Outsourcing

Eliminar la evasión, elusión, simulación laboral y abuso al trabajador son los principales argumentos para regular el outsourcing como forma de contratación laboral; con estos objetivos el pasado 12 de noviembre el Presidente de la República firmo el proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del Impuesto al valor agregado.

Para definir al outsourcing como un problema público se puede hacer de tres maneras, como fuente de ingresos de los empresarios, generador de ingresos a las finanzas públicas y como calidad de vida laboral de los trabajadores; cada manera lleva a conclusiones diferentes; la primera, es poner en el centro del problema a los empresarios y la perdida de sus utilidades; en el segundo a los trabajadores y la inestabilidad, precariedad e incertidumbre laboral en la que se encuentran millones de personas que son contratados por estas empresas.

El outsourcing como empresa pone en el centro del problema público a los empresarios, significa reconocer su derecho a ejercer una actividad que les genere ingresos; pero en la discusión pública no se argumenta de esta manera, sino que generan 4.6 millones de empleos; según su perspectiva con el nuevo marco jurídico se perderían esos empleos, dejando sin ingresos a millones de personas y sus familias; también que se está atentando contra la inversión privada generadora de empleos, por lo que es una política pública que está en contra del bienestar de los mexicanos. 

Como generador de ingresos públicos, el problema público se define en los términos planteados por Carlos Jiménez Bandala, quien argumenta que en “México hay más de 900 empresas de outsourcing y más de la mitad no están registradas en la Secretaría del Trabajo, solo 100 ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y apenas 40 pagan impuestos”, lo cual coincide con el proyecto de decreto del Presidencia de la República, el cual planea el problema público como evasión fiscal,  simulación laboral y abusos a los trabajadores.  

Desde esta perspectiva se plantea que el outsourcing o subcontratación laboral ha sido aprovechada para evadir impuestos y con ello mermar los derechos de los trabajadores en materia de salud, vivienda, jubilación y reparto de utilidades; una práctica muy común es el despido de personal en diciembre y su recontratación en enero con el fin de interrumpir la relación laboral y con ello no reconocer antigüedad; con esta situación se genera inestabilidad e incertidumbre en la calidad de vida millones de trabajadores y sus familias. 

En el proyecto de decreto se prohíbe la subcontratación de personal; sólo queda permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no forman parte de la actividad económica de la empresa; los patrones que recurren a la prestación de servicios especializados con un contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadores, serán responsables solidarios; los outsourcing requerirán autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y renovarse cada 3 años y quedar registradas en un padrón público.

Además, el decreto contempla la posibilidad de contratar personal por un tiempo determinado, pero se tiene que firmar con el trabajador un contrato que así lo especifique, con lo que no se tendría que acudir a una tercera empresa para evadir responsabilidades laborales, con ello se busca generar certeza laboral; quedan permitidas las agencias de colocación, pero solo podrán intervenir en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación. La violación a las disposiciones implicaría multas que van de los 173,760 pesos hasta los 4 millones 344,000 pesos.

En el debate público se ha puesto énfasis en la generación de empleo, la evasión fiscal y los derechos laborales de los trabajadores, cada actor involucrado ha expuesto y defendido sus argumentos, los empresarios: “se perderán empleos”; los expertos: “generará estabilidad laboral en los trabajadores”; los actores gubernamentales: “terminar con la simulación laboral”; el debate esta en los medios de comunicación, en foros especializados, en las redes sociales y muy pronto en la Cámara de Diputados, pero llama la atención que no se ha escuchado a los trabajadores. 

En síntesis, el outsourcing como funciona hasta ahora genera empleos, pero afecta a los trabajadores ya que se les registra en la seguridad social con salarios menores a los que realmente perciben, afectando su pensión, fondo de vivienda, menores liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, afectaciones a las licencias de maternidad, accidentes e incapacidades, inestabilidad laboral, impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva de condiciones de trabajo. Próxima colaboración: 02 de diciembre de 2020.   

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