Pobreza

En México corrupción, inseguridad y pobreza son los problemas públicos que más requieren de políticas públicas efectivas por parte de los tres niveles de gobierno. Según Coneval para 2020 el 43 % vive en pobreza, de la cual el 8.5 % se encuentra en pobreza extrema; el 23.7 % es vulnerable por carencias sociales y el 5.9 % vulnerable por ingresos. Entre las principales carencias sociales se encuentran: rezago educativo (19.2 %), acceso a salud (28.2 %), acceso a seguridad social (52 %), acceso a una alimentación nutritiva y de calidad (22.5%).

La pobreza es una situación social determinada por múltiples causas y se manifiesta de diversas maneras en la calidad de vida de las personas, por lo que para superarla se requieren políticas sociales, económicas y de infraestructura. Las intervenciones gubernamentales no solo necesitan de recursos presupuestales, sino también que su diseño esté focalizado, orientado a solucionar problemas específicos de cada uno de los grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero sobre todo que tengan como objetivo modificar su comportamiento.

Solucionar el problema de la pobreza no es responsabilidad solo del gobierno federal, sino también de los estados y municipios. Al gobierno federal le corresponde el suministro de recursos federales aplicados en el combate a la pobreza, así como el diseño de los lineamientos generales de su aplicación; es responsabilidad de los gobiernos estatales la elaboración de diagnósticos causales de la pobreza en su territorio, así como planes estratégicos de mediano y largo; de manera coordinada con los municipios, implementar los programas sociales.

En política social no hay coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal, sino duplicidad en las acciones, por lo que cada nivel de gobierno entrega becas, despensas transferencias monetarias, no para resolver necesidades de pobreza, sino para cumplir objetivos políticos y electorales, lo hacen sin un diagnóstico, ni una planeación, sin identificar las necesidades de la población de manera contextual, no interactúan de manera directa con ella; las soluciones son más con objetivos electorales que superar las condiciones de vulnerabilidad de la población en pobreza.

En México no se tiene una política pública de combate a la pobreza, sino una gran diversidad de pequeños programas gubernamentales, implementados de manera descoordinada entre los tres niveles de gobierno, que han construido un discurso de atención a la más pobreza, pero que en la realidad solo buscan atender el problema de manera parcial y limitada, donde predomina más lo político que atender la causas por las cuales cuatro de cada cien mexicanos viven en situaciones de vulnerabilidad. La población en pobreza ocupa el primer lugar en la agenda de las campañas electorales, pero no en la agenda de gobierno.

En los últimos tres años el gobierno federal ha dado un giro en el diseño y operación de la política social. Las políticas públicas focalizadas han sido sustituidas por políticas públicas universales, lo que ha generado que personas que no se encuentran situación de vulnerabilidad reciban los apoyos gubernamentales; la implementación se hace sin la intervención de los gobiernos locales, pero aún prevalecen actos de simulación en la entrega de los recursos a los beneficiarios y acciones de control con fines electorales.

La complejidad del problema de la pobreza demanda un rediseño del proceso de las políticas públicas, tanto en su diseño, implementación y evaluación; además, se requiere que el gobierno federal recupere su responsabilidad de rectoría, articulación, monitoreo y evaluación de la acción gubernamental en el área social; los gobiernos estatales asuman la tarea de generar información local derivada de un diagnóstico causal y los gobiernos municipales generar las condiciones logísticas de la entrega de los apoyos sociales a la población beneficiada de manera transparente y con rendición de cuentas.

Además de lo anterior, es necesaria una gestión pública orientada a resultados, que identifique de manera calara necesidades, insumos, actividades, resultados e impactos, que tenga espacios de participación ciudadana, cuyo involucramiento más que de información y consulta sea de cogestión en el diseño e implementación de las políticas públicas; además se requiere un monitoreo peormente de acciones y resultados, así como la evaluación de diseño, implementación e impactos de las políticas públicas sociales.

En resumen: En México, la pobreza como una de las situaciones sociales más graves y complejas que requiere de intervenciones gubernamentales coordinadas entre los tres niveles de gobierno, así como de políticas públicas focalizadas en los sectores sociales más vulnerables, con un modelo de gestión orientado a resultados, con una participación social de cogestión, monitoreada y evaluada en su diseño, implementados e impactos. Próxima colaboración: 17 de noviembre de 2021.

@jszslp