Problematización de la CEAV

En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual por seguimiento a recomendaciones, manifestaba su preocupación dado que: el clima de violencia e inseguridad en México, detonado desde 2006, había costado la vida de más de cien mil personas, aproximadamente 30 mil desapariciones, más de 2 mil investigaciones de casos de tortura, y, un desplazamiento de miles de personas en el país. Todo ello agregaba, ha propiciado una falta de acceso a la justicia, además, creándose una situación de impunidad de carácter estructural, que tiene el efecto de impulsar la repetición de violaciones graves a los derechos humanos.

Tabla 1 TASA DE IMPUNIDAD DEL DELITO

El mismo organismo interamericano de protección de derechos humanos también señalaba su preocupación en la implementación de la Ley General de Víctimas, y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, reiterando la importancia que tienen los mecanismos para participación y atención de las víctimas y sus representantes. Lo cual, representa un doble desafío, al traslaparse con la materialización del nuevo sistema de justicia penal, donde se han identificado problemáticas de las víctimas para presentar denuncias, solicitar medidas de protección, y, estas deficiencias propician violaciones a los derechos humanos. En esta tesitura, la Comisión hace ver que esto es un factor propiciante del índice de impunidad, que, en promedio nacional, según el INEGI (ENVIPE), es de 93.7 % los delitos no denunciados, es decir, la probabilidad de que un delito se denuncie y esclarezca es del 1.14%.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención  a Víctimas (CEAV), en su informe de actividades de 2019, reconocía las dificultades para poder fungir como instancia superior de coordinación en materia de atención a víctimas en México (debido a que en la praxis ha funcionado, más bien, como responsable directa operativa), lo cual, ha ocasionado una falta de política pública del Estado que integralmente se aboque a la atención, reparación y prevención de delitos graves o de violaciones a derechos humanos. 

 Lo que es más, señala el instituto público,  a veces pareciera  estar más dentro de la lógica de un programa asistencialista,  que, en camino a la elaboración de una política de atención a víctimas de corte trasversal, donde se incida en otros derechos humanos, como, la salud, la vivienda, y la seguridad pública; en corolario precisa la CEAV (2019), se ha ocasionado una incompleta implementación de la Ley General de Víctimas, y, peor aún, de  infuncionalidad del Sistema Nacional de Atención a Víctimas  (SNAV), debido (según su análisis) a una falta de coordinación intergerencial, y, la ausencia de compromiso de otros actores, que, han conducido al organismo a enfrentarse a una serie de limitantes normativos y estructurales. 

Dentro de las complejidades estructurales de la CEAV, se advierte la asunción de nuevas responsabilidades, como lo son, la de contar con equipos forenses o de peritos, además, de brindar con recursos humanos propios, asesoría jurídica victimal, a saber, 152 asesores en el país (divididos entre 33 en sede central y 119 en delegaciones) conocen de 15,929 expedientes, en promedio implica 115 casos por cada asesor (lo que definitivamente impacta en la calidad de acompañamiento profesional).

Este análisis terminará en mi colaboración del próximo viernes, las y los espero con el gusto de siempre.

carloshernandezyabogados@hotmail.com