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MEJOR CHUECOS QUE DERECHOS

Por Juan José Rodríguez

Julio 18, 2024 03:00 a.m.

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Para los propietarios de establecimientos que venden bebidas alcohólicas, sean de alta o baja graduación, con o sin alimentos y bajo cualquiera de las abundantes denominaciones existentes, es más rentable la ilegalidad que la observancia de la ley. Obtienen más utilidades trabajando “chuecos” que “derechos”. Entre otras razones, porque son tan lentos y complicados los trámites que prefieren mejor oficiar en el altar de la corrupción que hacer las cosas correctamente.

Esta circunstancia, de sobra conocida y reconocida en las instancias públicas municipales, estatales y federales involucradas en el tema, al correr del tiempo ha propiciado efectos nefastos. Uno de ellos lo escuchamos de un experto que “se abrió de capa” a condición del anonimato: “Los inspectores se convirtieron en cobradores; van a los locales por su entre y no verifican nada”. Se refiere al personal, sobre todo de la Dirección de Gobernación estatal, de la Dirección de Comercio Municipal, de Protección Civil y, en menor medida, de la Cofepris.

Actualmente operan en la entidad entre 1,800 y 2,000 establecimientos con permisos de la Dirección de Gobernación para vender bebidas alcohólicas de alta graduación. Aproximadamente el 75 por ciento se localiza en el área conurbada de esta capital.

Varios centenares de esos negocios trabajan sin las licencias de los tres niveles de gobierno que por ley deben obtener antes de abrir sus puertas. Otros más cuentan con permisos provisionales desde hace años, aunque la ley dispone que no pueden ser por más de 30 días. 

Así, son decenas o centenas los establecimientos que para operar sin molestias pagan cuotas de entre 3 y 8 mil pesos a la semana. Es decir, entre 12 y 32 mil pesos cada mes. Se trata de un negocio “negro” que mensualmente hace llegar millones de pesos a los muchos involucrados, desde directores generales y delegados federales hasta simples exinspectores hoy cobradores.

Toda esta maraña de complicidades entre funcionarios públicos y empresarios no es nueva, pero nunca había alcanzado los niveles actuales. El ascenso se debe principal pero no exclusivamente a la Dirección de Gobernación del Gobierno del Estado, cuyo titular José Concepción Conchito Gallardo Martínez tiene fama de que ni siquiera “se reporta” a Palacio de Gobierno, sino que lo hace “con el papá”, a quien se le escrituró desde el comienzo este feudo.

De acuerdo con la barroca normatividad vigente, la Dirección de Gobernación a cargo de Conchito, no puede expedir permisos para venta de bebidas alcohólicas de alta graduación si el interesado no cuenta previamente con el permiso municipal que lo autorice a vender las de baja graduación (cerveza, principalmente). 

En sus orígenes, esa reglamentación, nos dicen expertos, tenía como objetivo introducir cierto control en un tema tan propenso a la corrupción, mediante la mutua vigilancia entre las direcciones de Comercio municipal y de Gobernación estatal. Desde hace ya casi tres años, tal mecanismo “de equilibrio” no existe en los hechos. Ignorando por completo a las instancias municipales, Gobernación se ha dedicado a expedir sus permisos de alcoholes como si fueran volantes. No de gratis, obviamente. De acuerdo a nuestras fuentes, un documento de esos, según el cupo y giro específico, se cotiza en promedio por 135 mil pesos. Pero lo mejor viene luego: la cuota semanal de la que ya hemos hablado, que suma varios millones de pesos al mes.

En el medio de los restauranteros y antreros se sabe algo de lo que se habla poco: los permisos unilaterales que expide Gobernación solo se muestran a los interesados, si acaso para que tomen número y fecha, pero no se entregan físicamente. De hecho son verbales. ¿Por qué? “Para dificultar seguirle la pista al negocio”, afirman quienes saben. 

Resolver esta problemática artificialmente inflamada para hacerla más corrupta y más rentable no es fácil, pero tampoco imposible. De esto hablamos en seguida.

TODO TIENE ARREGLO

En días pasados el alcalde Enrique Galindo declaró que se proponía revisar a fondo el marco jurídico y la estructura institucional (burocrática) del Ayuntamiento que se encarga de todo lo relacionado con el comercio y en particular con la venta de bebidas alcohólicas. Buena noticia, pero si el Gobierno del Estado no hace lo propio en su ámbito, el propósito municipal servirá de poco. Idealmente en una empresa de estos alcances e importancia, deberían trabajar coordinadamente las tres instancias de gobierno. Las del nivel federal no pueden hacer modificaciones mayores, pero sí coordinarse y contribuir a sanear la cloaca. Estoy pensando en la Cofepris, por ejemplo, que se encarga de vigilar la calidad y sanidad de los alimentos y de aplicar la Ley General para el Control del Tabaco.

Insisto también en algo que ya he mencionado antes: Los análisis, estudios, propuestas y dictámenes sobre esta materia, deben encomendarse a instituciones académicas competentes, que las tenemos. Ahí están la UASLP, el ITESM, el Instituto Tecnológico de San Luis, varias universidades privadas, etcétera. ¿Por qué? Porque si participan los funcionarios actualmente involucrados de inmediato van a hacer dos cosas: borrar sus huellas en el cochinero, del tamaño e importancia que sean, y defender sus feudos a toda costa, sirva eso o no a los propósitos finales del esfuerzo.

Lógicamente, y esto es algo en lo que no me cansaré de insistir, si cada autoridad se va por su lado, todo terminará en una lastimosa pérdida de tiempo.

Por lo pronto, y con algo de optimismo en cuanto a la posibilidad de que las cosas avancen y lleguen a buen puerto, me parece útil narrar una experiencia de hace cosa de 20 años, que escuché de uno de sus principales impulsores:  

En la administración estatal de Marcelo de los Santos, por iniciativa de uno de sus colaboradores relacionados con el asunto, la supervisión y vigilancia de todos los lugares con venta de alcohol de cualquier graduación, desde restaurantes fifis hasta antros de mala muerte, se hacía de forma colegiada. En grupo, pues. Acudían a cumplir conjuntamente con sus responsabilidades representantes de la Dirección de Gobernación del Estado, de la Dirección de Comercio municipal, de las áreas de Protección Civil, a veces hasta de los bomberos, y un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se agregaba un par de policías uniformados, supuestamente para ver que no hubiera afectaciones a la vialidad y que funcionaran los estacionamientos, pero en realidad era para imponer respeto.

Pregunté a mi interlocutor -uno de los funcionarios públicos más honestos y dedicados que he conocido- cuál era el propósito de semejante operativo. “Que se vigilaran entre ellos. Con uno que no le entrara al moche, todos los demás se inhibían”. Ya no es así, cada cual va a lo suyo y sin testigos.

Entre los aspectos puntuales de todo el enredo éste, hay varios que destacan por su importancia y porque son nutrientes de la corrupción reinante. Me refiero a la cuestión de los horarios de funcionamiento. Es un tema de suyo complejo, pero que si no se resuelve acertadamente de poco servirá todo lo demás que se haga. Parte de la complejidad deriva de que desde siempre, como comunidad con autoridades incluidas, hemos mantenido una actitud santurrona al respecto.

El cierre tempranero de los lugares donde se consume alcohol, hay música y, en general, “buen ambiente”, no resuelve nada y más bien, por el contrario, se agudizan riesgos. 

Recibí un dato que no alcancé a verificar en fuentes alternas, pero que menciono por su relevancia: Cada noche de jueves a sábado, luego de que se cierran las puertas de ese tipo de establecimientos, varios miles de potosinos, jóvenes principalmente, se salen “a seguir la fiesta en las calles”; muchos de ellos a bordo de automóviles en los que luego se desplazan notoriamente ebrios. Me dieron una estimación de “25 mil chavos”, que me cuesta creer pero que no puedo refutar. Lo que sí que no pocos accidentes fatídicos han sido consecuencia de eso.

Hay una sólida argumentación a favor de la ampliación de horarios, de la que otro día daré cuenta, pero por ahora debo decir que su violación, en algunos casos groseramente flagrante, es una de las principales fuentes de corrupción en el ámbito de la vida nocturna citadina.

Escuché una afirmación categórica: “Pensar que los muchachos que echas a la calle a las dos y media de la mañana se van a su casa, es una gran estupidez. Siguen de fiesta en los estacionamientos, en las calles, en parques y jardines o en sus autos”.

Buen tema para seguirlo.

COMPRIMIDOS

Doña Alita Rocha enloqueció. Si por afán espontáneo de imitación o por acatar instrucciones canallescas se propone descalificar públicamente a todos aquellos priistas que osen criticar las fechorías de su jefe, se va a quedar ronca y sin saliva. Y si cumple lo de expulsar del PRI a quienes insistan en no aplaudir al hampón ese, se va a quedar más sola que la una en punto. O bueno, puede ser que no. Siempre podrá contar con el puñado de cadáveres insepultos (políticamente hablando) que la flanqueaban en su ridícula rueda de prensa de la semana pasada. Lo malo no es enloquecer; sino no darse cuenta.

En Palacio Grande podrán decir lo que quieran a través de sus múltiples voceros, pero el activismo de la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, en las redes sociales, es de llamar la atención. Como les platiqué la semana pasada, está siguiendo un manual de operación política a mediano y largo plazo, en acatamiento de instrucciones precisas de sus patrocinadores y patrocinadoras.

Alguien del entorno de doña Rita Ozalia nos hizo un comentario interesante estos días, que estamos en proceso de confirmar pero que de entrada no parece improbable: San Luis Potosí es el único estado de la República donde un candidato o candidata al Senado por la coalición Sigamos Haciendo Historia sacó más votos que su candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo. 

A propósito de lo mismo, el lunes que anduvo por aquí el actual líder morenista en el Senado y futuro coordinador de la fracción guinda en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, conversó brevemente con el gobernador Gallardo Cardona en el hangar del Gobierno. Fuentes confiables nos aseguran que, al abordar el tema de las recientes elecciones, un Monreal afable pero de sonrisa maliciosa le dijo a su tocayo algo así como “Se te pasó la mano, gobernador. Eso no te va a facilitar las cosas con los que llegan”.

Hasta el próximo jueves.