Nueva institucionalidad

Se han cumplido tres años del histórico triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de México. Ya se ha comentado aquí acerca del enorme simbolismo que representa el 2018 para un sector mayoritario del pueblo mexicano, en términos de contar con una verdadera alternancia en la sede y ejercicio del poder político más emblemático del país. Más que un estilo personal de gobernar, lo que ha caracterizado esta primera mitad del sexenio es la construcción de una nueva institucionalidad que, por la naturaleza histórica del régimen político mexicano, implica superar viejas y nuevas resistencias de grupos de interés de muy diverso tipo. El resultado de ese propósito se ha manifestado, después de realizado el proceso electoral intermedio, en el mantenimiento de una aprobación social del presidente AMLO, así como de Morena, el partido por él fundado, ganando 11 de 15 gubernaturas en juego, así como la mayoría simple en la cámara baja federal con sus aliados. Evidentemente, la postura de distintos grupos de interés que se oponen a una transformación institucional se ve reflejada en un alud de cuestionamientos que rayan más en lo personal.

Construir una nueva institucionalidad, desmontando arcaicos aparatos de mediación entre el Estado y la sociedad no es una tarea fácil y que se agote en un corto plazo. Tampoco es una tarea radical como pretenden los críticos de la 4T, cuando llegan hasta el punto de acometer una presunta lucha ideológica que se reduce a simplismos como el de avizorar el advenimiento de una suerte de “chavismo” o machacar con la cantaleta del populismo. Este tipo de posturas que ni siquiera son de credo o de filosofía crítica, sino de reacciones viscerales que descalifican las acciones que exhiben los abusos de minorías en lo económico y político, se parecen a lo que don Pablo González Casanova denominara como “nueva metafísica”, toda vez, que, en el fondo, son posturas que sirven a los designios de la derecha más conservadora. Frente a eso, don Pablo proponía una “nueva dialéctica” que, por definición, enseña que no se puede sostener siempre un modelo que hace abstracción de la realidad concreta de la mayoría y que, junto con la explotación del trabajo por el capital, agudiza la crisis con la exclusión productiva de amplias masas de la población, además de pretender descansar la solución en una mera dominación política que se agota en recursos de alto costo social como el de la represión.

Así las cosas, volvemos a lo que decimos que ha caracterizado a la primera mitad del sexenio por parte del actual gobierno, destacando como algunos de sus ejes rectores el de la separación de la economía y la política, revirtiendo la depauperación de los trabajadores con incrementos al salario mínimo que antes eran una burla, así como fortaleciendo las políticas de bienestar material de grupos vulnerables para acceder a una vida más digna; pero, también, enfatizando que la represión estatal no sea tenida como un componente regular de la dominación política ni tampoco instrumento de contención de los legítimos reclamos de la población. Decía Alain Touraine, destacado pensador francés que la idea de la sociedad se vuelve inútil cuando se le atisba sólo en términos de sistema y no de actores que pueden cambiar las orientaciones de sus instituciones. Deconstruir las viejas instituciones implica construir nuevas y eso es lo que impulsa el actual gobierno para cambiar de fondo el régimen social y político; en esa tarea, el pueblo se ha vuelto actor relevante y, eso, molesta a sectores que quisieran, siguiendo una metáfora religiosa, “meter el vino nuevo en odres viejos”.