No son los adoquines

A principios de esta semana la secretaría de Desarrollo Urbano pretendió dar por zanjada ante el juzgado sexto de distrito la controversia sobre el retiro de los adoquines en el barrio de San Miguelito, presentando un escrito en el que se señala que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mediante el muy cuidado Oficio 401-8124-D1255/2023 dio su autorización para comenzar con las obras (ya comenzadas). Recordemos que una de las causales por las cuales el mismo juzgado otorgó la suspensión contra actos de la dependencia estatal, fue la ausencia de permisos de la instancia federal, a la que ni siquiera informaron o al menos tomaron parecer sobre el asunto. 

No es algo novedoso en este gobierno en el que la dinámica es irse por la libre a ver qué se logra y, después, en caso de haber alguna oposición, desacreditarla frente a la opinión pública, como en esta ocasión lo hizo con la delegación estatal del INAH, al acusar en ambiguo de ser depositaria de intereses políticos. Estos señalamientos resultan curiosos dado que el gobernador ha señalado cada que le es posible, ser aliado de la llamada cuarta transformación y por consiguiente del gobierno federal, ¿no es ésta una dependencia federal?, ¿entonces sólo es aliado cuando conviene a sus intereses y cuando se trata de firmar panfletos a modo? Por otro lado es necesario señalar que el actual encargado de despacho de la delegación asumió el cargo luego de la muy afortunada y necesaria renuncia de su anterior delegado, Juan Carlos Machinena; lo que haría suponer que en caso de recibir línea de alguien, sería de este personaje.         

Regresando al texto entregado al juzgado y más allá de lo técnico, muestra (como ya acertadamente lo mencionó el periodista Juan José Rodríguez el pasado jueves en Las nueve esquinas) cierta anemia neuronal en algunos personajes de la administración estatal cercanos al titular del Ejecutivo, destacando entre ellos  la secretaria de Desarrollo Urbano, al afirmar que ya se contaba con el permiso del INAH cuando en realidad éste fue otorgado a medias. No es criticable, todos tenemos derecho a vernos aquejados por cierto grado de imbecilidad, el problema de este tipo de padecimientos es cuando el que lo sobrelleva supone que quienes se encuentran en su entorno también lo padecen y se  hallan a su nivel. Lástima que lleven a esa categoría a un juez de distrito. 

Este caso, lo escribí hace dos sábados, tiene muchas facetas y cada una da para análisis generosos, pero pareciera que no queremos darnos cuenta que las piedras del pavimento sólo son la forma, el fondo da para mucho más y es en éste en el que debemos observar detenidamente el contradictorio y delincuencial actuar de las autoridades estatales. Si bien, el principal detonante de los reclamos de algunos vecinos de San Miguelito fue el retiro de los adoquines, hay que darse cuenta que detrás de esta acción hay un sinfín de omisiones y violaciones legales que no se le tolerarían a ningún ciudadano de cédula cuarta.            

Más, todavía, muestra cómo los funcionarios con tal de agradar al jefe, son capaces no sólo de decir cualquier cantidad de disparates, sino también de buscar la forma de torcer la ley para lograr adecuarla a sus intereses; nada nuevo que no se hubiera practicado antes, pero al menos se buscaba guardar las apariencias y siempre “dentro de la legalidad”. 

Lo que resulta más deleznable son los dichos del ya mencionado Juan Carlos Machinena Morales, secretario estatal de Turismo, quien parece ser que ya olvidó su (siempre ficticio) interés por la conservación del patrimonio. El que sea un acomodaticio intelectual engañabobos que sigue incardinado en la nómina estatal es lo de menos, finalmente de algo se tiene que vivir, y si resulta del gusto del gobernador el dejarse engañar, pues allá ellos. Lo que acaba alarmando es que sea el secretario de Turismo de un estado del que en cierta forma vive del turismo (y que además pretenden engañosamente mostrar como tercer destino turístico de México) el que acaba legitimando una alteración contra el patrimonio histórico arquitectónico que resulta el principal soporte del título de ciudad patrimonio dentro del itinerario Cultural de Camino Real de Tierra Adentro. ¿No era más fácil que, en recuerdo de esa trayectoria que aparentemente lo avala y del mucho conocimiento que tiene del tema, le sugiriera al gobernador hacer las cosas de manera acertada?