MAS ALLÁ DE LOS HECHOS

Su nombramiento oficial es de Director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del DIF estatal. Esto implica a) que es abogado y b) que entiende de los derechos y garantías de respeto que tiene toda persona. A su vez, lo primero supone que conoce las leyes y que sabe que está obligado a respetarlas, mientras que lo segundo entraña que si violenta de cualquier forma un derecho fundamental, lo está haciendo con pleno conocimiento de causa. Su nombre es Julio César Martínez Vázquez.

Este funcionario público, en encomienda oficial derivada de su cargo, acudió el miércoles 8 a las instalaciones del Instituto Temazcalli, para cumplimentar el despido de un empleado de nombre Juan Carlos Rivera Martínez, quien echó mano de su teléfono celular para grabar el momento en que lo encara Martínez Vázquez, quien reacciona violentamente y le arrebata el aparato, para luego revisar o tratar de revisar su contenido.

Lo que es un poema de buen y respetuoso gobierno es la respuesta del abusador cuando el agredido le reclama en voz alta “¿Por qué me lo arrebatas, por qué me lo arrebatas?”. “¡Porque quiero, cómo vez!” es la muy fundada y motivada respuesta del alto funcionario, quien remata con un sofisticada y elegante pregunta: “¿Cuál es el pedo?”.

Ante las quejas del organismo sindical al que pertenece Rivera Martínez, el DIF estatal emitió el lunes pasado un comunicado oficial en el que dice que “el pasado miércoles, el equipo de trabajo de asuntos jurídicos de este organismo, acudió a las instalaciones del Instituto Temazcalli para proceder a un cese laboral en contra de un trabajador del área de jardinería que cuenta con una denuncia por acoso sexual y diversas quejas de sus compañeras de trabajo por la misma conducta”. A continuación, agrega: “En el procedimiento, uno de los funcionarios se mostró alterado al ser videograbado por el trabajador requerido y manifestó conductas que el DIF estatal reprueba…”

Luego, la institución que representa la cara más amable y humanitaria de la administración,  anunció que aplicaría su reglamento y una medida disciplinaria contra el funcionario “qué obró erróneamente”, para luego, extraña y confusamente, informar que iniciará un procedimiento administrativo contra el trabajador, mismo que se supone ya había sido expedientado y sancionado precisamente con su despido.

Ha pasado más de una semana del incidente en el Temazcalli y no se sabe de ninguna medida disciplinaria contra el energúmeno. En cuanto al empleado, ignoro si ya perdió su trabajo y si es o no culpable de conductas indebidas. Lo que sí está claro es que Juan Carlos Rivera Martínez podrá ser la encarnación del mal, pero aun así eso no autoriza a un alto funcionario público como Martínez Vázquez a despojarlo de un bien de su propiedad, a violentar la privacidad de sus comunicaciones personales y a tratarlo soezmente.

Dicho sin exagerar, con sustento en lo que revela el breve video que alcanzó a grabar el agredido y que ha circulado profusamente en las redes sociales, el director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del DIF cometió por lo menos dos delitos: uno, supongo es el de robo, al despojar de un bien propio al empleado, y dos, la violación a sus comunicaciones privadas, protegida por la Constitución General de la República.

El lunes anterior, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona fue preguntado sobre este asunto y, sorprendentemente, dijo no tener conocimiento del mismo. Hasta ayer a media mañana no había ninguna reacción oficial de su parte ante el suceso. Lo de sorprendentemente lo escribo porque suele ser alguien que se tiene a sí mismo por muy bien informado, como lo corrobora el hecho de que anuncia todo, opina de todo, lo juzga todo y sobrevuela todo.

Y PEOR AÚN

De cuando en vez se presentan hechos que importan más por su significado que por los actos mismos. Me parece que éste es uno de esos casos. No es simplemente que un funcionario público enfurecido arrebate su teléfono a un empleado de rango modesto, lo revise, y lo trate de manera altanera y procaz.

Lo que magnifica el significado de lo acontecido es que su protagonista principal, el violentador de la ley y los derechos humanos, sea precisamente un experto en ambas materias -al menos eso indica la denominación de su cargo- y, peor aún, que lo sea en una institución cuyo papel esencial es estar al lado de los desposeídos, de los vulnerables, a la que ahora parece no incomodarle tener en su organigrama de mandos superiores a alguien que evidentemente no comparte esa visión y mucho menos esa misión.

Creo también que estos desagradables sucesos del Temazcalli adquieren otra dimensión por cuanto que si esta administración tiene en sus áreas encargadas de cuidar la legalidad y el respeto a la dignidad humana a individuos que convierten la ley en papel del baño y esas salvaguardas en escupidera, tenemos serios motivos para preocuparnos como ciudadanos.

En otro sentido, de no poca importancia, si en las altas esferas oficiales la ley no se respeta, si se obsequian impunidades y se premian los abusos, se está vulnerando flagrantemente nuestro de por sí débil estado de derecho. Puesto en otros términos, si en las alturas las leyes, el derecho y la justicia les valen un cacahuate, lo que en realidad se está haciendo es alentar la ley de la selva; la ley del más fuerte. Y no nos engañemos, en proporción, los fuertes son pocos y los débiles muchos.

En el servicio público no es extraño que se haga presente el fenómeno de la imitación -mimetización parece ser un término más exacto-, ese por cuyo efecto los subalternos comienzan a hacer cosas, a adquirir hábitos, a adoptar modas y hasta a utilizar un lenguaje que los hagan parecerse lo más posible al jefe.

Mientras la emulación se agote en ser fans de la onda grupera, en disfrazarse de charros o en mostrarse hiperactivos, como quiera. Pero ya cuando en el afán de parecerse al que los manda les comienza a dar por tolerar colaboradores pillos, arbitrarios, prepotentes y abusivos, entonces la situación se pone grave.

Desde una perspectiva diferente, este asunto del Temazcalli nos ha consumido tanto espacio porque tiene alcances en diversos sentidos. Uno más de los ya citados, es la confirmación de que en esta administración estatal no hay más Dios que el dinero.

Me explico. Si la Universidad reclama la entrega de su subsidio, se la hacen de pleito y la insultan; si el director de Pensiones dice que no le entregan las cuotas que deben, le cae encima una aplanadora de auditorías y lo ponen en la picota; si los sindicatos reclaman sus bonos, les pintan un cuerno y les dicen abusadores; si Mónica Liliana devuelve parte del dinero que se robó, se va a su casa luego de unas semanas en el hospital; si Jaime Pineda regresa lo de las rentas que pagó con recursos públicos, igual a casita, pero si Lutzow no tiene dinero o no quiere entregarlo, ahí se pudrirá en la cárcel. Así podríamos revisar muchos otros ejemplos, hasta llegar a los recientes de Marcelo de los Santos y Banorte, a quienes se comenzó a detestar porque de repente se descubrió que el exgobernador dejó deudas de largo plazo que todavía se están pagando y porque el banco aplicó los términos del contrato para cobrar un adeudo. Y sígale usted.

En cambio, si el señor Director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del DIF (¡del DIF, no de La Pila!), es videograbado violando flagrantemente la ley, ni en cuenta. Quizá si el agraviado presenta una demanda de mil pesos por daños y perjuicios entonces sí va a retemblar en su centro la tierra bajo el despacho principal de Palacio de Gobierno, porque en cuanto se trata de billetes se prenden todas las alarmas o se abren todos los bolsillos.

Finalmente, algo que también llama poderosamente la atención es que habiendo diversos indicios en el sentido de que en el DIF se asienta uno de los posibles ejes de la sucesión gubernamental -con estación intermedia en el Senado- se le deje a la intemperie en un asunto tan tóxico como éste. Cualquiera pensaría que en esa institución hay valores que deben ser protegidos con dedicación y eficacia. De repente parece les vale.

COMPRIMIDOS

Luego de la fea despotricada gallardista contra Marcelo de los Santos y Banorte, uno pensaría que ya hoy estarían en los medios y en las redes sus respectivas respuestas, pero no hay que hacerse muchas ilusiones. El contador y sus descendientes acumulan mucho, muchísimo qué cuidar y seguramente lo que menos desearán es ponerlo en riesgo. Por lo que se refiere al banco, es norma general que salvo imputaciones intolerables esa clase de instituciones se mantengan alejados de disputas callejoneras, y más si se pone en riesgo un cliente prime.

Desde el inicio de esta administración estatal se suspendió el pago de compensaciones al personal de confianza, que son los funcionarios con niveles de subdirectores hacía arriba. Unos mil 200 en total. Muchos de estos son elementos con largos años en el servicio, los que conocen todos los vericuetos de la tramitología y en buena medida son los que hacen que funcione la pesada maquinaria burocrática. Sus sueldos directos en nómina hace por lo menos diez años que no se aumentan. La manera de pagarles razonablemente bien -tampoco nada como para hacerse ricos- es con el complemento identificado como compensación, que varía según la partida presupuestal que se asigne a cada dependencia y, dentro de ese límite, un margen de discrecionalidad para el titular.

Como ya en muchos casos los salarios nominales se han quedado rezagados y sin compensación no alcanzan, un buen número de los afectados con esa medida han optado por buscar mejores horizontes. Cuando, como es frecuente, los que avisan que se van son de los más experimentados y duchos, sus superiores, con tal de no dejarlos ir, están ensayando formas rebuscadas de poderles pagar más. Una de ellas es pedirles que consigan a alguien de confianza que firme un contrato por honorarios, calculados para que al simulador le quede algo por la molestia y al empleado se le reponga su compensación. Conocemos varios casos. Por hoy, lo que no deja de admirar es la insuperable sapiencia y habilidad del gallardísmo para resolver con ilegalidades lo que antes era perfectamente legal. ¡Son unos genios!

Por estos días se cumple un año de que el diputado Mauricio Ramírez Konishi abandonó su militancia priista de toda la vida para irse a Movimiento Ciudadano, convencido con la oferta de que sería el siguiente dirigente estatal. Lo que ha pasado es algo entre ridículo, patético y lastimoso. Otro día se los platicamos. 

Hasta el próximo jueves.