“Cuando la sociedad deje de creer
en un Estado de derecho, sencillamente será imposible la convivencia vecinal”
J. Rawls
Hace unos días, Francisco Valdés Ugalde analizaba en su columna del Universal la solidez del Estado de derecho en México, bromeaba también con la expresión popular acuñada, de que en México lo que tenemos es el “estado de chueco”.
El también doctor en Ciencia Política, hacía referencia al informe rendido por el Presidente de la Suprema Corte, al comprometerse durante los años que le quedan de gestión en el máximo tribunal del país y en el Consejo de la Judicatura Federal, de limpiar al Poder Judicial de la Federación de corrupción, nepotismo e impunidad, dignificar y profesionalizar las funciones de los jueces y magistrados federales, y hacer que la sociedad crea en la impartición de justicia.
Concluía el ex Director de la Flacso, citando el último índice del World Justice Project que sitúa a México en el lugar 99 de 126 países medidos, y cada año vamos cayendo más (cita original del autor), además comentaba que, ningún Estado de la República medido por separado llega siquiera a la mitad de la calificación, todos están reprobados (El Universal, 15.12.2019).
Por otra parte, también está semana rindió su último informe de gestión de 3 años como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de S.L.P y del Consejo de la Judicatura Local, el Magistrado Mtro. Juan Paulo Almazán Cue, en mi opinión, fue una gestión judicial muy aceptable marcada por su sello personal, de objetivos y metodología clara, sensato en su diagnóstico situacional (que mucho tiene que ver con las limitaciones en la función judicial atravesada en todo el país como dice Valdés Ugalde), lo que me llamó mucho la atención, fue que durante su comparecencia siempre se auxilió de la disciplina de la política pública (consciente que su responsabilidad fue más de índole ejecutiva y no jurisdiccional).
Con sentido de autocrítica y mucha honestidad, reconoció el déficit institucional en funcionarios judiciales, recordemos que el promedio mundial es de 17 jueces por cada 100 mil habitantes, en México sólo hay 4, y en San Luis Potosí es de 2, (según el INEGI en 2019, la población total es de casi 2 millones 900 mil personas), y el Poder Judicial del Estado posee una fuerza laboral de alrededor de 1500 trabajadores, quienes encabezan la responsabilidad jurisdiccional, aparte de los 16 Magistrados, (sin contar 3 Consejeros), son 42 jueces de 1ª instancia, 19 jueces del nuevo sistema acusatorio, 3 jueces de ejecución penal.
Como se verá se tienen bastantes complicaciones para sacar adelante la función judicial, lamentablemente el tema de mediación y conciliación, en general en todo el país, ha quedado a deber.
Empero, el Presidente del STJ saliente planificó su gestión al frente, midió bien el terreno, identificando las debilidades y oportunidades, le apostó a la tecnología, empujó el diseño de sistemas informáticos para volver la consulta más rápida y barata en los expedientes, protegió la integridad de sus trabajadores (sobre todo cuando hacen función de campo), a través de botones de pánico en tabletas, incluso, algunas aplicaciones son descargables en celulares.
Le tocó la implementación del sistema de justicia acusatoria, tuvo que aceptar la inclusión de cuadros externos que estaban mejor preparados, como abogados particulares y ministerios públicos para desempeñar el cargo de jueces de control, sacó adelante los Centros Integrales de Justicia, dotándolos con salas de oralidad a la vanguardia y dignas (no sólo de los jueces, sino lo más importante de las personas). Le apostó por transparentar el acceso al cargos judiciales a través de exámenes de oposición, creo candados para evitar que se fugara el examen antes de aplicarlo.
De momento el espacio de la columna se colma, por lo que dedicaré una 2a parte a este análisis, me parece que Almazán le puso su sello personal, de todos es sabido que es maratonista, planeó la gestión, administró sus fuerzas.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.