Precedentes Ambientales
Segunda Parte
“Si apoyas la destrucción del medio ambiente, los candidatos del PVEM, PT y Morena (4T) son tu opción.” LGL
La reciente aprobación de modificaciones a la Ley de Amparo por la 4T en la Cámara de Diputados, específicamente en los artículos 129 y 148, ha generado un debate significativo en México. Estos cambios legislativos restringen la capacidad de los jueces para otorgar suspensiones generales en los juicios de amparo, lo que ha levantado preocupaciones sobre sus efectos en la defensa del medio ambiente y la protección de los derechos humanos. Ellos dicen que esta reforma busca garantizar el “respeto irrestricto a la separación de poderes” y fortalecer el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, pero tiene implicaciones profundas y posiblemente adversas para la sociedad y el ambiente.
La reforma modifica la estructura del juicio de amparo, limitando la capacidad de los jueces para emitir suspensiones con efectos generales cuando se impugna la constitucionalidad de normativas generales. Esto conlleva que los efectos de una suspensión judicial en el contexto de un amparo se circunscriban exclusivamente al quejoso, eliminando la posibilidad de extender su protección a un colectivo más amplio. La intención declarada falsamente es respetar la división de poderes y la presunción de que las leyes son constitucionales hasta que se demuestre lo contrario.
El juicio de amparo ha sido históricamente un recurso legal vital para la protección ambiental en México. Activistas y comunidades han utilizado este mecanismo para detener o modificar proyectos y políticas que representan riesgos significativos para el medio ambiente. La posibilidad de solicitar suspensiones generales ha permitido prevenir daños irreversibles mientras se resuelven los litigios pertinentes. Sin embargo, con la nueva reforma, esta herramienta crítica se ve debilitada, lo que podría resultar en la ejecución de proyectos dañinos antes de que se complete su revisión judicial.
Un caso ilustrativo de la importancia del juicio de amparo en la protección ambiental es la defensa de los árboles en la Avenida Himno Nacional en San Luis Potosí. La organización Cambio de Ruta, A.C., logró a través de un amparo, detener la tala de 867 árboles que iban a ser removidos por un proyecto de supuesta modernización vial. La suspensión otorgada bajo el amparo protegió estos árboles, demostrando cómo las medidas cautelares pueden servir efectivamente para proteger los recursos naturales y los intereses comunitarios.
La reforma también plantea serias preocupaciones en relación con la protección de los derechos humanos en México. Al restringir las suspensiones a los efectos individuales de los quejosos, se reduce significativamente la capacidad de proteger derechos colectivos como el acceso a un medio ambiente sano, el derecho a la salud y el derecho al agua. Esto es especialmente crítico para comunidades que carecen de los recursos necesarios para presentar múltiples amparos individuales, dejándolas desprotegidas frente a decisiones gubernamentales o empresariales que podrían afectar su bienestar.
Líderes empresariales, académicos, profesionistas, figuras eclesiásticas y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por esta reforma. Argumentan que debilita la capacidad de defensa de los ciudadanos frente a arbitrariedades estatales y políticas potencialmente dañinas. Estas voces alertan sobre un retroceso significativo en los logros en materia de justicia y derechos humanos, instando a una reconsideración y posible revisión de las modificaciones para equilibrar adecuadamente el desarrollo y la protección de derechos fundamentales.
Ante este panorama, es crucial que la sociedad civil, expertos legales y otros actores involucrados continúen evaluando y discutiendo públicamente las implicancias de estas reformas, para revertirlas.
Es posible que se requieran ajustes o nuevas propuestas legislativas para asegurar que el juicio de amparo siga siendo una herramienta efectiva para la protección de los derechos colectivos y el medio ambiente. La experiencia internacional y los tratados de derechos humanos podrían ofrecer perspectivas valiosas para reformular o ajustar el enfoque actual.
En última instancia, el desafío es encontrar un equilibrio que no solo respete la estructura constitucional y la presunción de legalidad de las normas, sino que también proteja eficazmente los derechos humanos y el medio ambiente. Esto requerirá un diálogo continuo, estudios detallados y una participación activa de todos los sectores de la sociedad para asegurar que México no retroceda en sus compromisos de justicia social y ambiental.
Delírium trémens.- Resulta alarmante e inaceptable que, frente a la necesidad de una reforma integral en la normatividad sobre Movilidad, nuestros congresistas locales se limiten a realizar ajustes superficiales y desorganizados a la legislación existente. Esta actuación, llevada a cabo sin la debida consulta pública y en una clara respuesta a presiones judiciales y reclamos ciudadanos, revela una falta de visión y compromiso.
¿Acaso esta mediocridad legislativa es la aspiración que tienen para el futuro de San Luis Potosí?
Los potosinos merecemos y exigimos políticas bien fundamentadas y coherentes que realmente atiendan las necesidades de movilidad urbana.
@luisglozano
