Nos faltan 43 mil

En este sexenio se ha roto un sinfín de récords negativos en términos de violencia: estamos en máximos históricos de homicidios dolosos, feminicidios, extorsiones, robos a negocio, narcomenudeo, trata de personas, violaciones y violencia familiar.

Pese a todo ello, donde queda más claro el fracaso del gobierno federal y de los gobiernos locales por pacificar al país y proteger la integridad y vida de los mexicanos, es en el fenómeno de las desapariciones.

La actual crisis de desaparecidos no tiene igual, en los 5 años del gobierno del presidente López se han registrado más de 43 mil personas desaparecidas -muchas más del total de personas que desaparecieron en los sexenios de Calderón y Peña juntas-. Lamentablemente muchas de ellas fueron víctimas de homicidio y yacen en las tantas fosas clandestinas del país, en fosas comunes, fueron disueltas o incineradas clandestinamente, sin que la autoridad sea capaz de darles identidad y los deudos puedan tener acceso a la justicia y a la verdad de qué le ocurrió a su ser querido.

Si en México desaparecen más de 20 personas al día es porque se ha permitido el crecimiento de la delincuencia organizada, la común e incluso la violencia de género.

Desaparecieron más de 43 mil personas en los últimos 5 años porque tenemos una crisis de grupos delictivos que se enfrentan entre sí por el control del mercado de drogas, por traficar personas, tratarlas, por extorsionar o secuestrar.

Esas 43 mil personas permanecen desaparecidas porque el Estado es incapaz de activarse y emprender búsquedas rápidas en vida, porque a muchas víctimas indirectas que acuden a denunciar la desaparición de su ser querido no se les atiende, se les regresa a sus casas, se les pide que esperen, se les abandona y revictimiza.

Si en 5 años se han identificado más de 5 mil fosas clandestinas -y muchas más no se han encontrado- es porque el Estado no detiene el pleno control del territorio.

Si hay cuerpos sepultados en fosas comunes sin que se haya hecho el intento de identificarlos, registrarlos u obtener información de su ADN, es porque los servidores públicos no siguen los protocolos y procesos establecidos; es porque nadie los capacitó para ello, porque no se le dieron los recursos para hacerlo, porque nadie los supervisa o porque simplemente carecen de integridad y honestidad.

Tan sólo la semana pasada, tras el hallazgo de un horno crematorio clandestino por parte del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco en Tlaquepaque, el periodista Óscar Balderas se dio a la tarea de investigar cómo se arma un crematorio clandestino y cuánto cuesta.

Y ante todo lo anterior, sólo hay impunidad.

Con tantas fallas, tanto desinterés, tantos delitos, tanta violencia y tanta corrupción ¿cómo reducir el número de personas que desaparecen en nuestro país? ¿Cómo darles identidad a los restos humanos encontrados? Aplicando la ley, persiguiendo y sancionando los delitos, recuperando el territorio y poniendo al centro de toda la actividad de las fuerzas de seguridad y justicia los derechos de las víctimas.

Necesitamos reducir los delitos, el narcotráfico y narcomenudeo; el contrabando; el tráfico y la trata de personas; la extorsión; los robos y todos los delitos que ponen en riesgo la integridad y vida de las mujeres. Eso no se logra con abrazos, se logra con estrategias diferenciadas por delitos y sustentadas en evidencia e inteligencia. Se logra destinando los recursos necesarios para el óptimo funcionamiento de las autoridades de seguridad y justicia. Se logra combatiendo la corrupción; evaluando y supervisando el trabajo de los servidores públicos. Se logra reconociendo el tamaño de la crisis y escuchando a las víctimas.

Es decir, se debe hacer exactamente lo opuesto de lo que ha hecho hasta ahora el presidente López quien niega los hechos escudándose en retórica y narrativa; quien desmanteló instituciones, recortó recursos, militarizó al país sin alguna estrategia de combate a los delitos; quien tolera a los criminales y a los corruptos; quien se ha negado una y otra vez en reunirse y escuchar a las víctimas.

Esperemos que quien nos gobierne a partir de 2024 tenga mucha más capacidad y disposición para combatir los delitos, así como más sensibilidad para atender a las víctimas, de lo contrario las víctimas aumentarán, crecerá el poder de la delincuencia y el Estado será cada vez más débil.

@frarivasCoL

(Director del Observatorio Nacional Ciudadano)