Presidente STJE

Este 7 de enero fue designado para un segundo periodo consecutivo como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia al Magistrado Mtro. Juan Paulo Almazán Cue, lo que lo convierte en automático en la cabeza del Consejo de la judicatura (los dos órganos más importantes del Poder Judicial del Estado), para un periodo que ha de culminar hasta iniciado el 2021.
Desde un análisis de la teoría del Estado, el Poder Judicial presenta características muy particulares, mi intención no es debatir la llamada “paradoja democrática” (véase Habermas, Dworking, en Latinoamérica a Nino, etc.), que se refiere al poder público menos democrático, esto es, donde el elector no tiene un control directo sobre sus gobernantes (por ello, esta teoría cuestiona la legitimidad de la supervisión de la judicatura al parlamento o al ejecutivo que si son elegidos por el ciudadano/a).
Así que, bajo la anterior tesitura, la figura de la reelección en la judicatura no lleva la misma lógica que en el legislativo o el ejecutivo, en estos últimos casos se trata de un mecanismo de control y rendición de cuentas que hace valer el ciudadano/a. Aquí, la lectura es distinta, una reelección implica un voto de confianza para seguir hacia un líder por parte de sus iguales (en SLP hablamos de16 Magistrados, Almazán Cue obtuvo 14, es decir casi la unanimidad), para poder entender el porqué propongo recurrir a una dimensión interna y otra externa de análisis.
La dimensión interna implica el entender porqué sus pares coinciden en que su nombramiento se traduce en un liderazgo efectivo, lo que es fácil de entender si esta variable es analizada en un macro ambiente, veamos, guste o no el sistema político mexicano cambio con la llegada de AMLO, lo cual implica una verdadera sacudida a este sistema (lo estamos viendo día a día), y uno de las primeras instituciones públicas que resintió el surgimiento de esta variable emergente fue el Poder Judicial (claro en este caso fue el federal), inició un cuestionamiento y debate público sobre sus altos sueldos (que como sabemos derivó en que de mutuo propio decidieron reducirse el 25%), además, del cuestionamiento al gasto público que ejerce este poder, si era suntuoso, y, que no decir del señalamiento (según sus propios estudios internos) de que más de la mitad de los puestos judiciales tienen una conexión con el nepotismo.
Como se alcanza a ver, en los próximos años la judicatura será motivo de escrutinio político, social y público, de ahí surge la necesidad del análisis externo, mismo que implica una conexión con el macro contexto, se trataba pues de encontrar un buen hilo conductor entre lo institucional y ambiental social, aquí, se agrega otra variable más para entender la complejidad, una categoría subjetiva inmersa en lo que conocemos como liderazgo.
El mgdo. Almazán responde a la lógica de un cambio generacional (a pesar de los candados legales que suelen ser puestos para estos cargos), es el Presidente más joven en el país de los poderes de justicia locales, ello cobra valor si tomamos en consideración que el grueso de los usuarios pertenecen a este sector, personas que están acostumbradas a la practicidad que dan las tecnologías, y no tan familiarizadas con las jurisprudencias empastas en cuero. En este mismo sentido, su afición hacia el deporte (es un corredor consagrado), le brinda una imagen de ser una persona común y corriente, en contraste con los ambientes excesivamente solemnes del pasado judicial, en conclusión, lanza un mensaje involuntario de accesibilidad a la justicia.
Conversando con él le preguntaba que experiencias había recogido en los dos años de su 1ª presidencia, desde luego, que retos esperaba en su 2ª, a lo primero me decía que, la implementación del nuevo sistema de justicia penal fue un desafío, hubo que crear una infraestructura propicia en toda la entidad, por ejemplo, el Centro Integral de Justicia Penal en S.L.P potencialmente responde a más de un millón de personas, en su construcción se cuidaron detalles como túneles especiales para proteger la integridad de los comparecientes, cuando el imputado estuviera privado de su libertad. Pero, más allá estaban las reticencias culturales a un sistema garantista de los derechos humanos, el sistema no es lo que falla sino sus operadores.
La supresión a la central de actuarios imputada de corrupción por los litigantes, asimismo, la poca eficacia del centro de mediación, lo cual pasa en todo el país (venimos de una tradición autoritaria acostumbrada a encarcelar, a sancionar y no a solucionar el conflicto social). Es por ello que el Presidente, le apuesta a un cambio cultural, el cual no se llegará sino a partir del uso de herramientas como la capacitación y las tecnologías, que son sus verdaderos retos, consiente que el presupuesto público nunca será suficiente, comparte responsablemente su obligación de brindar una justicia accesible y de calidad a los potosinos.
Calidad y accesibilidad, me dice que, sí no se confiara en las tecnologías audiodigitales se correría el riesgo de discriminar a los pobladores no urbanos, igual, sino capacita a su personal faltaría a un compromiso de calidad (ha habido seis concursos para jueces de control, sólo dos plazas se adjudicaron, por lo que decidió traer expertos nacionales para que adiestren a sus funcionarios judiciales, 1509), no negará derechos laborales pero tampoco sacrificará a la justicia.
La absorción de la justicia laboral al Poder Judicial será un reto mayúsculo, pero apuesta a crear conductos frecuentes y eficaces con la sociedad civil para lograr una sinergia comunicativa. Así, como vemos, esta vez el Supremo no se equivocó y eligió a alguien que se lleva bien con los valores democráticos.
Las y los espero con el gusto de siempre el
próximo viernes.

carloshernandezyabogados@hotmail.com