser justamente eso: Medios. Nada más, pero nada menos.

LA ESTUPIDEZ HUMANA

El desplegado de prensa publicado ayer en este diario por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUSGE), en el que esencialmente le piden al gobernador Ricardo Gallardo Cardona que ya no incurra en falsedades y deje de asegurar que su administración ha entregado fondos a la Dirección General de Pensiones, tiene el valor adicional de confirmar que las mentiras cansan, aburren, molestan, fastidian, hastían, ofenden, enfadan y llega un momento en que se vuelven intolerables, inaceptables.

El texto no sorprende en sí mismo, ya que a lo largo de los decenios el SUTSGE ha tenido muchos desencuentros con su patrón el Gobierno del Estado. Lo que esta vez llama la atención es el tono, inusualmente severo. 

El texto comienza por reproducir unas declaraciones hechas días antes por el mandatario, en las que en resumen dice que su gobierno no ha dejado de pagar las cuotas debidas. No es la primera vez que lo dice, pero por lo visto llegó al punto en que hartó a la burocracia agremiada en ese sindicato (entre 5 mil y 6 mil afiliados).

La severidad de la respuesta se concentra en unas pocas líneas: “Ante esta serie de confusas afirmaciones, que carecen de todo cimiento ético y financiero, nos remitimos a subrayar categóricamente que es una completa falsedad expresar que la actual administración pública estatal esté cumpliendo cabalmente con las obligaciones a su cargo”. Párrafos adelante el desplegado dice: “Invitamos a nuestro gobernador, Lic. José Ricardo Gallardo Cardona, a ejercer una política pública responsable y apegada a derecho, propiciando acciones que construyan el desarrollo, bienestar y armonía entre su administración y la base trabajadora, evitando recurrir a los falsos pronunciamientos que acostumbra, faltando con ello el respeto a empleados, funcionarios públicos y a su investidura…”. (Los subrayados son nuestros).

En más de una ocasión el SUTSGE que encabeza Bernardina Lara Argüelles ha publicado desplegados diciendo cosas más severas que las anteriores, pero en contra de funcionarios de segundo nivel. No recuerdo imputaciones de “una completa falsedad”, o de “falta de cimiento ético” y de faltas de respeto a la investidura, lanzadas directa y claramente al titular del Ejecutivo. 

¿Qué pasó? Bien a bien no lo sé (todavía), porque la abajofirmante tiene problemas de salud y no está disponible, y en su ausencia nadie informa a nombre de la organización. Pero la deducción es sencilla. Si ya Gallardo Cardona había dicho cosas iguales en más de una ocasión, sin que los trabajadores sindicalizados le respondieran tan rudamente, la conclusión es: Se hartaron de las mentiras; se fastidiaron de que quisieran seguirles viendo la cara de idiotas.

Dice el historiador israelí Yuval Noah Harari que nunca hay que menospreciar el potencial de la estupidez humana. En lo personal el consejo me lo reconfirmó ayer el director de Pensiones, Arturo Coronado Puente, cuando salió -sin duda por órdenes inapelables de su jefe- a tratar de justificar los más de cuatro mil millones que el Gobierno debe a la dependencia a su cargo, diciendo tonterías rayanas en la demencia. Dijo, entre otras barbaridades, que en el 2008, sí ¡hace quince años!, el SUTSGE gestionó un aumento del 20 por ciento a las pensiones.

A semejante oligofrénico le preguntaría, si no temiera una respuesta todavía más mensa, qué tiene que ver ese tema de 2008 con el hecho de que al 25 de septiembre del 2021 el Ejecutivo debiera a Pensiones 1 mil 200 millones de pesos y al 30 de agosto reciente ya debía 4 mil 200 (en números redondos), un incremento del 350 por ciento en los 23 meses gallardistas. Seguramente este lunes cerrará sobre los 4 mil 500 millones.

Otro día habrá que hablar de la solución mágica “encontrada” a este problema (y supongo que a muchos otros): “gestionar” el auxilio de Claudia Sheinbaum, para cuando sea presidenta, dentro de 11 meses. ¡Qué fácil! O quizá sea mejor decir qué tramposos: Truena el problema y a gritar “¡Es culpa de Claudia que no nos quiso ayudar!”  

COMPRIMIDOS

Diez años después de cometidos los ilícitos (entre enero y diciembre del 2013), la Fiscalía General de la República obtuvo el lunes órdenes de aprehensión contra siete antiguos colaboradores del encarcelado exgobernador veracruzano Javier Duarte. Todos exsecretarios, subsecretarios y directores generales de Finanzas. A’i te hablan Chavita.

En la Gallardía y el Verde andan muy preocupados porque nomás no se consiguen un candidato a la alcaldía medianamente competitivo. El único con buenos números es Juan Carlos Valladares, al que no acaban de convencer. Y sus dudas no son por temor a perder, sino porque ganando los Gallardo lo quieran manejar igual que a Hernández Villafuerte en Soledad. Como trapeador.

Luego de escuchar a Uñas Largas en su comparecencia ante el Congreso, se entiende por qué la administración gallardista pierde casi todos sus litigios y es un desorden jurídico-administrativo. Su supuesto abogado principal agradeció al Congreso que fuera solidario “con el Gobierno del Estado”. Que lo diga un alumno de primaria, pasa, pero ¿el secretario general de Gobierno? El Gobierno del Estado lo integran los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Congreso, como representante del Legislativo, es parte de esa triada y nadie puede ser solidario consigo mismo. En todo caso, el también Orejas Largas debió agradecer la solidaria agachonería con el Ejecutivo.

Hasta el próximo jueves.