No a la violencia electoral

Es un hecho que la violencia se ha incrementado en los recientes procesos electorales, por lo que durante los próximos cinco meses tendrá que desplegarse la máxima atención institucional en materia de seguridad por parte de los tres órdenes de gobierno y organismos autónomos.

La violencia sobre aspirantes, candidatos y otras personas que participan en los procesos, además del daño directo a las víctimas y sus familias, afecta gravemente a la democracia, en tanto que inhibe la participación en política y ahuyenta a los ciudadanos de las elecciones. La violencia electoral es un atentado contra la libertad, el régimen democrático y el derecho ciudadano a decidir.

Los agresores en procesos electorales atentan contra la paz pública y la estabilidad social, y deben ser castigados, que es la mejor fórmula para contener la expansión de esta violencia. La impunidad es y será siempre aliento del delito.

Hace 23 años, en el proceso de 2000, fueron asesinados dos políticos y, en 2003, nueve. Las cifras se han multiplicado: en 2015 fueron 61 las personas políticas asesinadas; 523 en 2018 y 265 en 2021, considerando candidatos, líderes partidistas y funcionarios sin filiación política.

El proceso electoral ya empieza a tener su estadística de homicidios: el 3 de enero, Alfredo Giovanni Lezama se registró como precandidato del PAN a una diputación de Morelos. Al día siguiente fue asesinado.

El 5 de enero fueron abatidos en sus respectivas localidades, David Rey González, priista aspirante a la alcaldía de Suchiate, Chiapas, y Sergio Hueso, aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Armería, Colima.

Antes, el 4 de noviembre de 2023, fue hallado el cuerpo de Dagoberto García Rivera, líder de Morena en Maravatío, Michoacán.

En ningún caso se reportan avances en las indagatorias.

De acuerdo con los informes de Violencia Política en México de 2018 y 2021, elaborados por la consultora Etellekt, la violencia en los procesos electorales de esos años alcanzó cifras inéditas, que jamás deben repetirse.

En el primero se registraron 774 agresiones contra políticos y en el segundo mil 66, un incremento de 37 por ciento. Esta cifra de agresiones equivale a cuatro por día a lo largo de todo el proceso electoral, de 270 días.

En el periodo electoral 2017-2018 fueron asesinadas 152 personas políticas, 48 de ellas precandidatos o candidatos, y además se privó de la vida a 371 funcionarios no electos ni relacionados con la política, para un total de 523 víctimas.

En el siguiente, 2020-2021, las personas dedicadas a la política asesinadas fueron 102, de las cuales 36 eran aspirantes o candidatos a cargos de elección, a las que hay que sumar a 41 familiares y a 14 colaboradores de candidatos, así como a 108 servidores públicos sin militancia partidista, para un total de 265 víctimas mortales, cifra que ciertamente representa la mitad de las 523 víctimas del proceso previo (2018), pero que sigue siendo muy alta: un homicidio cada día a lo largo de todo el proceso electoral.

Tener hechos de violencia político electoral de estas dimensiones es inadmisible y debe ser una llamada de atención a todas las autoridades electorales y de seguridad y justicia para impedir que vuelva a suceder.

Lejos de acostumbrarnos a la violencia electoral, tenemos que rescatar el orden democrático: no debemos normalizar hablar de homicidios antes y durante las elecciones y menos llegar al extremo de resignarnos a que la violencia política electoral sea parte de las reglas. Inaceptable.

@mfarahg

(Especialista en derechos humanos)