NI QUE FUERAN QUÉ
A punto de consumir el primer tercio de su sexenio, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sigue sin entender que su amplio poder tiene límites -legales, políticos, sociales, éticos- y que no respetarlos ha sido y seguirá siendo motivo de descalabros diversos. Desventuras así autoinfligidas pueden hacer más difícil de lo habitual su ejercicio de gobierno en los cuatro años que le restan.
Por estos días todos tenemos presente un caso paradigmático que ilustra muy bien cómo los excesos de poder se revierten, pasan factura y hasta exponen al ridículo: Las obras de rehabilitación urbana en el barrio de San Miguelito.
¿Quién con buenas razones podría oponerse a que en una de las partes antiguas, protegidas, emblemáticas y queridas por los potosinos se emprendieran trabajos para mejorar sus redes de agua potable y drenaje, el pavimento de las calles, el alumbrado, su jardín y demás? Seguramente nadie.
¿Qué pasó entonces? Dicho coloquialmente: el modito complicó todo. Esta no es la primera vez que obras semejantes se hacen en los barrios de la ciudad. En alguna, la carga material, técnica y financiera ha correspondido al Ayuntamiento, en otras ha recaído en el gobierno del estado o se ha hecho de forma compartida. Pero siempre ha habido comunicación y coordinación entre ambas instancias. También, con mayor o menor esmero, se buscó el consenso de los vecinos, justamente para ahorrarse problemas.
Esta vez no fue así. Convencido de la nobleza de sus intenciones, de su sabiduría aristotélica, de lo legal y correcto de sus métodos, de lo infinito de sus facultades y de su omnipotencia incontestable, Gallardo ordenó iniciar las obras sin siquiera proporcionar información detallada a los vecinos, sin tomar en cuenta al Ayuntamiento (los pavimentos y banquetas son propiedad de la ciudad bajo jurisdicción de la autoridad municipal); sin atender la opinión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (que es obligada por una ley federal, no optativa o al contentillo de nadie).
En un primer momento, la delegación del INAH fijo tersamente su postura, en el sentido de que estaba en la mejor disposición de asesorar a las autoridades estatales para que en San Miguelito y cualquier otro barrio se hicieran las cosas bien, con apego a las leyes de la materia.
Ante tan grosera e intolerable sugerencia de que el gobierno gallardista no podía hacer en San Miguelito o en cualquier otro lugar exactamente lo que le diera su rechingada gana, Gallardo Cardona montó en cólera, acusó al INAH de actuar movido por razones políticas y en un claro y típico intento de amedrentamiento declaró públicamente que ya era tiempo de cambios en la delegación estatal. Si en la dirección general del Instituto se enteraron, ni en cuenta. O sea, no en todos lados se ponen a temblar cuando el emperador tunero truena el látigo.
Hoy las obras están paralizadas por efecto de un amparo, cuyo juez decidirá el próximo jueves si levanta la suspensión provisional concedida o la convierte en definitiva, mientras se agota todo el proceso que puede tardar meses o años. Pero lo más relevante en este affaire no viene a ser el fallo judicial.
En opinión de su servidor, dos son los hechos más interesantes, por su carácter correctivo y ejemplificador: uno, la autorización expedida por el INAH para la etapa preliminar de las obras (que parcialmente ya fueron hechas, pero de manera contraria a lo que indica la dependencia federal con base en la ley), y dos, que ahora hay vecinos exigiendo al Ayuntamiento capitalino que levante el tiradero que dejó la Seduvop gallardista.
Por lo que hace a lo primero, en esencia, con cierta elegancia y algo de sorna, el INAH le dice al gobierno: en tales y tales calles el pavimento de adoquín de los arroyos lo debes levantar con cuidado y conservarlo porque luego lo deberás relabrar y volver a colocar; se deben reponer las redes de agua y drenaje y luego a repavimentar artesanalmente. En lo referente a las banquetas, el retiro de su pavimento, sea adoquín, cantera, losas o cualquier otro material, debe hacerse manualmente, pues el uso de maquinaria pesada pone en riesgo las construcciones centenarias del rumbo. (Por cierto, ¿ya la Seduvop recuperaría los adoquines -patrimonio de la ciudad - que anduvo regalando a lo pendejo?)
En lo que se refiere al punto dos, supongo que el Ayuntamiento esperará a ver qué decide el juez y qué reacción tiene el gobierno, pero por lo pronto le acercaron y gratis la oportunidad de vestirse de héroe e ir a San Miguelito a sacar de sus angustias a los vecinos que no pueden tener acceso a sus hogares, sobre todo si son adultos mayores o personas con alguna discapacidad, y que además carecen de abasto de agua y de servicio de drenajes. Supongo que Galindo debe estar frotándose las manos.
Por último, sobre este tema en particular, hay un elemento a resaltar: quizá la demanda más enfática de los vecinos inconformes era que se les mostrara el proyecto integral de las obras y se identificara a la empresa constructora. Pregunté a uno de ellos por qué su interés en esos puntos y fue muy claro: “En Himno Nacional dijeron que las obras estarían en tres meses y se tardaron once; en el puente de la salida a Rioverde la empresa constructora se comprometió a terminarlo en dos meses y medio, y está por cumplir un año”.
Si antes de arrancar los trabajos en San Miguelito el gobierno gallardista hubiera entendido que debía consensar con los vecinos, consultar con el INAH, coordinarse con el Ayuntamiento y dejar la prepotencia y la soberbia boba a un lado, en estos momentos estaría trabajando plácidamente, sin problemas, sin causar enojos ni cosechar rencores.
NO SE VAYA TODAVÍA
Sucede que su poder no es lo único que, equivocadamente, Ricardo Gallardo Cardona considera ilimitado. El mismo equívoco asoma cuando se trata de su credibilidad.
En este rubro de la credibilidad, los ejemplos de su acelerado deterioro son muchos, pero nos referiremos hoy a uno de los más recientes. Dijo hace algunos días que en la Feria Nacional Potosina no puede haber corrupción porque es gratuita. ¡What! De entrada, la gratuidad supondría ausencia de ingresos, pero ni siquiera eso. No se cobró la entrada, los juegos mecánicos y el Teatro del Pueblo (que nunca se ha cobrado), pero los ingresos por renta de espacios, por concesiones de consumo y hasta por los baños, suman muchos millones de pesos.
Además, pretender que la corrupción solamente se puede hacer presente en los ingresos es una verdadera tontería. Los egresos, los gastos de todo tipo, son campo igualmente propicio para meter mano. Baste un ejemplo: el pago de decenas de millones de pesos a los artistas que se contrataron para el Teatro del Pueblo. Y si ahí no hay nada chueco, entonces ¿por qué primero muertos que transparentarlo? Yo insisto: nadie oculta lo que hace bien.
Pero el collar de perlas es enorme: El pasado 24 de agosto, el gobernador Gallardo “destapó” a Juan Carlos Valladares Eichelmann y a Nachito Segura como posibles candidatos a la alcaldía. No lo hizo en alguna discreta reunión con su gente de más confianza. No, se lo declaró a los medios y ahí están las notas, los audios y los videos del caso. Apenas unos días después, le preguntaron su opinión sobre el “destape” del diputado José Luis Chiquis Fernández para eventual alcalde de Pozos (si es que se convierte en municipio) que hizo el dirigente Verde Eloy Franklin, y evidentemente molesto, RGC respondió que “yo no destapo candidatos”. ¿En qué quedamos por fin?
Cuando la denuncia, a fines de agosto, de algunos empresarios puso al descubierto que el Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico de San Luis Potosí (Fideco) había dejado de recibir los fondos que le corresponden, a razón del 20 por ciento de la recaudación anual del Impuesto sobre la Nómina (unos 600 millones de pesos), la reacción de Gallardo fue acusar falsamente que ese dinero se lo gastaban a su contentillo algunos privilegiados del “Club de Tobi”, haciéndose prestamos indebidos. Una semana más tarde, su secretario de Desarrollo Económico, precisamente Valladares Eichelmann, declaró que ese fideicomiso debía ser recuperado porque era importante para apoyar la atracción de inversiones. ¿O sea?
También por aquellas fechas, un trabajo de Pulso reveló que la millonaria suma pagada a una empresa guerrerense de servicios médicos para la operación de las Clínicas Rosas no era anual sino por cinco meses. Preguntado al respecto, el mandatario dijo que eso no era así, que el pago era por un año. Días más tarde, el Oficial Mayor de su gobierno dijo que, con la pena, pero el desembolso era efectivamente por menos de medio año y que la semana próxima habrá que recontratar el servicio para que no se interrumpa. ¿En qué quedamos, otra vez?
Hay mucho más material que confirma la tesis de que creer que su poder es ilimitado no es el único error de fondo de Gallardo Cardona, sino también no registrar que a base de mentiras, yerros y tonterías su credibilidad llega muy abollada al inicio de su tercer año de gobierno, y con marcada tendencia a la baja.
COMPRIMIDOS
Si la elección de Claudia Sheinbaum como virtual candidata presidencial de Morena no fue lo mejor para el gallardismo, algo le compensará la incorporación de Adán Augusto como operador político de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, único de los prospectos serios con quien Gallardo Cardona parece haber hecho click. Parece.
En la UAM deben andar muy contentos por el protagonismo político que ha adquirido Omar García Harfuch, quien si no es el próximo jefe de gobierno en CdMx seguramente será el secretario de Seguridad Pública con la señora Sheinbaum, sujeto al triunfo electoral, claro. Su supuesta cercanía con el que fuera poderoso secretario del ramo en tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna, es prácticamente inexistente. García Harfuch ingresó a la entonces SSP en 2008, con 26 años de edad, como jefe de departamento, que es un puesto seis niveles abajo del Secretario. Si dice que casi nunca vio a García Luna, seguro es cierto. Su carrera despegó a partir del 2012, con la llegada de Enrique Galindo a la titularidad de la Policía Federal. Primero lo mandó a fogueo de campo como jefe de destacamento en Acapulco y luego como coordinador estatal en Guerrero, para dejarlo como jefe de la División de Investigación, uno de los cargos más importantes de la PF.
El plantón de maestros potosinos montado desde hace unos días en el Zócalo de la Ciudad de México a iniciativa de Primo Dothé, puede que no sea muy numeroso, pero sí muy inoportuno… Para el gobernador. Para los mandatarios de la órbita cuatroteísta estos son momentos de demostrar control político, no andar trasladándole problemas a las instancias federales. Digo.
¡Hasta el próximo jueves!
