Maquinaria y engranaje

El problema de la inseguridad demuestra una y otra vez la incapacidad de este gobierno en la materia, en parte por la inexperiencia del mandatario a la que deben sumarse su megalomanía progresiva y galopante así como las ocurrencias encaminadas a poner en práctica proyectos formidables como su Guardia Civil que, por lo que comienza a ser perceptible, comenzará a dar resultados (si es que los da) a muy largo plazo. Pensando desde luego en que no lo suceda en el cargo alguno que lo supere en ocurrencias y complejos. 

La seguridad que, se insiste desde palacio, es prioridad para “vivir sin miedo”, si bien es uno de los flancos débiles de este gobierno, su combate es también uno de los recursos de los que perfectamente se puede echar mano para legitimarse; el otro, es el combate a la corrupción enquistada en la administración anterior y convertida hoy (dicen cada que tienen oportunidad de emular al domador) en herencia maldita. 

Ninguna herencia es maldita, cualquier pasante de derecho o abogado de traje lamparoso lo sabrían, nada tan sencillo como hacer uso del derecho a repudiarla, pero aquí no se podría hacer, y no por las razones aplicables a los cargos de elección popular, sino porque después de qué se echa mano, o al amparo de qué se hacen negocios. 

El interés de Gallardo por la protección del erario es una fantasía o ¿ya se nos olvidó por qué fue remitido a prisión?; básicamente le preocupa porque lo dejaron sin lo que ya contaba como suyo y, ya lo dije, porque constituye para él la mejor herramienta de legitimación (algo así como la guerra que Calderón desató contra el crimen organizado), al tiempo que intenta limpiar su imagen de afecto a las desviaciones (de recursos).             

En concreto, las detenciones y sujeción a proceso de funcionarios de primer nivel de la administración gubernamental anterior son una eficaz forma, no sólo de legitimación sino también de propaganda. De unos ya se sabía, de otros se esperaba (a ver si no nos quedamos como don Teofilito), y dicen que seguirán más, pero lo que creo que nadie contemplaba era la detención del doctor Miguel Lutzow, sucesor de Mónica Rangel como secretario de Salud durante los últimos meses de la administración de Juan Manuel Carreras. 

Las malversaciones de la doctora Rangel en los Servicios de Salud eran sabidas por todo mundo, desde el ujier de palacio hasta el Güerito, desde Vanegas hasta Chapulhuacanito y desde Villa de Arriaga hasta Ébano, estuvieron activas y presentes durante todo ese sexenio, pero en el caso de Lutzow algo no encaja, por más que se le señale como copartícipe al haber sido funcionario de primer nivel. 

El punto es que aunque Miguel Lutzow fue titular de la dependencia, por ingenuo o por orden de palacio mantuvo la estructura administrativa de su antecesora, dicho coloquialmente se le dejó amarrado en la misma jaula y con las mismas hienas que controlaban el manejo de los recursos.

Más que Miguel Lutzow debieron (y deberán) ser detenidos los dos subdirectores operativos de Mónica Liliana Rangel, su administrador, sus dos jefes de adquisiciones, su jurídico (hoy presidente de la Cegaip –deponerlo por corrupto sería una excelente oportunidad para Gallardo de adueñarse del organismo-) y su contralora Yolanda Andrade Contreras (hermana de la oficial mayor y colocada allí por “recomendación” del contralor general del estado, Gabriel Rosillo). 

Así, después de la titular, quien operaba las actividades delincuenciales fue Emmanuel Banda Magallón, su director operativo, el mismo que dejó abandonado el cargo para lanzarse como coordinador de la campaña de Rangel; le siguen Carlos Aguilar, comisionado de la Coepris (convertida en cuarto de guerra por la doctora desde el inicio de la pandemia) quien consintió y apoyó todas las tropelías; Juan José Martínez López, director de atención médica, traído desde Tamazunchale, para convertirlo en su mano requirente de las necesidades a modo; Salvador Javier Cerda Ramos, director de administración (quien substituyó a Antonio Alberto Hernández, subjefe de servicios estatales, fallecido en el cargo) como presidente del Comité de Adquisiciones; David Enrique Menchaca, el jurídico, quien se encargaba junto con el particular de la secretaria, Francisco Acuña, de “convalidar jurídicamente” los acuerdos del comité para la celebración de los contratos del despilfarro; y, desde luego Yolanda Andrade, la contralora que debía vigilar pero jamás hizo objeción alguna al Comité de Adquisiciones, para oponerse a los actos de corrupción. Así el sistema de operación; maquinaria y engranaje.

Decir que la doctora robó no sé qué tan válido pueda ser, lo cierto es que durante su gestión se realizó un latrocinio de cerca de mil quinientos millones de pesos, de los cuales quizá 800 sean justificables y atribuibles a la anarquía del control administrativo, pero cerca de 700 se encuentran desaparecidos y no aparecerán, ni serán devueltos como pretende el gobernador. Sencillo, ésta última cantidad (al no haberse  realizado obra física en ese sexenio) se buscó aplicar sobre adquisiciones y servicios intangibles asignados o contratados –lo dijo la propia Auditoría Superior cuando dio vista al SAT– a “empresas fantasmas”. Pagaron aire, pues.

Frente a él, tiene el doctor Miguel Lutzow dos ventajas: puede acogerse al criterio de oportunidad y, por otro lado, es un médico con una reputación sólida y respetada, construida al paso de los años en los ámbitos local y federal. Algo que me lleva a creer en la honorabilidad del doctor y defender su inocencia es el hecho de que ya como secretario de Salud y continuando con su labor de zar anticovid, realizó dos denuncias públicas, una sobre medicamentos caducos embodegados y otra sobre pasivos de 2,700 millones y un déficit de más de 1,500 millones que agobiaban a la dependencia; no se fue más allá, en medio del proceso electoral se le silenció desde palacio.

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Al margen de lo anterior, hay otra circunstancia en la que se beneficiará este gobierno de las corruptelas de la doctora: los que se quejan de la “herencia maldita” encontraron (gracias a Mónica Liliana o quizá por su prescripción) la receta perfecta para legalizar los actos de Sandra Sánchez Ruiz: controlan y operan un Comité, y colocan a su contentillo elementos a modo en puestos clave. Todo parece legal; quizá comiencen contratando a empresas nuevas que ni siquiera están en los padrones de proveedores. Imbecilidad y voracidad siempre llevan prisa.   

Gracias por la lectura. Urge que la directora del Archivo Histórico del Estado atienda el funcionamiento el área de Clasificación y restauración.