“Tenéis miedo, miedo de la democracia, miedo de las urnas,
de la misma forma que tenéis miedo del Estado de Derecho”
Antoni Comín (exconceller
de la Generalitat)
La Constitución Política de San Luis Potosí dice que es facultad del ejecutivo proponer a la legislatura local a los fiscales anticorrupción y de delitos electorales (así como el de removerlos, aunque las y los congresistas pueden vetar esta remoción con una mayoría calificada de 2/3 partes; algo similar estuvimos a punto de presenciar en México con el despido de Santiago Nieto a la FEPADE, sin embargo, no fue posible debido a que éste en último momento renunció).
Decía, la Constitución potosina le otorga esta facultad al gobernador, sin embargo, en un espíritu de contrapesos, la legislatura puede vetar las propuestas del ejecutivo -como de hecho ya sucedió también- por lo que, el diseño o ingeniería constitucional para superar esta interface prevé la posibilidad que, el ejecutivo modifiqué y envié una segunda propuesta (que puede ser rechazada de nueva cuenta). Del anterior escenario en una aparente inentendimiento entre poderes, la salida es que el gobernador designe discrecionalmente a quien quiera, entre los integrantes de la segunda terna rechazada. Menudo lio dialógico, es decir, hay una deferencia o supremacía de un poder hacia el otro.
Vayamos por partes amiga lectora amigo lector, la letra constitucional fue votada y aprobada en 2017 por nuestros/as diputados/as y ayuntamientos, es decir, si el diseño legal no propicia el dialogo, los acuerdos y el consenso sino todo lo contrario, es culpa y responsabilidad de todos los políticos (menos la suya y la mía porque a nosotros nadie nos preguntó, eso sí que quede claro). El punto nodal o la sístole, me parece, que es el diseño normativo de nuestra constitución política que es muy poco democrática o nada.
Sin importar si fue más a fuerzas que de ganas, es decir, por compromisos y presiones con la comunidad internacional, lo cierto del caso es que México apostó por combatir la corrupción y la impunidad, para crear un sistema de rendición de cuentas, es decir, apostamos por consolidar el valor de la democracia como un estilo de vida de todas y todos en este país.
Pero lo cierto es también que como dice el refrán popular “del dicho al hecho hay mucho trecho”, y la verdad es, que en el país no tenemos a un Fiscal General ni anticorrupción (y al electoral lo terminaron corriendo por andar investigando cosas que no debía), ni que decir, de la ausencia de magistrados anticorrupción, o de las múltiples quejas de las y los distinguidas/os consejeras/os ciudadanas/os de no accederles información, y por ende entorpecer su labor.
¡Quítate que hay te voy! Pues vale que en San Luis Potosí el Sistema Estatal Anticorrupción fue todo un fiasco ¿ignorancia, decidía, flojera o falta de voluntad? No lo sé, lo que es verdad es que pesimamente copiando un sistema de designación nacional para participación de ciudadanos, se nombraron a unos seleccionadores que bastante desconocedores de las regla básicas de derechos humanos terminaron por elegir al consejo ciudadano más misógino del país, y además, a un miembro inelegible por haber sido secretario de un ayuntamiento, pero eso no importa, a seguir adelante, que va.
Pero volvamos al caso y hagamos un poco de prospectiva, decíamos que la norma legal le permitiría al gobernador ante el eventual rechazo de una segunda terna, designar discrecionalmente a los fiscales anticorrupción y de delitos electorales, sin embargo, vale la pena resaltar el epígrafe que usaba en mi colaboración de hace 8 días para Pulso, donde parafraseaba al señor Kuczynski, el presidente del Perú, quien se justificaba ante su pueblo por la liberación del genocida sentenciado Alberto Fujimori diciendo que uso una prerrogativa que le daba la constitución, a lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le replicó “esta potestad legal no puede ser arbitraria ni contraria a normas de derechos humanos –léase democracia-“.
Así como verá amiga lectora amigo lector, el problema seguirá estando ahí, esperemos no sea también la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (igual que sucedió con la Ley de Seguridad Interior) quienes tenga que venir a poner orden en la casa potosina.
Es aquí donde está mi mayor reproche personal ¿Por qué los políticos potosinos no pueden sentarse sensatamente a designar un fiscal? Partiendo desde luego, que en un sistema político democráticamente genuino no se pueden controlar todos los factores ni actores de poder, pues eso es absurdo, cuando su esencia parte de los pesos y contrapesos - en última instancia son a favor del ciudadano /a-; siempre he pensado que la mejor receta para un burócrata que no quiere verse en líos judiciales es “pórtese bien”.
Decía entonces, el problema está en que el diseño legal para elegir al fiscal electoral es muy poco democrático (al otro fiscal también) y me parece que ese el gran problema de nuestro país, es decir, privilegiamos la norma procesal electoral sobre el derecho a la democracia como forma de convivencia social, ósea, hemos preferido la regla del trámite sobre el derecho mismo, pues es absurdo que la forma de designar al fiscal electoral sea antidemocrática.
¿Por qué nuestras/os actuales diputadas/os, (validados por el voto de alcaldes/as, regidor/as, síndicos/as de nuestro Estado) le dieron al gobernador y a la legislatura una facultad poco incluyente para designar a estos vigilantes o supervisores? ¿Qué eran ajenos a que nacionalmente la sociedad estaba en contra del llamado “fiscal carnal”? la verdad no lo creo ¿Por qué no abrieron una convocatoria pública y trasparente para que todas las abogadas y abogados potosinos/as concursaran?
¿Para qué se les pidió opinión a los colegios de abogados, cámaras empresariales, etc. sino los iban a “pelar”? ¿De qué serviría el desafío entre poderes “a ver quién puede más”?
Soluciones hay muchas (desde luego con voluntad política) por ejemplo, que desde comisiones no se aprueben las ternas por requisitos de elegibilidad, pues con uno basta para que para que no se considere “terna” como tal, para que se abriera un espacio sensato de dialogo entre poderes, para incluir nombres que garanticen imparcialidad, independencia y expertise.
Pero sobre todo lo insoñable para usted y para mi amiga lectora amigo lector ¿no sería más constructivo suspender la designación de los fiscales especializados y modificar la constitución para que sea un concurso público, trasparente e incluyente?
La y lo espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@hotmail.com
de la misma forma que tenéis miedo del Estado de Derecho”
Antoni Comín (exconceller
de la Generalitat)
La Constitución Política de San Luis Potosí dice que es facultad del ejecutivo proponer a la legislatura local a los fiscales anticorrupción y de delitos electorales (así como el de removerlos, aunque las y los congresistas pueden vetar esta remoción con una mayoría calificada de 2/3 partes; algo similar estuvimos a punto de presenciar en México con el despido de Santiago Nieto a la FEPADE, sin embargo, no fue posible debido a que éste en último momento renunció).
Decía, la Constitución potosina le otorga esta facultad al gobernador, sin embargo, en un espíritu de contrapesos, la legislatura puede vetar las propuestas del ejecutivo -como de hecho ya sucedió también- por lo que, el diseño o ingeniería constitucional para superar esta interface prevé la posibilidad que, el ejecutivo modifiqué y envié una segunda propuesta (que puede ser rechazada de nueva cuenta). Del anterior escenario en una aparente inentendimiento entre poderes, la salida es que el gobernador designe discrecionalmente a quien quiera, entre los integrantes de la segunda terna rechazada. Menudo lio dialógico, es decir, hay una deferencia o supremacía de un poder hacia el otro.
Vayamos por partes amiga lectora amigo lector, la letra constitucional fue votada y aprobada en 2017 por nuestros/as diputados/as y ayuntamientos, es decir, si el diseño legal no propicia el dialogo, los acuerdos y el consenso sino todo lo contrario, es culpa y responsabilidad de todos los políticos (menos la suya y la mía porque a nosotros nadie nos preguntó, eso sí que quede claro). El punto nodal o la sístole, me parece, que es el diseño normativo de nuestra constitución política que es muy poco democrática o nada.
Sin importar si fue más a fuerzas que de ganas, es decir, por compromisos y presiones con la comunidad internacional, lo cierto del caso es que México apostó por combatir la corrupción y la impunidad, para crear un sistema de rendición de cuentas, es decir, apostamos por consolidar el valor de la democracia como un estilo de vida de todas y todos en este país.
Pero lo cierto es también que como dice el refrán popular “del dicho al hecho hay mucho trecho”, y la verdad es, que en el país no tenemos a un Fiscal General ni anticorrupción (y al electoral lo terminaron corriendo por andar investigando cosas que no debía), ni que decir, de la ausencia de magistrados anticorrupción, o de las múltiples quejas de las y los distinguidas/os consejeras/os ciudadanas/os de no accederles información, y por ende entorpecer su labor.
¡Quítate que hay te voy! Pues vale que en San Luis Potosí el Sistema Estatal Anticorrupción fue todo un fiasco ¿ignorancia, decidía, flojera o falta de voluntad? No lo sé, lo que es verdad es que pesimamente copiando un sistema de designación nacional para participación de ciudadanos, se nombraron a unos seleccionadores que bastante desconocedores de las regla básicas de derechos humanos terminaron por elegir al consejo ciudadano más misógino del país, y además, a un miembro inelegible por haber sido secretario de un ayuntamiento, pero eso no importa, a seguir adelante, que va.
Pero volvamos al caso y hagamos un poco de prospectiva, decíamos que la norma legal le permitiría al gobernador ante el eventual rechazo de una segunda terna, designar discrecionalmente a los fiscales anticorrupción y de delitos electorales, sin embargo, vale la pena resaltar el epígrafe que usaba en mi colaboración de hace 8 días para Pulso, donde parafraseaba al señor Kuczynski, el presidente del Perú, quien se justificaba ante su pueblo por la liberación del genocida sentenciado Alberto Fujimori diciendo que uso una prerrogativa que le daba la constitución, a lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le replicó “esta potestad legal no puede ser arbitraria ni contraria a normas de derechos humanos –léase democracia-“.
Así como verá amiga lectora amigo lector, el problema seguirá estando ahí, esperemos no sea también la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (igual que sucedió con la Ley de Seguridad Interior) quienes tenga que venir a poner orden en la casa potosina.
Es aquí donde está mi mayor reproche personal ¿Por qué los políticos potosinos no pueden sentarse sensatamente a designar un fiscal? Partiendo desde luego, que en un sistema político democráticamente genuino no se pueden controlar todos los factores ni actores de poder, pues eso es absurdo, cuando su esencia parte de los pesos y contrapesos - en última instancia son a favor del ciudadano /a-; siempre he pensado que la mejor receta para un burócrata que no quiere verse en líos judiciales es “pórtese bien”.
Decía entonces, el problema está en que el diseño legal para elegir al fiscal electoral es muy poco democrático (al otro fiscal también) y me parece que ese el gran problema de nuestro país, es decir, privilegiamos la norma procesal electoral sobre el derecho a la democracia como forma de convivencia social, ósea, hemos preferido la regla del trámite sobre el derecho mismo, pues es absurdo que la forma de designar al fiscal electoral sea antidemocrática.
¿Por qué nuestras/os actuales diputadas/os, (validados por el voto de alcaldes/as, regidor/as, síndicos/as de nuestro Estado) le dieron al gobernador y a la legislatura una facultad poco incluyente para designar a estos vigilantes o supervisores? ¿Qué eran ajenos a que nacionalmente la sociedad estaba en contra del llamado “fiscal carnal”? la verdad no lo creo ¿Por qué no abrieron una convocatoria pública y trasparente para que todas las abogadas y abogados potosinos/as concursaran?
¿Para qué se les pidió opinión a los colegios de abogados, cámaras empresariales, etc. sino los iban a “pelar”? ¿De qué serviría el desafío entre poderes “a ver quién puede más”?
Soluciones hay muchas (desde luego con voluntad política) por ejemplo, que desde comisiones no se aprueben las ternas por requisitos de elegibilidad, pues con uno basta para que para que no se considere “terna” como tal, para que se abriera un espacio sensato de dialogo entre poderes, para incluir nombres que garanticen imparcialidad, independencia y expertise.
Pero sobre todo lo insoñable para usted y para mi amiga lectora amigo lector ¿no sería más constructivo suspender la designación de los fiscales especializados y modificar la constitución para que sea un concurso público, trasparente e incluyente?
La y lo espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@hotmail.com