PREPOTENCIA

Si el hecho y sus motivos se confirman en los próximos días u horas, según lo prevén las versiones en curso, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado renunciará en breve a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, no por decisión voluntaria ni por incumplimiento de sus responsabilidades, sino por una presión insana e inclemente aplicada desde la esfera del Ejecutivo estatal. En el entorno de la funcionaria se tiene por seguro que no tarda en abandonar el cargo para el que fue electa en el Congreso del Estado por un período de siete años, de los que le restan por cumplir casi tres. Los trascendidos a propósito de la perruna presión ejercida sobre Rocío serían de no creerse en otros tiempos, pero en estos no causan ninguna extrañeza: Hay una molestia profunda en Palacio de Gobierno porque en las auditorías del ejercicio 2020 se detectaron en Soledad irregularidades por casi 145 millones de pesos, en tanto que en el Ayuntamiento de la Capital el monto en ese rubro fue la mitad.

A reserva de ver qué sucede, por ahora hay dos cuestiones que destacar: Una, que el encono contra Rocío no es por fallas graves o conductas deshonestas en su trabajo, sino por no haber adoptado un sesgo partidista para proteger a los aliados del gallardismo y perseguir a sus adversarios, y dos, nadie parece recordar las deplorables condiciones en que recibió hace cuatro años la ASE, saqueada, colonizada y corrompida por la tristemente célebre "Ecuación Corrupta", de la cual, por cierto, formaba parte el actual Secretario General de Gobierno.

El Gobierno del Estado dispondrá en el 2022 de un presupuesto que en términos reales (descontada la inflación) será prácticamente igual al de este año. Frente a tantos compromisos, proyectos y promesas, será muy interesante ver qué malabares financieros se realizan -aparte, obvio, del endeudamiento ya en marcha-. Baso este comentario en el documento oficial entregado por el Ejecutivo al Congreso, mismo que se hizo público el martes en la Gaceta Parlamentaria. El presupuesto general de egresos planteado es por 53 mil 121 millones 890 mil 110 pesos, superior en 8.4 por ciento al que se está ejerciendo este año (49 mil millones en números cerrados). Ayer por la mañana, el INEGI informó que en la primera quincena de noviembre el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó en 0.69 por ciento, con lo que la inflación anualizada a ese momento alcanzó 7.05 por ciento. Según diversos expertos tanto del sector oficial como del privado, al concluir el año el saldo inflacionario será ligeramente superior al 7 por ciento. Así, el 8.4 por ciento de incremento nominal en los ingresos y gastos estatales para el año próximo significará en términos reales un aumento de cuando mucho 1.4 por ciento.

Para la administración gallardista este choque con la realidad debe haber sido traumático, sobre todo porque la obligó a hacer pedazos uno de sus compromisos de campaña que todavía hace dos o tres semanas se reiteraba: no aumentar los impuestos. Salvo que los señores diputados dispongan lo contrario, el Ejecutivo aumentará de 2.5 a 3.0 por ciento el impuesto sobre la nómina, que es la principal vía de recaudación propia. Ese tributo no se modifica desde hace diez años. En cuanto al presupuesto federal, que nuevamente en 2022 significará más de 90 por ciento del total de ingresos (el 91.2 para ser exactos), su aumento numérico también se desvanece al descontarle la inflación y volverlo real.

Me viene a la mente, parafraseado, el malicioso dicho aquel de "amistad que no se demuestra en el presupuesto, es pura demagogia".

El resucitado Frente Cívico Potosino no es tan potente como sus promotores quisieran ni tan insignificante como sus detractores desearan. Sus alcances reales los conoceremos con el tiempo, sobre todo luego de que los hechos vayan poniendo en claro cuál es su objetivo principal: ¿hacer frente a los excesos del poder, construir una opción político/electoral o simplemente blindar a Xavier Nava, a quien la gallardía quisiera ver tras las rejas? Del navismo original (1958-1961) casi no queda nadie, pero hay navistas de segunda y tercera generación que a veces se ponen a trabajar junto a los más viejos, y algo consiguen. Así sucedió en el 2018, cuando sorprendentemente XN derrotó casi dos a uno al empoderado y engrandecido Ricardo Gallardo Juárez. No digo que el triunfo de Nava se haya debido sustantivamente al legado de su abuelo, pero sí que contribuyó con varios miles de votos.

En el 2021 no se repitió ese trabajo y Xavier 

se desplomó.

Sin eludir el hecho de que sin el doctor el navismo quedó muy disminuido y que no ha habido nadie que ni de lejos se aproxime a llenar sus zapatos, creo que lo que queda de esa corriente histórica puede, en el momento y las circunstancias actuales, hacer una aportación valiosa a nuestra vida pública: valentía; valor político y cívico. Si lo esencial de su largo trayecto no está perdido, algo debe quedar de aquel temple que permitió enfrentar a figuras poderosas sin achicarse. También, y esto sobre todo en Palacio de Gobierno, conviene tener en cuenta que el navismo histórico (y quiero suponer que lo que de él quede) suele nutrirse de los excesos del Poder. Es decir, si ese enclenque resucitado el sábado anterior recibe fuertes nutrientes en forma de abusos gallardistas, se fortalecerá.

Si se observan bien las cosas, Rafael Aguilar Fuentes, mejor conocido como "El Chiquilín", es el menos culpable de su caída burocrática y del raspón que se llevó la naciente administración. Él, en palabras de López Velarde, fue fiel a su espejo diario. Hace ya años que se ganó fama de ser belicoso, proclive a transformarse en energúmeno; que no le hace el feo al chupe y que a partir de cierta dosis etílica le da por sentirse superhéroe de barrio (cómo me recuerda al Águila Descalza de Alfonso Arau). La porción mayor de culpa la tiene quien, en un acto puro y duro de prepotencia, lo puso donde no debía estar. Que hizo méritos de campaña y había que ayudarle a ganarse la vida, la administración estatal debe tener decenas de lugares con sueldos similares donde encontrarle acomodo a alguien como El Chiquilín, sin rechazos fundados, sin protagonismos delirantes ni conflictos de origen.

Creo que debo ofrecer una explicación: entiendo como prepotencia abusar del poder que se tiene (público o privado) y, en una de sus variantes, usar ese poder no para lo que corresponde sino para imponer la propia voluntad, sea o no razonable. Ante la obviedad de que Aguilar Fuentes no tenía el perfil profesional, laboral o de experiencia requerido, ni tampoco antecedentes de un comportamiento ciudadano mínimamente rescatable que lo hicieran deseable como funcionario de buen nivel y en escaparate, por supuesto que fue un inocultable acto de prepotencia ponerlo donde no debía estar, sin más razón que ¡Por mis destos!

Cuando se hizo público su nombramiento como Secretario General de Gobierno y de inmediato salieron a relucir sus negros antecedentes, sobre todo como integrante conspicuo de la "Ecuación Corrupta", el único argumento razonable que escuché en su defensa fue el de que "es muy buen abogado". Con apenas dos meses en su cargo, José Guadalupe Torres Sánchez ya se esmeró en desmentir a sus defensores. Veamos: en las primeras de cambio, permite que el Gobernador firme un bodrio jurídico tan espantoso como ese de la Ayudantía responsable, entre otras cosas, de garantizar la seguridad física y moral del mandatario; luego permite que se publiquen (el Periódico Oficial depende de él) los famosos "lineamientos" en materia de adquisiciones, contrataciones y arrendamientos de toda clase de bienes y servicios, expedidos por la Oficialía Mayor y que es hora que nadie respeta o siquiera entiende.

Días después, ya sublimado, al anunciar la terna enviada por el Ejecutivo al Congreso para elegir Fiscal General del Estado, luego de elogiar las cualidades de los propuestos, se alcanzó la puntada de decir que "cumplirán con las instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona...", y para rematar se soltó el pelo añadiendo que los propuestos deberán "dar certeza y certidumbre a las y los potosinos en la impartición de justicia...". Difícil de creer, sobre todo de alguien que ostenta título de abogado. Primero, el gobernador de éste como de cualquier otro estado que cuente con fiscal autónomo e independiente, no puede darle ninguna instrucción; de hecho estaría violando la ley, y segundo: ningún fiscal del mundo "imparte justicia". La procura, la busca, la acerca a la gente, pero nada más. Para impartirla existe esa cosota llamada Poder Judicial.

Otro más perspicaz ya lo hubiera corrido.

 Sergio Serrano la pescó al vuelo y ya puso sobre la mesa el tema de la revocación de mandato del gobernador del Estado, dispuesta desde hace dos años en la Constitución General de la República, con obligatoriedad para las entidades federativas. Aquí no se ha hecho nada, básicamente porque al momento de aprobarse esa norma a Juan Manuel Carreras yo no le aplicaba, dado que le quedaban dos años de mandato. La verdad es que si Gallardo se anima y envía la iniciativa correspondiente, como decía mi abuelita "quedaría bien y poco gastado". La consulta respectiva no es automática; la debe solicitar mediante firma autógrafa por lo menos el 3 por ciento de la lista nominal de electores, que en nuestro caso equivale a poco más de 60 mil personas, y luego el órgano electoral local, que para esos efectos depende del INE, debe hacerse cargo de toda la logística... si es que tiene presupuesto.

Las cosas no pintan nada bien en el panismo potosino de cara a la renovación de su dirigencia. Luego de infructuosos intentos de armar una sola planilla entre las candidatas no oficialistas Lidia Argüello y Josefina Salazar Báez, la primera se despachó a principios de semana con unas declaraciones muy agresivas contra las otras dos competidoras, incluyendo a Verónica Rodríguez, que evidentemente desbarrancan cualquier posibilidad de acuerdo. A Lidia le irá mejor si atempera un poco su mal genio. Del lado de Verónica, quien aparentemente iba en caballo de hacienda por contar con el apoyo de los caciques locales Xavier Azuara y Juan Francisco "Palabra de Hombre" Aguilar, y el de Octavio Pedroza que todavía trae canicas de su reciente campaña, de repente vio cómo se le ensombrecía el panorama: Xavier y Juan Pancho tronaron la alianza con Octavio y un respetado médico, marcelista por cierto, renunció a la planilla descalificándola en términos contundentes: "no representa los valores ni los principios humanistas del Partido Acción Nacional. Por lo visto, éste será otro proceso que termina con pleitos, deserciones, litigios y descrédito público.

Hasta el próximo jueves.